Por Francisc Lozano*
Alejandro Ordóñez Maldonado es recordado por varias facetas que ha desempeñado en su vida pública. Yo quiero referirme a cinco el día de hoy: su juventud antiintelectual, su paso por la Procuraduría General de la Nación, su defensa a ultranza de despojadores de tierras, su irracional intención imposición del credo católico a un país laico y su férrea oposición a una paz negociada en Colombia.
El 13 de marzo de 1978, Ordóñez, de 22 años, se encontró con sus compañeros universitarios y de la organización Familia, Tradición y Propiedaden un parque de Bucaramanga para llevar a cabo una quema pública de libros y revistas que ellos consideraban “inmorales”. Se dice que entre los autores que quemaron se encontraba García Márquez y algunas revistas pornográficas. Quemar libros es una actividad en contra del intelecto y la ciencia por sí misma, pero se agrava cuando uno recuerda que el 10 de mayo de 1933 Hitler hacía lo mismo en la Alemania nazi, como lo recuerda la Revista Semana en este artículo. Y se convierte en una actividad mucho más reveladora cuando uno descubre que Ordóñez era, o es, un asistente frecuente a las reuniones del grupo neonazi “Tercera Fuerza”, como ha sido comprobado por ElEspectador y Las2 Orillas, en el que, además, se le rendían homenajes continuamente. Pero la quema de libros y la idea de la superioridad aria no son las únicas acciones que le unen a nazismo. Lo digo porque en el 2013 Héctor Abad le preguntó si él negaba o no la existencia del “holocausto judío” como lo hacen los obispos lefevbristas a quienes él sigue, a lo que Ordóñez no respondió y, de manera evasiva, dio por terminada la entrevista, como lo demuestra este audio. No aseguro que sea negacionista, pero sí que ante la oportunidad de demostrar que no es así, decidió callar y dejar en vilo a quienes queríamos saber su postura.
En 2009, Alejandro Ordóñez fue elegido por el Congreso para ocupar el Cargo de Procurador General de la Nación. Este cargo tiene entre sus principales funciones la defensa de los ciudadanos y los recursos públicos. Es por eso que el procurador cuenta con grandes poderes desde el punto de vista legal. Durante los casi 8 años que estuvo en ese cargo, Ordóñez logró hacerse inolvidable: impartió inhabilidades por mil a funcionarios, y se opuso tenazmente e irracionalmente a la despenalización del aborto que hizo la Corte Constitucional en 2006 de tres casos puntuales. Y digo irracionalmente, porque su único argumento fue siempre el tema religioso, y no la ciencia que ha ahondado profundamente en el tema de la interrupción del embarazo por métodos médicos. Pero en lo que más dio de qué hablar fue en el tema de las sanciones a funcionarios. Muchos fueron sancionados porque hicieron mal su trabajo, como son los casos de Kiko Gómez, Samuel Moreno, y otros.
No obstante, muchos otros fueron sancionados por caprichos de Ordóñez, como en el caso de Piedad Córdoba (por presuntos nexos con Las Farc, nexos que la Corte Constitucional demostró que no existían), Alonso Salazar (por cumplir la sentencia de la Corte Constitucional) y a Sergio Fajardo (por un título minero). Hubo muchos otros, más de 800 alcaldes y 23 gobernadores, dice El Espectador. Hay que recordar que el procurador, además, fue acusado de nepotismo por nombrar a sus familiares y a los familiares de los congresistas que votaron y votarían por él para su reelección. Y además, el Consejo de Estado comprobó que su reelección era ilegal porque la Constitución no la contempla para el cargo de procurador, y la tumbó en agosto de este año. Nunca olvidaremos que se opuso a la Ley de tierras, a la adopción por parte de parejas no heterosexuales, a los derechos de la comunidad LGBTI, al matrimonio igualitario, a la libertad de culto, y a otras tantas iniciativas progresistas, en lugar de defenderlas, como era su obligación a ser la cabeza del Ministerio Público. Tampoco se nos borrará de la memoria que, en un acto de la más pura corrupción y de prevaricato, -presumo yo-, en el 2013, cuando acababa de ser reelegido -ilegalmente-, Ordóñez Maldonado modificó el decreto que determinaba el número de escoltas y vehículos y el tiempo durante el cual debían ser asignados a los jefes de la Procuraduría una vez que terminaran su período legal. Esa modificación le cuesta al bolsillo de los colombianos nada más y nada menos que $428’600.000 al mes, o lo que es lo mismo, pero más doloroso, $20.572’000.000 (sí, veinte mil millones de pesos) en un período de cuatro años, según los cálculos de la senadora Angélica Lozano (ver enlace), después de su salida por irregularidades del Ministerio Público.
