Sudán ha sido, como muchos otros países africanos, un territorio en disputa constante. Tanto en su Historia reciente como en la antigua, el país ha visto cómo todo tipo de grupos se peleaban por el control de sus territorios, desde los faraones hasta los otomanos pasando por los funj, una dinastía originaria del alto Nilo Azul. Tantos han sido los intereses presentes en el país que hasta su declaración de independencia en 1956 fue producto de la negociación entre dos países —Reino Unido y Egipto— y no de la voluntad de los sudaneses. Esta declaración parecía indicar el fin de siglos de ocupación y violencia y el establecimiento de un régimen democrático, pero, al igual que otros países africanos, los sudaneses pronto comprobaron que independencia no significa que los intereses extranjeros desaparezcan ni garantiza que las riendas del país las lleve el pueblo sudanés.
Al desaparecer el Imperio británico, el control de Sudán quedó mucho más accesible para los diferentes grupos que se disputaban el poder, y si por algo se ha caracterizado Sudán es por contar con multitud de comunidades y grupos diferentes. El primer presidente elegido de Sudán durará solamente dos años, hasta que fue depuesto por el primero de los muchos golpes de Estado que se sucederían a partir de entonces. En 1955, 1964, 1969, 1983 y 1989 se realizaron golpes contra múltiples dirigentes; el último de ellos puso al mando a Omar al Bashir, quien a partir de ese momento ha ocupado el poder ininterrumpidamente durante 30 años.
La llegada al poder de Al Bashir
Al Bashir y sus seguidores dieron su golpe de Estado después de una sucesión de Gobiernos de todo tipo, desde liberales alineados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta líderes religiosos que impusieron la sharía —ley islámica—, pasando por socialistas. Casi ninguno de estos Gobiernos había conseguido mejoras significativas para una población que vivía en la pobreza extrema —85% de la población en 1990— y el país llevaba desangrándose unos años por el conflicto con el sur. Aprovechando la situación, Al Bashir tomaría el poder gracias a un golpe de Estado sin sangre, capturando y encerrando al anterior Gobierno y a su presidente, Sadiq al Mahdi, lo cual ayudó bastante a la imagen pública de un Al Bashir que llegó prometiendo mano dura contra los principales problemas del país
Antes de su llegada al poder, Al Bashir había ido escalando progresivamente en el Ejército hasta llegar a liderar las operaciones militares del sur. Aparte del Ejército y del irregular apoyo popular de los ciudadanos sudaneses al golpe, el principal aliado del régimen se encontrará en el Frente Nacional Islámico (FNI), una organización política y religiosa cuyo mayor interés estaba en asegurar la primacía y exclusividad del islam entre las religiones presentes en Sudán. El proyecto de Al Bashir y sus aliados islámicos del FNI era establecer un Estado islámico moderno como alternativa a la globalización neoliberal, para lo cual era necesario el control político, económico y militar absoluto.
Para ello, en 1991 declararon la imposición de la sharía por todo el territorio nacional, algo que molestó mucho a sus vecinos cristianos y animistas del sur, quienes ya se habían alzado contra el establecimiento de la sharía en 1983. De hecho, el conflicto entre el Gobierno de Jartum y los sursudaneses ya venía de antes, aunque el motivo ha sido siempre el mismo: la marginación política del sur y la expoliación de sus principales recursos en favor de las élites del norte. También es un conflicto religioso, ya que en el sur se concentra la mayoría de la población no musulmana del país y no quería que las leyes islámicas regulasen sus creencias y hábitos. Los sursudaneses estaban liderados por el Frente Popular de Liberación de Sudán de John Garang, que contaba con un brazo armado, el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS).
Además de imponer la sharía, el nuevo Gobierno prohibió otros partidos políticos y organizó el gobierno a través de una junta revolucionaria militar comandada por el propio Al Bashir. En 1990 y 1991 sobrevivió a dos intentos de golpe de Estado, hecho que lo motivaría a aumentar la represión contra toda oposición al régimen.
Restablecer la sharía hizo estériles todas las negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo entre el expresidente Al Mahdi y el Frente Popular, motivo por el cual el EPLS volvería a la carga con fuerzas renovadas. El ELPS había conseguido el apoyo internacional de varios países de la zona, incluido Egipto, mientras que el Gobierno de Al Bashir lo iría perdiendo debido a sus políticas extremistas y autoritarias, lo que provocó un cambio en la correlación de fuerzas entre las dos partes y posibilitó el avance de la guerrilla en 1995. Es en esta época cuando llegan a Sudán algunos de los terroristas más famosos del siglo XX y XXI, como Osama bin Laden y Carlos el Chacal.
