La muerte de los generales Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), y Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), además de la condena final para otros trece oficiales de inteligencia y de la justicia militar por el secuestro y asesinato del químico Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1992, reabrieron la vieja llaga de la impunidad.
El “Mamo” Contreras, otrora poderoso director de la primera policía secreta de Augusto Pinochet que operó entre 1973 y 1977, responsable de los más atroces crímenes en la historia del país, falleció a los 86 años en el Hospital Militar. Estaba condenado a más de 500 años de cárcel y esperaba sentencia por otros cientos de procesos que aún se investigan en los tribunales. Fue cremado pocas horas después en el Cementerio Católico, vestido con su uniforme de gala de general. Ramírez Rurange, en tanto, de 76 años, se pegó un tiro en la sien en su domicilio para evitar ir a prisión por más de 20 años, sentencia emitida por la Corte Suprema a comienzos de agosto.
Contreras, autodicta en los secretos de la inteligencia militar, recibió una orden directa de Pinochet para crear la Dina a fines de septiembre de 1973, después que el entonces director de la Escuela Militar, el coronel Nilo Floody, elegido por el dictador para esa tarea, lo convenciera de que él no era el más indicado para la misión.
La Dina inició sus actividades en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, cerca del exclusivo balneario de Santo Domingo. Hasta allí llevaron a decenas de prisioneros que fueron sometidos a bárbaras torturas.
Contreras eligió personalmente a los oficiales que integraron los diferentes departamentos y cuarteles de la Dina, que empezaron a operar en paralelo a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. También reclutó a civiles que habían participado en agrupaciones políticas de ultraderecha durante el gobierno del presidente Salvador Allende.
Muchos oficiales seleccionados para servir en la Dina recurrieron a los más rebuscados argumentos para evitar ese destino. Otros, los menos, marcharon gustosos a la cruzada en contra del comunismo que pregonaba el “Mamo”. Hoy, estos últimos cumplen o ya cumplieron penas por crímenes de lesa humanidad y son los que conformaron el núcleo duro de la represión entre 1973 y 1978. A partir de ese último año, cuando la Dina ya había sido reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), y Contreras trataba de evitar las investigaciones judiciales por los asesinatos del general Carlos Prats, en Buenos Aires, en septiembre de 1974; del ex canciller Orlando Letelier, en Washington, en septiembre de 1976; y por el atentado en contra del dirigente democratacristiano Bernardo Leighton, en Roma, en octubre de 1975, el general Pinochet optó por involucrar en las tareas represivas a la Dine y a las estructuras más secretas del ejército, hasta ese momento sólo preocupadas de la seguridad externa.
EL BRAZO ARMADO
En 1981, Pinochet eligió a la Dine para que asesinara a Tucapel Jiménez, dirigente sindical socialdemócrata que amenazaba agrupar a las organizaciones laborales opositoras. También ordenó a la Dine que eliminara al ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, quien fue inoculado con una sustancia tóxica cuando se recuperaba de una operación gástrica en la Clínica Santa María. El dictador involucró luego a oficiales de la Dine y de los altos mandos del ejército en sus propios negocios turbios: adquisición de propiedades, coimas, depósitos ilegales en el extranjero e incluso narcotráfico, según revelaciones del propio Manuel Contreras en los últimos años.
A mediados de la década de los 80, cuando los tribunales de justicia empezaron tímidamente a investigar algunos crímenes de la dictadura, en instancias hasta ahora no bien precisadas se diseñaron estructuras de protección para los agentes más buscados. Algunos magistrados y detectives de la policía de Investigaciones sostienen que para crear “nidos” en el exterior que cobijaran a los prófugos se recurrió a agentes de espionaje y vínculos establecidos en el denominado Plan Cóndor, una instancia de colaboración entre policías secretas de las dictaduras del Cono Sur en cuya formación tuvo un papel protagónico el “Mamo” Contreras.
Así, por ejemplo, se recurrió a contactos en Brasil para refugiar a Raúl Osvaldo Romo Mena, agente civil de la Dina que trabajó en la represión del MIR. También se apeló a los paraguayos para esconder en ese país a Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, desertor del Partido Comunista que colaboró con el Comando Conjunto de la Fuerza Aérea en la captura y asesinato de militantes de las Juventudes Comunistas en los años 1975 y 1976. En el caso de oficiales aún en servicio activo se optó por ubicarlos como agregados militares en embajadas de Chile.
