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Veinte grupos civiles y políticos de oposición de Nicaragua convocaron a manifestarse este jueves contra las pretensiones del Congreso, bajo control oficialista, de otorgar la concesión del Canal Interoceánico a una empresa de Hong Kong, “registrada en la Islas Caimán que no tiene capacidad ni dinero” para ejecutar las obras.
“La movilización para la defensa de la soberanía nacional” marchará por Managua hacia el Congreso, donde los diputados tienen previsto sesionar para aprobar el proyecto de concesión, informó el Movimiento por Nicaragua (MpN) que organiza la marcha.
El proyecto enviado con carácter de urgencia por el presidente Daniel Ortega busca conceder a la firma HK Nicaragua Canal Development Investment Co (HKNC) -creada en Hong Kong y con una subsidiaria en las Islas Caimán- derechos exclusivos para diseñar, construir y operar un canal húmedo y seco por un máximo de 100 años.
Ortega quiere “crear un enclave dentro del Estado nicaragüense (..) utilizando para ello a un vil testaferro, un individuo desconocido, con una empresa de maletín registrada en las Islas Caimán, que no tiene ni la capacidad ni el dinero para emprender ninguna obra de mediana envergadura y que no tiene ningún vínculo oficial con el Gobierno Popular de China”, denunció un manifiesto de las veinte agrupaciones.
Nicaragua carece de vínculos diplomáticos con Pekín y mantiene su reconocimiento a Taiwán.
Los críticos recordaron que el fundador de la HKNC, el abogado Wang Jing, también dirige la empresa de telecomunicaciones Xinwei, que el año pasado obtuvo una concesión de 700 millones de dólares del gobierno para abrir una empresa de telefonía celular, y no ha hecho nada hasta la fecha.
A juicio de los opositores, el proyecto de construcción del canal no es más que un medio de Ortega “para eternizarse y consolidar su poder económico para sí y sus descendientes, en la mayor estafa y robo de los bienes nacionales que se haya realizado en toda la historia” de Nicaragua.
También varios grupos ambientalistas, nucleados en la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, calificaron al proyecto de “lesivo a la soberanía nacional” y una amenaza a la seguridad alimentaria al entregar a una empresa extranjera una concesión sobre “una amplia zona geográfica del país”.
Este proyecto “significa la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en su historia y el mayor riesgo de desproteger a la población nicaragüense (..) de agua y alimentación segura”, y lo expone a condiciones “ambientales negativas que pueden significar la destrucción irreversible de ecosistemas” dijo un comunicado.