Aunque nadie sabe exactamente qué actividades realizaron en aquella época, lo cierto es que ambos fueron recibidos de buen agrado por el Gobierno de Al Bashir, sobre todo un Bin Laden que desarrolló una gran cantidad de negocios en el país, además de financiar las guerras contra los cristianos del sur, hasta que fue extraditado a Afganistán en 1996. Esta es la época en la que Al Qaeda se desarrolló y profesionalizó gracias precisamente a los negocios de Bin Laden en el país junto con otros de los altos mandos de Al Qaeda, como su número dos, Al Zawahiri. En el caso del Chacal, solo estuvo en el país durante poco más de un año, protegido por guardaespaldas estatales; después fue entregado a las autoridades francesas a cambio de apoyo estratégico en la guerra contra el EPLS
La consolidación del régimen
Debido a estos y otros hechos, la imagen internacional de estos primeros años del Gobierno de Al Bashir estaba completamente por los suelos. En 1993 EE. UU. incluyó a Sudán en la lista de países que apoyan el terrorismo y le impuso un bloqueo comercial que duraría desde 1996 hasta 2017 y que devastó aún más la precaria economía del país. Sus principales aliados en aquel momento eran los Gobiernos de Gadafi y Huseín en Libia e Irak, además de tener buenas relaciones con el Ejecutivo de Irán y con las monarquías del golfo árabe, que se convertirían en sus grandes aliados en el siglo XXI. Con vistas a mejorar su imagen y mostrarse como un país democrático, en 1996 Al Bashir convocó las primeras elecciones desde que tomó el poder, de las cuales saldría vencedor con un 75% de los votos. Sin embargo, toda la oposición coincidió en señalar el carácter fraudulento de las elecciones, algo que refrendaron algunos observadores internacionales
Ninguna de estas acusaciones amenazó el poder de Al Bashir, que continuó gobernando el país con mano de hierro y gestos de cara a la galería, como la Constitución de 1998, que permitía la existencia de otros partidos políticos, aunque siguieran sin poder presentarse a las elecciones. Al Bashir desarrolló una política económica basada en la intervención del Gobierno, principalmente a través de empresas estatales o propiedad de altos funcionarios públicos. Ello provocó que la mayoría de la riqueza se concentrase en las altas élites del Gobierno, así como en sus aliados o familiares. El resto de la economía era principalmente de subsistencia, ya que el país no contaba con ninguna industria o recurso natural importante más allá del petróleo, al que no podían acceder tan libremente por encontrarse la gran mayoría de los yacimientos —el 85% de todo el petróleo— en Sudán del Sur. Esta fue una de las grandes razones de que la guerra se prolongase tanto y causase tantos muertos: nadie estaba dispuesto a renunciar al oro negro. De hecho, aunque el origen de la guerra esté en disputas territoriales, religiosas y étnicas, su intensidad aumentó especialmente tras el descubrimiento de yacimientos de petróleo en 1999
Hasta la independencia de Sudán del Sur en 2011, el petróleo sudanés estaba controlado casi totalmente por el Gobierno de Al Bashir y suponía más de la mitad de los ingresos estatales, unos 70.000 millones de dólares estadounidenses por las ventas efectuadas entre 1999 y 2011, la decáda del petróleo. Gran parte de este dinero se fue a gastos militares y a la burocracia estatal y no se realizaron apenas mejoras en el sector agrícola del país, responsable del 40% del PIB nacional y principal medio de vida de la población, ni se desarrolló ningún otro sector que pudiese generar riqueza para los sudaneses de manera estable y duradera. Además, el país seguía preso de una deuda externa enorme, por lo que el dinero destinado a políticas sociales o de desarrollo fue prácticamente inexistente y ni siquiera se consiguió reducir significativamente una deuda que en 2018 alcanzaba los 57.000 millones de dólares estadounidenses.
