Un juzgado de Madrid ha suspendido de forma cautelar el Plan del Gobierno de Cifuentes que planeaba matar 2.700 cabras montesas en la Sierra de Guadarrama. El Plan del Gobierno madrileño pretendía reducir drásticamente la población de este animal en la montaña. Pero el juzgado Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid, ante las denuncias que PACMA interpuso contra los responsables de medioambiente de la Comunidad de Madrid, decretó dicha suspensión. Con esta medida cautelar, la jueza encargada del caso ha impedido el comienzo de las matanzas de cabras que iban a dar comienzo el 19 de octubre, posponiendo la puesta en marcha del Plan de Gestión de Abatidas hasta que se resuelvan las denuncias de PACMA.
Cerca de 70 cabras fueron introducidas en dicha sierra en la década de los 90. La falta de gestión y seguimiento de las poblaciones por parte de la Administración ha llevado a que hoy alrededor de 4.500 cabras hayan hecho de estas montañas su hogar. De momento no se oirán disparos en Guadarrama. El juzgado ordenó como medida cautelar la suspensión de las batidas previstas que iban a empezar esta semana. La Consejería de Medio Ambiente quería sacrificar unos 2.500 animales, 500 por año, para regular así una población que ha crecido descontroladamente en los últimos años.
En agosto pasado, PACMA presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente contra el Gobierno de Cristina Cifuentes, al que acusaba de cometer delitos de medio ambiente y prevaricación con este plan de gestión. El Ejecutivo autonómico fue acusado de “ocultismo” respecto “a la aprobación del plan de control poblacional que ha desoído todas las peticiones de información presentadas”, puesto que no está publicado oficialmente y todos los datos se han recabado de medios de información. “Se desconoce en qué se sustenta dicho plan, lo que hace sospechar que no contempla más soluciones que la caza de ejemplares. Esta falta de información vulnera los principios de transparencia y de acción pública, que son de estricta observancia en materia medioambiental”. Desde PACMA, recalcan que “no se pueden matar cabras. Si se hace, se está cometiendo un delito de maltrato animal”.
PACMA argumenta en su recurso que la caza de tantos ejemplares suponen “daños irreparables” en la colonia que habita la sierra madrileña de Guadarrama. Y quiere que la Fiscalía abra diligencias “contra los responsables de su aprobación” en la consejería. En mayo de 2013, la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de la Federación Madrileña de Caza, que cuenta con un equipo de 55 especialistas en la caza con arco, para poner en marcha un proyecto piloto que regule el exceso poblacional de la cabra montés. En solo 22 días, se sacrificaron 52 cabras. Pero al final, se descartó este sistema y se decidió optar por el rifle.