Hay
ciertos temas que no se pueden tratar. No son políticamente correctos. No se
permite a nadie, por ejemplo, oponerse al matrimonio homosexual, pues el que
tal cosa hace, resulta sospechoso de homofobia.La
polémica ha surgido porque el ministro del interior, Jorge Fernández, ha
participado en un coloquio sobre Religión y Espacio Público celebrado el fin de
semana del 2 y 3 de marzo en la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma.
En ese contexto, y hablando sobre la independencia de ciencia y fe, el ministro
ha dicho que para explicar la oposición al matrimonio entre personas del mismo
sexo no es necesario usar argumentos religiosos, porque existen argumentos
racionales que justifican por sí solos que los poderes públicos no otorguen a
esa unión la misma protección jurídica que al matrimonio natural. Y ha puesto
como soporte de tal afirmación una obviedad indiscutible: Que si la sociedad se
basara sólo en relaciones homosexuales, la supervivencia de la especie quedaría
comprometida. Porque evidentemente, la unión de dos personas del mismo sexo no
es fecunda, y se agota en sí misma. No supone tal afirmación juicio de valor
alguno, sino una simple constatación de una realidad evidente: Que solo la
unión de un óvulo con un espermatozoide permiten la fecundación de una nueva
vida.Pues
bien, a pesar de ello, dos personajes del Partido Popular, Iñaki Oyarzábal (Secretario
General del Partido Popular vasco y Secretario de Derechos y Libertades del PP)
y Ramón Gómez Ugalde (parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Vasco),
se han permitido descalificar al ministro de su propio partido y marcar las
distancias entre el ministro y ellos mismos. Imagino que debe ser por el temor
a las consecuencias que esas palabras puedan tener en posibles pérdidas de
votos en su ámbito de influencia. Pero en el fondo traslucen peligrosos prejuicios
ideológicos. Prejuicios que les llevan a tratar de impedir que alguien como el
ministro pueda expresar su opinión contraria a que nuestra legislación otorgue
los mismos reconocimientos a las uniones homosexuales que a las heterosexuales.
Resulta sorprendente, además, que se permita que tal crítica se pueda ejercer
sin cortapisas y con la plena aquiescencia de todos.Oyarzábal
ha escrito un tweet en el que dice textualmente: “Las desafortunadas palabras de Fernández Díaz sobre el matrimonio entre
personas del mismo sexo son personales y en nada vinculan al PP” A su vez,
Gómez Ugalde, dando un paso más, ha escrito en su cuenta de Tweeter lo
siguiente: “Lamentable la opinión
personal del Ministro de Interior sobre los matrimonios del mismo sexo. Esa NO
es la opinión que tenemos los populares”. A este último le he preguntado
por medio de la red social si con su afirmación quería decir que el PP piensa
que el matrimonio homosexual es igual de válido que el heterosexual para el mantenimiento
de la especie. Y él, en seguida me ha contestado “creo que usted se puede responder sólo a la pregunta...” Pero ya no
me ha querido responder cuando le he dicho: “Se necesitan un óvulo y un espermatozoide para concebir. Si no, se
acaba la especie. No es discriminación. Es la naturaleza.” Ante estos
mensajes tan contrarios a la lógica procedentes de dos de sus dirigentes
(aunque sean de segundo nivel), he llamado a la sede del Partido Popular para
preguntar si era verdad que la postura de estas dos personas reflejaba el
sentimiento oficial del partido. La única respuesta, bien aprendida, de quien
me contestó al teléfono, fue: “Referente
al tema del matrimonio homosexual, el PP se remite a la sentencia del Tribunal
Constitucional al respecto.” De nada ha servido que le insistiera en que
esa no era mi pregunta, sino que estaba interesado en saber si de verdad el
Partido Popular repudiaba las palabras de su ministro del interior. Animo a mis
lectores a que hagan lo mismo: Llamen al número gratuito 900 101 446, del
Partido Popular, y a ver si consiguen ustedes que les respondan algo fuera del
guión.Arriesgándome
yo ahora a recibir las críticas de los políticamente correctos, me permito
opinar que me parece curioso que se monte esta disputa por un tema tan nimio (y
evidente). Es obvio que para engendrar a un hijo hacen falta un hombre y una
mujer. Y que la ley que legitima el matrimonio homosexual es injusta, por más
que el Tribunal Constitucional haya considerado que no ataca a nuestra
Constitución. Desde un punto de vista objetivo, resulta injusto discriminar
jurídicamente de forma favorable un tipo de unión civil (aquella que se da entre
dos personas de un mismo sexo) por meras razones sexuales. Porque la
convivencia, por ejemplo de dos hermanos del mismo sexo es, a efectos prácticos,
igual a la de dos homosexuales. Con la única y gran diferencia de que entre los
primeros no se dan tratos sexuales. Sin embargo, la ley beneficia a la segunda
respecto a la primera. Discriminación positiva, y por meras razones sexuales. Y
como tal discriminación, injusta. Además de que, tal y como ha dicho el
ministro, promover como modelo válido de sociedad la unión sexual infecunda es
contraria al propio beneficio de la sociedad. Porque apoyando tales uniones se
pone en compromiso la propia supervivencia de la sociedad. La sociedad necesita
familias. Ese es el modelo más estable y que aporta mayores ventajas al
individuo. Y además, las familias engendran hijos. Y nuestro bienestar
económico depende de que haya suficiente población activa que produzca y sea
capaz de soportar la carga de las clases pasivas. Sin embargo, en lugar de
fomentar estos valores, durante demasiados años se ha insistido en el sentido
contrario: Favorecer las relaciones no estables, las no fecundas y el aborto de
los niños antes de nacer. De manera que hoy faltan en nuestra sociedad 1,2
millones de niños y nuestra pirámide poblacional se asemeja al hongo producido
por la explosión de una bomba atómica. Que como ella, tendrá consecuencias
funestas para nuestro país en breve, pues no hay ya suficientes jóvenes capaces
de soportar el pago de las pensiones de las personas mayores. El desfase es
tal, que no lo cubrimos ni apoyándonos en la inmigración. Aún así, seguimos
empeñados en defender modelos de sociedad anti-ecológicos, que nos conducen al
suicidio como civilización. Y cuando a alguien se le ocurre decir estas
obviedades se le acusa de homófobo y de poner sus principios religiosos por
encima de sus obligaciones como servidor público de todos los ciudadanos.
Llegando incluso algunos a proponer que los católicos deberían estar excluidos
de ocupar cargos públicos.Todo lo cual, por
cierto, no deja de ser paradójico, pues demuestra con mayor claridad si cabe precisamente
el punto que el ministro trataba de demostrar: Que para defender la primacía de
la razón se recurre con frecuencia a argumentos que no son racionales, sino
meramente ideológicos, descalificando las opiniones contrarias, a las que se
califica de posturas religiosas. El mundo al revés. Tendría gracia, si no fuera
trágico.