De rebote, esta legalización tendrá también consecuencias positivas en las próximas elecciones autonómicas. De entrada, el debate se podrá centrar en los temas políticos que más preocupan a la gente (crisis, paro…) y no en la legalización/ilegalización, que siendo importante y afectando además a un derecho como es el de elegir libremente a tus representantes en las instituciones, no debe secuestrar el debate político hasta el punto de que no se conozca el programa electoral, por ejemplo.
Pero sobre todo, lo que esta legalización va a suponer es una configuración del Parlamento Vasco muy diferente de la actual. Una izquierda abertzale legal, unida y que condena sin dudas el terrorismo, constituye una fuerza que opta con posibilidades a gobernar Euskadi durante los próximos cuatro años. La duda, entonces, de cara a elecciones es si PP y PSOE harán un frente común con PNV para evitar un gobierno de Sortu. Al menos en la Diputación de Gipuzkoa, la mayor institución gobernada por Bildu, parece que las alianzas van en esa línea. Y otra duda es el papel que tendrán Izquierda Unida y Ezker Batua en caso de obtener representación parlamentaria. Aunque solo pensar en la posibilidad de que puedan presentar dos candidaturas (y, paradójicamente, con el mismo nombre) me va preparando para hacerme a la idea de que se convertirán en partidos extraparlamentarios.