Ricardo Alarcón de Quesada.─ Es grande la expectativa por conocer lo que dirán exactamente las nuevas regulaciones que serán aplicadas para dar cumplimiento a la Directiva que firmó Donald Trump el pasado 16 de junio para intensificar el bloqueo contra Cuba en un burdo espectáculo realizado en Miami. Han sido tres semanas de comentarios y especulaciones en los que no pocas veces se soslayan aspectos fundamentales y es frecuente tropezar con fórmulas apegadas a las "pautas informativas" que quiere Washington. Como cuando se insiste en hablar de la prohibición a las transacciones con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior pero nada se dice de la extensión de semejante prohibición, que también está en la Directiva, al conjunto de la sociedad cubana. Ahora se afirma que la OFAC (Oficina para el control de bienes extranjeros del Departamento del Tesoro, instrumento clave de esa política) dará a conocer las mentadas regulaciones el 15 de septiembre y para aumentar el interés se acompaña el dato con un reloj digital que va descontando los días, horas, minutos y segundos que nos acercan a esa fecha.
Han sido tres semanas también de diversas manifestaciones de rechazo por nuestro pueblo y también de la amplia solidaridad internacional que incluye a muchos estadounidenses, entre ellos sectores empresariales, académicos y políticos.
Enfrascados en disquisiciones acerca de la imaginaria "normalización" de las relaciones supuestamente intentada por Obama, el chabacano manotazo de Trump incorporó nuevos elementos de confusión al debate.
Conviene una pausa de reflexión antes que se produzca otra noticia desde la capital norteamericana que enrede aún más el análisis. Porque esa noticia tiene un plazo fijo: tiene que producirse, a más tardar, el 16 de julio, es decir, antes de que termine esta semana.
Ese día, el 16 de julio, vence el término para la suspensión de la posibilidad de recurrir ante los tribunales norteamericanos, conforme a la Ley Helms-Burton, que desde 1996 reconoce ese derecho a quienes fueron expropiados por la Revolución incluyendo a los que entonces no habían adquirido aun la ciudadanía estadounidense y que, según el Departamento de Estado, serían más de 200 mil demandantes.
Si tal cosa ocurriese, provocaría numerosos pleitos con los inversionistas extranjeros pero además crearía un inaudito caos judicial ante las reclamaciones que pudieran presentarse y a cuya preparación, por cierto, se han dedicado, desde aquel año, algunos abogados de Miami involucrados en la redacción de dicha Ley.
Ante la protesta de la Unión Europea fue introducida la cláusula que permite al Presidente de Estados Unidos dejar en suspenso la posibilidad de reclamar ante los tribunales por un período de seis meses. Durante más de veinte años, Clinton, W. Bush y Obama, aplicaron la suspensión. Ahora le toca a Trump.
Actuar como sus predecesores parecería ser lo que aconseja la lógica y el sentido común pero esas son cualidades que no siempre guían al actual inquilino de la Casa Blanca y ello alienta a algunos que buscan hacer regresar a Cuba al pasado y convertir a los tribunales yanquis en instrumentos para el odio y la venganza.
Otra vez estamos a la espera de Trump.
En cualquier caso, si no lo hace ahora, le quedarían por delante varios plazos semestrales para sembrar el caos antes de concluir su mandato. Así será mientras la infame Ley no sea derogada completa y definitivamente.