Paralelamente, desde el Ministerio de Justicia se ejerció un férreo control sobre el nombramiento de los jueces y en la Fiscalía Militar, bajo la conducción del coronel (J) Fernando Torres Silva, se diseñaron estrategias de defensa para los uniformados que se vieran obligados a declarar en los tribunales.
Tras el retorno de la democracia, Pinochet -al frente de la comandancia en jefe del ejército- ordenó al director de la Dine, el hoy suicidado general Hernán Ramírez, que sacara del país al químico Eugenio Berríos, fabricante de gas sarín en tiempos de la Dina y más tarde vinculado a la producción de estupefacientes. Ramírez formó un grupo de tarea con oficiales y suboficiales de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) y de las unidades de espionaje y contrainteligencia, y sacó a Berríos hacia Argentina con destino final en Uruguay, donde finalmente fue asesinado con cinco balazos en la nuca y sepultado en una playa, boca abajo y con las manos atadas a la espalda con alambre, replicando una amenazante ejecución mafiosa.
Las maniobras para esconder ese crimen se extendieron por casi veinte años. Pero al final tanto los autores como los encubridores terminaron sentenciados a largas condenas, incluido otro de los ex directores de la Dine, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien la comandó entre 1991 y 1996, que fue condenado a 15 años de cárcel, y el propio ex auditor militar, Fernando Torres, condenado a diez años.
Entre los autores también figuran tres oficiales uruguayos -Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose-; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco alias “Francisco Valenzuela”, ex miembro de la Dina, de la CNI y del BIE; y, el mayor (r) Arturo Silva Valdés, autor material del asesinato de Berríos, ex miembro del Servicio Secreto de la Dine. Este último oficial, miembro del arma de Caballería, jugador de polo, de refinados gustos, considerado por algunos de sus ex camaradas como “el James Bond chileno”, fue enviado junto a otros agentes de inteligencia a formar parte del equipo de seguridad de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio, luego de que su hijo Cristián fuera secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1992. Por esos mismos días la revista Qué Pasa publicó un reportaje donde se entregaron antecedentes que revelaban la participación de Silva Valdés en el secuestro y asesinato de Berríos. El propio oficial acudió a hablar con el director de ese medio, Cristián Bofill, hoy director de Canal 13, para desmentir la información, petición que fue acogida por el medio.
La Dine también participó en la protección de los oficiales involucrados en una financiera ilegal, conocida como “La Cutufa”, que funcionó al interior del ejército desde mediados de los 80 hasta bien avanzados los años 90. Algunos jueces y detectives también creen que la Dine tuvo injerencia en los asesinatos del periodista inglés Jonathan Moyle, cuyo cadáver fue encontrado en su habitación del Hotel Carrera en marzo de 1990, y del coronel Gerardo Huber Olivares, en enero de 1992.
EL CORONEL HUBER
En 1974 Huber se incorporó a la Dina y fue enviado a Argentina para infiltrar grupos que apoyaban al MIR chileno. De regreso en el país, trabajó con el norteamericano Michael Townley en la creación de armas químicas para la “guerra antisubversiva”. Al promediar los 80, Huber fue destinado al complejo químico del ejército en Talagante y en marzo de 1991, fue trasladado a la Dirección de Logística donde se hizo cargo de la compra y venta de armamentos en el exterior.
La causa por la muerte de Huber durmió en los tribunales durante trece años caratulada como “suicidio”, hasta que el juez Claudio Pavez asumió el caso en septiembre de 2005 y decidió caracterizarla como homicidio calificado. Pavez reunió antecedentes de otros procesos donde se describían las formas de operar de los servicios de inteligencia a fines de los 80 y comienzos de los 90.
En marzo de 2006 el juez Pavez sometió a proceso a cinco altos oficiales en retiro como autores de asociación ilícita para ocultar el asesinato del coronel Huber. Ellos son el general (r) Eugenio Covarrubias, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) en 1992; el general (r) Víctor Lizárraga Arias, subdirector de la Dine en la misma época; el general (r) Carlos Krumm, ex director de Logística; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE); y el capitán Julio Muñoz, amigo de Huber y ex miembro del BIE.
María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), declaró poco después que “todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga y Manuel Provis”, como autores materiales de la muerte del coronel Huber.
Según antecedentes reunidos en aquel proceso, medio centenar de oficiales y suboficiales de la Dine y el BIE juraron incondicional lealtad a Pinochet en 1996. Algunos de ellos se confabularon para evitar que el coronel Huber revelara lo que sabía acerca del comercio ilícito de armas y sustancias químicas, emprendido desde diversas instancias castrenses en búsqueda de lucro para un pequeño número de oficiales del Alto Mando.
