Por Luis Manuel Arce* Panamá (PL) Las protestas indígenas en San Félix, Chiriquí, contra una ley minera ya derogada y en cuyo centro se sitúa la construcción de una hidroeléctrica en Barro Blanco sobre el río Tabasara, pronto cumplirán su primer año. La hidroeléctrica represaría un sector de la vía fluvial de cuyas aguas se nutren comunidades de la comarca ngöbe buglé. Después de largas, accidentadas y decepcionantes negociaciones, una misión de expertos de Naciones Unidas realizó un estudio para verificar in situ las acusaciones indígenas de que las obras que lleva a cabo la empresa Generadora del Istmo (GENISA) les afectan. El informe de la ONU dio la razón a los indígenas al advertir que el modo de vida de los habitantes de Kiad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar, entre otras comunidades, tiene una relación con el entorno pues practican una economía de subsistencia en la cual los suelos de aluviones al borde del Tabasara son un activo vital. Con el embalse que se construye, señala, se estarían perdiendo las pocas tierras productivas con que cuentan esos asentamientos humanos. El área de influencia del proyecto incluye a comunas indígenas y campesinas con realidades y condiciones disímiles e implicará un cambio en la calidad del paisaje y la dieta, fuertemente rechazado en la comunidad. Toda acción o decisión sobre el uso del río Tabasara, recomienda la ONU, deberá tomar en cuenta su uso por las comunidades como medio para la obtención de alimentos, transporte, esparcimiento, y lugar que guarda petroglifos con especial valor cultural. Anexo a esos resultados de ONU se incluyen los topográficos cuyos datos dejaron al descubierto que habrá un área afectada de seis hectáreas más 9816,86 metros cuadrados, una diferencia con las 6,81 reportadas por la empresa GENISA. Sin embargo, ésta no ha detenido las obras, ni incluso las ampliaciones que no estaban contempladas en el proyecto original, así como la altura de las cortinas que también ha sido alterada y aumenta el área que abarca el espejo de agua y se mete en tierras habitadas de áreas propias de la comarca y aledañas, según denuncias de los indígenas. La decisión final se debe tomar después de las conclusiones a que se llegue en un peritaje independiente de un grupo de expertos que ni siquiera se ha organizado aún y que los indígenas exigen se integre cuanto antes con especialistas extranjeros probadamente conocedores y neutrales. Pero ocurre que entretanto GENISA no ha parado las obras como si ya de antemano supiera que los resultados del trabajo les van a ser favorables, y eso ha enojado bastante a los ngöbe, sobre todo por la pasividad del Ejecutivo y las declaraciones del ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fabregas, de que el diálogo ya concluyó y sólo queda pendiente un acuerdo técnico que es el peritaje. La cacica general Silvia Carrera desmintió esas declaraciones y exigió al gobierno un interlocutor válido pues su apreciación es que Fábregas carece de poder para tomar decisiones y solo repite lo que le instruye el Ejecutivo. Mientras se espera por la conformación de la nueva misión para el peritaje, los indígenas agrupados en la organización ambientalista Movimiento 10 de abril, de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesino, siguen movilizados contra las obras hídricas en Barro Blanco. Ricardo Miranda, dirigente de esta agrupación, advirtió al gobierno que los indígenas no serán desmovilizados y la lucha se mantendrá hasta que sea suspendido el proyecto, aún cuando se comprometen a respetar los resultados del peritaje independiente si éste es transparente y ofrece garantías de que no habrá afectaciones a la comarca. El ambientalista sostuvo que el gobierno no tiene excusas para no suspenderlo previamente al peritaje ya que el informe de la misión de verificación de Naciones Unidas confirmó sus denuncias de que el embalse afectará áreas anexas habitadas de la comarca en las que hay fundamentos de sus ritos y costumbres. El pueblo ngöbe solo quiere que se respeten nuestras leyes, porque tenemos derecho a esas tierras que son de uso colectivo, dijo el dirigente. ¿Cómo va terminar el problema? En realidad no se sabe pues parece que ninguna de las partes va a ceder. Lo cierto es que los ngöbe buglé rechazan a Fábregas como interlocutor, y no son los únicos, pues lo mismo sucede con el Frente Amplio de Colón y los trabajadores bananeros de Changuinola, quienes tampoco quieren seguir el diálogo con él. La cacica ngöbe Silvia Carrera fue muy clara al reiterar: "Nosotros no queremos más al ministro Fábrega porque él no tiene poder de decisión, queremos al presidente Martinelli", quien es el verdadero comprometido en este problema. La respuesta de Fábregas fue lacónica: "No entiendo a la cacica. Este es un tema cerrado". El caso de Barro Blanco es uno más de los varios temas inconclusos del gobierno para los cuales no se vislumbran soluciones inmediatas a pesar de que son muy susceptibles y pueden reactivar viejos conflictos o generar otros nuevos. *Corresponsal de Prensa Latina en Panamá jhb/lma Twittear