Cataluña de dirige hacia la confrontación directa con el Estado español, impulsada por millonarios ambiciosos, corruptos habituados al saqueo y partidos políticos que anteponen el independentismo al interés general, todos dispuestos a romper la nación sin poseer siquiera el apoyo de la mayoría de los ciudadanos.
Si la dinámica de confrontación que han impuesto los independentistas, a pesar de haber perdido las elecciones plebiscitarias de septiembre, continúa desplegándose, no habrá otra opción que utilizar los mecanismos de emergencia que la Constitución establece para impedir que España se desintegre.
El principal obstáculo que se vislumbra en el horizonte es el miedo y la incapacidad de los políticos españoles a aplicar la ley, en especial aquellas más severas contempladas para casos de emergencia, como es el proceso actual de ruptura, a pesar de que los dirigentes políticos independentistas catalanes, que ni siquiera cuentan con el apoyo de la mayoría simple de la población, han acumulado ya "méritos" suficientes para ser tratados como presuntos golpistas y delincuentes.
Los grandes culpables del actual desastre catalán son, en primer lugar, los políticos catalanes, que han optado por la vía de la corrupción, el victimismo y la confrontación sin otro fin que incrementar su propio poder y liberarse de las ataduras, frenos y compromisos que representan la Constitución y las leyes españolas comunes.
Los siguientes culpables son los políticos españoles que han gobernado la nación, cuya permisividad con los nacionalistas catalanes ha sobrepasado la prudencia y el decoro que el país se merecía, comprando sus votos y desviando la mirada cuando el nacionalismo tergiversaba la historia, mentía, adoctrinaba a niños y jóvenes, sembraba el odio, compraba medios de comunicación, acosaba a los indiferentes y dedicaba ingentes cantidades de dinero a financiar la secesión.
Los terceros en culpa y vergüenza son los ciudadanos catalanes, integrados en una sociedad enferma, cobarde, indiferente ante el vicio y el abuso y tan escasamente democrática que ha tirado por la borda su prosperidad y tradicional sentido común, permitiendo a sus políticos que alienten la sedición, la división y el odio.
Por grupos sociales, los más culpables son los políticos, líderes de la división y promotores del odio y la ruptura, seguidos por los periodistas, que les han ayudado a mentir y engañar, y por los empresarios, que se han dejado seducir, acobardados, por un gobierno catalán que conducía la región hacia la corrupción, el endeudamiento, la ruina económica y todo tipo de peligros y riesgos.
Para luchar contra el independentismo con eficacia se requiere firmeza y lucidez en el bando de la unidad. Hay que apoyar claramente a los sectores que rechazan la independencia, presionar a los empresarios y líderes de opinión para que se definan, cortar los canales de suministro, sobre todo los financieros, a los que odian a España y desplegar una política general activa que ponga difícil a los secesionistas su labor de demolición de España, medidas todas ellas lógicas y claramente recomendables para defender la unidad de la nación.
Sin embargo, la gran medida contra el secesionismo, la única verdaderamente eficaz, es la de sanear España y convertirla en un país decente y atractivo para sus ciudadanos, empresas e instituciones. La España actual, minada por la corrupción, injusta, mal gobernada y dominada por partidos y por políticos incapaces de generar ilusión y esperanza, es una bodrio del que resulta lógico querer escapar, hasta el punto de que desear la independencia comienza ya a ser ya normal no sólo en territorios díscolos como Cataluña y el país Vasco, sino en muchas otras regiones y ciudades de España.