Para nadie es un secreto que Alejandro Ordóñez es cercano a Uribe y a sus posturas. Lo que tal vez ignoren muchos es que es también cercano a María Fernanda Cabal y José Lafaurie (su esposo), quien es director de Fedegán. Y no se puede pasar por alto que, según sentenciasde Justicia y Paz y las declaraciones de Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, “se consideró que FEDEGAN integró activamente la estructura del Bloque Catatumbo hasta el punto de "ostentar poder de mando y control". Se le sindicó de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales del Bloque Catatumbo”. Pero no sólo eso, en un revelador artículo que publicó el periódico Vanguardia Liberal el 19 de agosto de 1987 se constata que Ordóñez ha sido un continuo defensor de la existencia del paramilitarismo en Colombia (ver fotografías del artículo aquíy aquí), el hasta ese entonces concejal de Bucaramanga dijo, entre otras cosas que “impedir que los ciudadanos de bien reaccionen es obligarlos a que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y bienes. No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad”. Es claro pues que, aunque sea desde un punto de vista ideológico, Ordóñez está de acuerdo con el accionar de los grupos paramilitares y la financiación por parte de los “ciudadanos de bien” y empresarios que sólo buscaban despojar a los ciudadanos de sus tierras.
El credo religioso es una decisión individual e irrebatible. Cada persona puede practicar el credo que quiera en un país laico como Colombia (artículo 19 de la Constitución). Lo que no puede es usar esa excusa para imponer su credo a los demás, o eliminar los testimonios escritos de ideas diferentes a las que uno tenga en el contexto religioso. En una conferenciaque dictó en México hace unos años, Ordóñez, quien en ese momento era Magistrado del Consejo de Estado, dijo, entre muchas otras cosas, que “el liberalismo es un desorden por esencia y no puede traer la paz”, en una clara referencia a la necesidad de adoptar la fe católica para poder alcanzar la paz.
Las negociaciones entre el Gobierno Nacional y Las Farc hallaron en Alejandro Ordóñez a uno de sus principales opositores. Dos de las principales razones del bumangués para oponerse al tratado de paz fueron la impunidad y la “ideología de género”. La primera es un tema verdaderamente complejo porque no se puede decir que la impunidad no haya existido en el Acuerdo de La Habana que pretendía dar por terminado el conflicto armado colombiano con esa guerrilla. No obstante, también resulta irreal decir que hay impunidad total porque, aunque es difícil que los altos mandos de Las Farc terminen en la cárcel, el acuerdo estipuló sanciones restrictivas de la movilidad y sanciones con prisión hasta por 20 años para los guerrilleros que no reconocieran su responsabilidad en actos criminales, y en ejercicio de la justicia especial del Tribunal para la Paz, fueran hallados culpables.La segunda razón, sin embargo, resulta ser una idiotez de proporciones indescriptibles y que sólo puede surgir por la influencia de pensamientos retrógrados e inhumanos cimentados en ideas religiosas que atacan directamente la dignidad de los seres humanos no heterosexuales. El acuerdo establece explícitamente, en la página 10, que la igualdad y el enfoque de género son “el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales.” En otras palabras, el enfoque de género no busca cosa diferente a reconocer las desventuras que, en el trascurso de este conflicto de más de 52 años de duración, han sufrido las mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos y la comunidad LGBTI, y tratar de corregir los idearios que crearon esas desventuras para que jamás vuelvan a ocurrir.
Para ningún colombiano debería ser un misterio que, aunque la mayoría de muertos que nos ha dejado este desangramiento insensato del país debería corresponder a hombres, son las mujeres, los niños, los adolescentes y los ancianos quienes más han tenido que soportar la decadencia que trajo consigo un enfrentamiento fratricida. El Centro Nacional de Memoria Histórica establece que el número de víctimas fatales de esta confrontación equivale a 220.000 personas, aproximadamente, de los cuales el 81,5% son civiles. Además de eso, también informa que 1.754 personas fueron víctimas de violencia sexual y 6.421 niños y adolescentes han sido reclutados por grupos armados ilegales. Esas razones, y el hecho de que históricamente nuestras mujeres hayan sido sometidas a seguir las “órdenes” de los hombres y ser víctimas del machismo que aún domina nuestra sociedad, son las que han motivado la inclusión y el desarrollo del enfoque de género en el acuerdo. Eso es capaz de entenderlo cualquiera que sepa leer críticamente, cualquiera.
Ordóñez mostró nuevamente que su interpretación de la legitimidad y la moral están asociadas con su beneficio personal. El pasado 15 de noviembre, en declaraciones a la prensa, Ordóñez Maldonado dijo, entre otras cosas, que “el Congreso de la República no cuenta con la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc”. Y lo paradójico e irritante de eso es que ese mismo Congreso sí contó con la legitimidad para reelegir a Ordóñez como procurador, aunque él mismo había comprado sus votos con prebendas y nombramientos a sus familiares, y la reelección era a todas luces ilegal y anticonstitucional. Es por eso que además de corrupto, antidemócrata y retrógrado, considero que Ordóñez es un especulador, y que se ha aprovechado de su posición y de su fe católica para confundir personas incautas, y para mejorar su reputación entre las personas que comparten sus ideas eugenésicas, belicosas e inhumanas.
El colmo: en un hecho sin precedentes, el pasado 15 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación le impuso a Ordóñez la "condecoración 'Mérito a la Excelencia 2016", como se puede observar en su página de Twitter. Hemos perdido lo poco que nos quedaba de cordura.
@Franzlozano
*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano
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