El juez Pavez tuvo a la vista, por ejemplo, una declaración del 30 de noviembre de 2003 tomada en Holanda por dos detectives al ex suboficial Rodrigo Peña González, integrante en 1989 del Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería. Este afirmó que el coronel Huber le entregó documentos sobre tráfico de armas y una droga mortal elaborada por el ex químico de la Dina Eugenio Berríos. Según Peña, el coronel Huber pensaba entregar esos documentos al periodista británico Jonathan Moyle, iniciativa que se vio frustrada cuando el reportero apareció muerto en su habitación del Hotel Carrera. Peña, quien pidió asilo político en Holanda en 2001, relató que Huber le entregó otros documentos con antecedentes sobre compra de armas a Israel y ventas a países árabes.
Según las presunciones del juez Pavez, el coronel Huber habría sido secuestrado por agentes del BIE y conducido a un recinto secreto de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE) en Nos, donde también funcionaba el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que en 1992 dependía del director de la Dine, general Eugenio Covarrubias.
Manuel Provis, ahora preso en Punta Peuco, trabajó codo a codo con el mayor (r) Alvaro Corbalán en el cuartel Borgoño de la CNI, y fue uno de los principales operadores de la inteligencia militar tras el retorno de la democracia en 1990. Provis estaba al mando del BIE -con base en la calle García Reyes de Santiago-, en estrecho contacto con la Central de Información y Coordinación, unidad que tenía a cargo las escuchas telefónicas y la recolección de datos provenientes de las comunicaciones policiales internas.
“CONTROL DE BAJAS”: VIAJES SEGUROS
El BIE mantenía en Viña del Mar, en la calle Alvarez, un cuartel de escucha del Congreso Nacional que funcionó en 1990 y 1991. Cerca de allí otro grupo de agentes, encubiertos en un local que aparentaba ser una compraventa de automóviles, desarrollaban tareas de apoyo. La vigilancia electrónica de diputados y senadores era apoyada por camionetas que se estacionaban en sectores cercanos al edificio. Una camioneta Volks-wagen cerrada, de color crema, perteneciente también al Departamento de Inteligencia de Comunicaciones, se estacionaba en la Plaza O’Higgins, vecina al Congreso Nacional. En ella, un equipo de escucha no dejaba de funcionar. Este trabajo era apoyado por agentes encubiertos que frecuentaban la sede del Legislativo. Uno de ellos, un hombre alto y de bigotes, asistía a la sesiones y recogía fotocopias de documentos considerados importantes que le entregaba un anónimo contacto en el corazón del Parlamento.
Toda esa información era procesada y clasificada por un equipo de a lo menos ocho hombres, varios de ellos civiles, que actuaban como analistas de inteligencia. Uno de ellos era sobrino del general (r) Hugo Salas Wenzel, ex director de la CNI.
En un ámbito del BIE conocido por algunos como G-4, dirigido por un capitán, existía una unidad confidencial que realizaba operaciones especiales. Una de ellas, denominada “Sistema de Control de Bajas”, era la estructura destinada a sacar del país a los agentes en peligro de quedar expuestos ante la justicia o que mostraban debilitamiento en su lealtad a Pinochet. Esa unidad se vinculaba con el Departamento de Servicio Secreto de la Dine y con algunas instancias de la justicia militar, dirigidas por el auditor Fernando Torres, ahora preso en Punta Peuco.
Entre los agentes que fueron sacados al exterior para protegerlos de la justicia estuvieron Carlos Herrera Jiménez, “El Mauro”, ejecutor de Tucapel Jiménez, y Arturo Sanhueza Ross, “El Huiro”, quien se inició, siendo teniente, como agente de seguridad persiguiendo a guerrilleros del MIR en Neltume, a comienzos de los 80. Más tarde hizo “méritos” para ser trasladado a la Dine y fue destinado al equipo de ejecutores que efectuó asesinatos como los del 7 de septiembre de 1983 en las calles Fuenteovejuna 1330, de Las Condes, y Janequeo 5707, de Quinta Normal, que costaron la vida a cinco dirigentes y militantes del MIR. El 4 de septiembre de 1989, Sanhueza Ross participó en el asesinato del dirigente mirista Jécar Nehg-me Cristi. Hoy se conoce que ese equipo de ejecución de la Dine tenía un objetivo alternativo a Nehgme: el periodista Manuel Cabieses Donoso, director de Punto Final.
Manuel Salazar Salvo
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 835, 21 de agosto, 2015)