Hay que parar también al PP porque no se puede adelgazar más al Estado de Bienestar con el subterfugio de hacerlo sostenible, cuando en realidad lo que se persigue es que prestaciones públicas sean ofertadas por la iniciativa privada, con el único propósito de ganar dinero gracias a la tarifación de servicios que han de costear los usuarios. Hay que parar el intencionado deterioro de la calidad en la educación, el sectarismo con que se elaboran leyes y planes educativos, la continua merma en las plantillas del profesorado, el endurecimiento de las condiciones para obtener una beca y la disminución de su cuantía, y esa obsesión por impedir la investigación y el desarrollo científico en nuestro país mediante una escasa financiación que, sin embargo, no se regatea a la Iglesia católica ni a los colegios concertados.
Hay que detener que se limiten derechos por una supuesta mayor seguridad cuando la mayor seguridad para los ciudadanos es aquella que garantiza sus libertades y ampara los derechos que les reconoce la Constitución. Ningunaley de seguridad ciudadana se justifica por un recorte de libertades y el impedimento a la libre circulación de personas, la libertad de manifestación y la libre expresión. Hay que parar un gobierno en el que el ministro de Interior es acusado de usar su cargo para perseguir a adversarios políticos y hacer proselitismo confesional mediante la concesión de medallas policiales a imágenes religiosas. Todo ello ha de ser detenido por ir en contra de una sociedad libre y democrática.
Pero si todavía se alberga alguna duda sobre la necesidad de parar al PP, la corrupción que exuda el partido conservador es, por sí sola, motivo sobrado para apartarlo del poder y obligarlo a sacar sus manos sucias de las instituciones y del dinero de todos los españoles. Causa vergüenza, sólo en el comienzo del juicio, las declaraciones del principal imputado en la trama Gürtel, admitiendo con absoluta desfachatez cómo se adjudicaban concursos públicos a cambio de comisiones que servían para el enriquecimiento de unos pocos y para la financiación ilegal de esta formación política. Personajes de una corrupción que tenían cobijo bajo las siglas del Partido Popular, al que beneficiaban en campañas y actos electorales con el dinero que sustraían de forma fraudulenta de distintas administraciones del Estado (local, comunitaria y estatal), pero que su mayor monto acababa en cuentas particulares en Suiza de los miembros más significativos de la trama, como el tesorero del partido Luis Bárcenas.
Tanto Trump en Estados Unidos como el Partido Popular en España representan riesgos para la convivencia pacífica de los ciudadanos y la calidad de la democracia de ambos países. Hay que pararlos por un sentido de equidad y justicia, ya que las políticas que aplican van teñidas del sectarismo y la intolerancia de los que hacen gala sus líderes y que es lesiva a los intereses generales de las respectivas poblaciones. Si se quiere elegir un buen gobierno, aquel que busca el bienestar de todos, tanto aquí como en USA, hay que parar a Trump…, pero, también, al PP. Sin demora.