Por fin un gran acuerdo de Estado para España. ¡Y data de julio de 2006!, pero algunos nos enteramos ahora. Se trata del ‘Reglamento de Pensiones a favor de ex parlamentarios’.
La noticia buena es que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en aprobarlo. Con votos a favor de diputados y senadores. La noticia mala es que lo conseguido no forma parte del interés común.
Conocemos los detalles del Reglamento porque el sindicato Manos Limpias ha interpuesto recurso contencioso administrativo en su contra ante el Tribunal Supremo. Ahora es turno del ‘caballo del malo’, que dará o quitará razones.
Conocido de sobra por todos es que nuestro sistema de pensiones actual da derecho, en su versión contributiva, al cobro de la pensión máxima de jubilación una vez cotizados 35 años, en función de la base de cotización de los últimos 15 años de vida laboral. Eso es así para todos los españoles iguales ante la ley. En este caso, la Ley de Seguridad Social.
No hace falta explicar porqué este criterio no se aplica para el caso de senadores y diputados, casta parasitaria que se agarra con fuerza al pilón. Simplemente porque así lo establece el Reglamento en cuestión, que se encarga de discriminar a su favor; buscando el bien de todos a través del bien de algunos, supongo.
Así, a los españoles que se esconden detrás de los leones de la Carrera de San Jerónimo o en el Palacio del Senado, les bastan 7 años de ausencias a plenos y demás debates sin importancia para tener derecho, una vez se conviertan en ex parlamentarios, a la misma pensión máxima que a sus desiguales electores les cuesta 35 años de trabajo.
Para que la fiesta sea completa, nuestros representantes tampoco tienen obligación de abonar, mientras dure su condición de ‘activos bicamerales’, las cotizaciones a la seguridad social; ni las del empleador, Las Cortes, ni las del ‘trabajador’, el político, ambas a cargo de los presupuestos públicos.
La Sentencia del Supremo nos sacará de dudas en cuanto a si el Reglamento de ex parlamentarios vulnera o no el entramado de disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables, pero lo que no parece racional es que sean las Mesas del Congreso y del Senado los órganos competentes para regular el sistema de pensiones de sus ‘trabajadores’. En el caso que se les pueda denominar así, claro.
Y no es que no me fíe del Supremo, sino que la ventaja del teatro es que te dicen de antemano que todo es mentira. Siendo prácticos, cuando en un futuro alguien acabe con nuestro sistema piramidal de reparto de las pensiones entre jóvenes y viejos, y lo transforme en un sistema justo que capitalice esfuerzos, mi blog ya no será de este mundo.
Pero cuando alguien intente estirar el chicle del sistema fraudulento actual haciéndonos trabajar más años, aumentando las cotizaciones y recortando las prestaciones, desgraciadamente yo estaré de nuevo en el sitio equivocado en el peor momento posible.