Federico Suárez (Izq.), Ricardo Martinelli (centro) y Valter Lavítola. LA PRENSA/Archivo
El gobierno de Ricardo Martinelli autorizó el pago de hasta $9 millones por un sistema de información cartográfico ( mapa digital) que, a la fecha, no existe.
A pesar de que Pepe Suárez estampó su firma en el contrato, ayer se distanció del tema. “No recuerdo detalles técnicos o financieros sobre el mapa. La parte técnica fue atendida por Israel Sánchez, director del Instituto Tommy Guardia desde 2009”, respondió.El proyecto –cuyo costo total son $22 millones– fue suscrito en 2010 por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, y Telespazio Argentina, filial de Finmeccanica, so pretexto de “complementar” un sistema de vigilancia costera en el país que incluía, además, el suministro de 19 radares y 6 helicópteros.De acuerdo con el contrato, este mapa debió ser entregado e instalado el 27 de abril de 2014.Una vez asumió el poder el presidente Juan Carlos Varela –el 1 de julio de 2014– los pagos fueron suspendidos.
Ahora, el gobierno solicitará la “nulidad” del contrato del mapa digital ante la Corte Suprema de Justicia, tal como se hizo con el de la compra de 19 radares a Selex –filial de Finmeccanica– que firmó el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
UN MAPA DIGITAL 'IMAGINARIO'El “memorando de entendimiento de cooperación técnica en materia de seguridad”, que suscribieron el 30 de junio de 2010 los gobiernos de Panamá e Italia, preveía, además de 19 radares y 6 helicópteros, la compra de un sistema de información geográfica (mapa digital) valorado en $22 millones, del cual muy poco se habla.Este contrato –ha asegurado el gobierno del presidente Juan Carlos Varela– es “ilegal” y, en consecuencia, también solicitará su “nulidad” ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como se hizo con el de radares que firmó el ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino con la compañía Selex.
El contrato para el mapa digital fue suscrito por el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Federico José Pepe Suárez (en la actualidad con medida cautelar de país por cárcel por otro caso) y Telespazio Argentina, una de las filiales de Finmeccanica.“Panamá contará con un sistema confiable y moderno de cartografía digital, indispensable para el desarrollo, puesta en marcha y operación del sistema de vigilancia costera a nivel nacional”, anunciaba la Resolución No. 113 del Consejo de Gabinete del 3 de agosto de 2010, que autorizó al ministro Pepe Suárez a contratar a Telespazio.Pero ese no fue el único argumento que esgrimió el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli en aras de justificar la polémica contratación.“La cartografía existente se encuentra, además desactualizada, en formato analítico y en sistemas de referencias en desuso respecto a los estándares internacionales actuales”, señalaba la precitada resolución.Cinco años después, el sistema de información geográfica no existe. ¿La razón? El proyecto solo se ejecutó en un 80%, a pesar de que una de las cláusulas del contrato para la compra del mapa digital establece que debió ser entregado e instalado –previa capacitación del personal del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia– el 27 de abril de 2014.PAGOSSin embargo, ese retraso no fue óbice para que el gobierno de Martinelli le pagara a Telespazio unos $9 millones, equivalente a poco menos del 50% del valor total del proyecto.El desembolso de los $12 millones restantes fue suspendido el 1 de julio de 2014, fecha en que entró el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, confirmó el abogado Octavio Del Moral, de la firma Tapia, Linares & Alfaro, que representa al Estado en esta nueva demanda para que se declare nulo el contrato.“La contratación se hizo sin ningún tipo de análisis sobre la conveniencia de este equipo, porque alguien se ganaría millones de dólares”, subrayó Del Moral, al tiempo que indicó que la demanda no exime que exijan responsabilidades penales.Sobre este particular, el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, ha advertido que “Panamá no puede mirar para otro lado, porque esos contratos eran nulos por la causal de desviación de poder”.De hecho, la demanda de nulidad del contrato del mapa digital se hará a través de la figura “desviación de poder”, es decir, fue celebrado por las partes para fines distintos a los señalados en la ley.Este diario conoció que en esta nueva demanda de nulidad se hará hincapié –al igual que con el tema de los radares– que Agafia Corp. fue constituida únicamente para canalizar la “coima”, como han concluido los fiscales italianos, debido a que se hizo de manera oculta y sin el aval del Gabinete.Una vez el Estado panameño suspendió los pagos parciales por el mapa digital, Telespazio paralizó el proyecto. Lo hizo, pese a que semanas antes solicitó al MOP una adenda de tiempo que le permitiese terminar la obra.ELEMENTOS Y PESQUISASAdemás de la compra del mapa digital, el contrato firmado por Suárez incluía la instalación, el mantenimiento y financiamiento.De acuerdo con las investigaciones de la justicia italiana, Telespazio –que se creó seis meses después de la firma del memorando de entendimiento”– también pactó pagar una “comisión” del 10% del precio bruto de venta de este mapa digital a la sociedad Agafia Corp., vinculada a Valter Lavítola.Una de esas gestiones de cobro (factura) la emitió Agafia Corp. el 21 de julio de 2011, un día después de que Lavítola instruyó a su secretaria Alessandra Pesce a confeccionarla.Se trata de una prueba contundente que hallaron los fiscales italianos luego de interceptar –por entonces–, al menos, 39 llamadas telefónicas de Lavítola y que corrobora que Agafia Corp. era un instrumento para esconder “coimas” por unos $25 millones para Martinelli.Desde el año 2012, el polémico mapa digital ocupó titulares de primera plana de la prensa local e internacional. Y es que por un mapa similar, Costa Rica y Paraguay pagaron a Telespazio Argentina $4.7 millones y $3 millones, respectivamente. En otras palabras, Panamá pagaría hasta cinco veces más por un mapa inexistente.El exministro Pepe Suárez, a pesar de haber firmado el contrato por $22 millones, se distanció del tema alegando que los detalles técnicos los manejó Israel Sánchez, director del Tommy Guardia, quien no pudo ser contactado.Pepe Suárez prefirió no opinar sobre los pagos que hizo el gobierno anterior a Telespazio ni de la demanda de “nulidad” que presentará el actual gobierno.