La pena de muerte nunca fue abolida en
Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, la máxima condena no se aplica desde 1954,
cuando bajo la administración colonial australiana 67 personas fueron
ejecutadas en la horca. El gobierno actual ha anunciado que el Parlamento
debatirá de forma inminente las modificaciones legales que facilitarán la
reanudación de las ejecuciones casi 60 años después. Al menos 10 condenados
corren peligro de ser ejecutados si el trámite llega a buen puerto.
El fiscal general presentará esta
semana el proyecto de ley y además está previsto que se debata otro para
ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital a delitos como la violación
y el asesinato relacionados con la brujería. El 28 de enero pasado ya anunció
que había 10 personas condenadas a muerte en Papúa Nueva Guinea. Con
posterioridad, el primer ministro también declaró que se está estudiando el
método del pelotón de fusilamiento. El Gobierno lo considera “más humano y
menos caro que otros métodos” y tiene la intención de construir un centro de
ejecuciones anexo a una nueva cárcel que se edificará en un lugar remoto.
Estas medidas forman parte de un
paquete de actuaciones encaminadas a resolver la situación de orden público que
atraviesa el país, tras las célebres y brutales violaciones de mujeres y
homicidios relacionados con la brujería. La ley actual sólo permite la condena
a la horca en los casos de traición, piratería con uso de fuerza y asesinato
con premeditación.
Entre el 14 y el 15 de mayo pasados se
celebró una protesta de ámbito nacional sin precedentes que adoptó la forma de
“haus krai” (velatorio) en contra de los elevados niveles de violencia contra
las mujeres en Papúa Nueva Guinea. Los líderes de la misma declararon “no
apoyar la pena de muerte y los medios violentos e inhumanos de castigo, que
atentan contra la dignidad inherente a la persona y contra los principios y
valores cristianos de igualdad y dignidad para todas las personas”.
En los últimos años, con excepción de
ocho condenas a muerte en tres casos diferentes denunciadas en Papúa Nueva
Guinea desde 2009, la región de Oceanía no ha registrado ejecuciones ni
condenas a muerte. Estas cifras proceden de los casos notificados en Papúa
Nueva Guinea, aunque puede haber otros casos en los que se haya impuesto la
pena capital y que no hayan sido denunciados.
La última ejecución conocida en la región de Oceanía fue en 1982 en Tonga.
Nauru, Papúa Nueva Guinea y Tonga son abolicionistas en la práctica, mientras
que Fiyi sólo conserva la pena capital para delitos militares. El resto de los
países de Oceanía son abolicionistas para todos los delitos, y sus leyes no
contemplan la aplicación de la pena capital para ningún delito.