Esa imputación de un partido político es el vértice de una pirámide dramática que refleja la podredumbre de la política y el deterioro de los partidos, que los convierte, junto con sus dirigentes y cuadros, en el peor lastre de España y en su mayor obstáculo para el verdadero progreso.
La responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida el año 2012 en el Código Penal, a instancia del ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón, en la Ley Orgánica 7/2012.
Hasta entonces, la falsa democracia española había permitido la impunidad práctica de los partidos políticos, que ni siquiera eran responsables ante la ley de sus delitos. A partir de entonces, quedó suprimido el privilegio y los partidos políticos y sindicatos y pasaron a ser responsables penales directos, al margen de lo que realicen sus directivos.
La implicación del PP como partido es una novedad y constituye un paso significativo y peligroso en la ruta española hacia la corrupción. Pero esa imputación no significa necesariamente que el PP sea el partido más corrupto de España, aunque sus numerosos y bien aireados escándalos produzcan esa impresión.
Si se atiende a las cantidades robadas y al número de imputados, el PSOE es el campeón del vicio corrupto y también están por delante del PP las cantidades que se le investigan al clan catalán de los Pujol.
La sociedad española, después de permitir con indiferencia suicida y sin tomar medidas, que la corrupción se extendiera sobre la vida política como una plaga, parece que está despertando ahora e incrementando sus exigencias de limpieza y decencia a la clase política, muy dañada y desprestigiada por la corrupción y el abuso de poder.
Los partidos, empujados por los ciudadanos y por una opinión pública indignada, empiezan a pagar en las urnas sus excesos en corrupción y no tienen más remedio que aprobar algunas medidas contra los corruptos, aunque todavía insuficientes porque siguen existiendo corruptos aforados y en sus cargos públicos.
Muchos comentaristas y analistas empiezan a defender la tesis de que algunos partidos, por su comportamiento, parecen asociaciones para delinquir que deberían ser suprimidas por razones de salud y limpieza.
Los enormes descensos en votos experimentados por el PP y el PSOE en las elecciones del 20 de diciembre y el ascenso de las nuevas formaciones de Podemos y Ciudadanos son la consecuencia directa del cansancio y el rechazo de los ciudadanos a la vida corrupta de los partidos, sobre todo del PSOE y del PP.