Para ampliar: “Sudan’s self-inflicted economic meltdown”, Sulimán Baldo, 2018
Disputas internas y guerra
En 1999 Al Bashir dará un nuevo paso para consolidar su poder al disolver el Parlamento y desmarcarse del FNI, que, a través de su líder, Hasán al Turabi, buscaba restringir los poderes presidenciales y darle más al Parlamento. Al Turabi sería detenido dos años más tarde y a partir de este momento Al Bashir gobernará de manera aún más despótica. Sin embargo, la ineficacia de sus políticas y los graves problemas que asolaban el país provocaron un nuevo estallido de violencia, esta vez en Darfur. Darfur es un vasto territorio situado al oeste de Sudán cuyos habitantes se alzaron para protestar contra la marginalidad a la que se veían sometidos tanto política como económicamente desde incluso antes de la llegada al poder de Al Bashir.
En 2003 grupos organizados de darfuríes atacaron una base militar sudanesa, lo que provocó la ira de un Al Bashir que contestó con bombardeos por tierra y aire y el establecimiento de un conflicto armado que iba a dejar más de 200.000 muertos y entre dos y tres millones de desplazados, que continúa hoy en día —aunque no con tanta violencia— y al que la comunidad internacional, obnubilada con la guerra del sur, no prestaría mucha atención hasta pasados unos años.
Para ampliar: “Olvidado Darfur: un conflicto abierto en el Sahel sudanés”, Jesús Díez Alcalde en El Orden Mundial, 2016
Dos años más tarde, llegaría el final de la guerra con el sur después de numerosas treguas y acuerdos fallidos en los 90 y principios del 2000. El acuerdo establecía un referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur que se celebraría en 2011, en el que la población sursudanesa aprobó definitivamente la separación de Jartum. También garantizaba un estatus especial a las regiones fronterizas de Kordofán del Sur, Abyei y el Nilo Azul, aunque definido de forma tan imprecisa que acabó en papel mojado. Después de perder los yacimientos del sur, Al Bashir tenía claro que no iba a ceder también los ricos recursos de estos estados y el expolio por parte del norte continuaría durante los años siguientes. Ello provocó que en 2011, coincidiendo con la independencia de Sudán del Sur, estallara un nuevo conflicto armado que sigue vigente.
Para ampliar: “Más allá de Darfur: las guerras olvidadas de Sudán”, Juan Bautista Cartes en El Orden Mundial, 2018
Si repasamos el Gobierno de Al Bashir hasta este momento, veremos que no ha habido ni un solo año de paz ni tampoco avances económicos considerables. Jartum y sus aliados han estado combatiendo ininterrumpidamente en tres frentes diferentes —el sur, Darfur y las regiones de Kordofán del Sur, Abyei y el Nilo Azul, fronterizas con el sur—, fruto de la marginación y expolio a los que el Gobierno central ha sometido a las regiones periféricas insurgentes. Además, la independencia de Sudán del Sur supuso un duro golpe para la economía del país, altamente dependiente de los yacimientos petrolíferos y de otros recursos que se concentraban especialmente en ese territorio.
Por si fuera poco, el apoyo brindado a terroristas, sus crímenes humanitarios —cometidos en los tres frentes, pero especialmente en Darfur, y por los que Al Bashir se convirtió en el primer jefe de Estado en el cargo con una orden de detención internacional del Tribunal de la Haya— y el autoritarismo exhibido por Al Bashir le valieron al país numerosas sanciones internacionales, entre las que destaca el bloqueo comercial impuesto por EE. UU.; de hecho, el país sigue contando con una deuda muy importante que supone el 160% de su PIB. En este contexto, el descontento de la gente crecía cada vez más, incentivados por las primaveras árabes de sus vecinos. Entre 2011 y 2013 se sucederían revueltas populares contra la inflación y la corrupción, aunque el régimen no dudó en reprimirlas y el trono de Al Bashir no se vio amenazado.
El pueblo sudanés se rebela
Tras las protestas de 2016, el terremoto provocado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también iba a sacudir Sudán. El Gobierno de Trump decidió levantar el bloqueo y gran parte de las sanciones impuestas por EE. UU. alegando que más de 20 años de bloqueo no habían impedido a Al Bashir gobernar a su antojo, aunque los motivos reales indican que tuvo mucho que ver que Sudán cortase sus relaciones diplomáticas con Irán y enviase miles de soldados a la coalición saudí en la guerra de Yemen, apoyada por EE. UU. El fin del bloqueo parecía consolidar aún más en el poder al presidente, pero irónicamente acabó convirtiéndose en el principio del fin de su mandato.
El bloqueo había sido una de las mayores excusas del Gobierno para justificar el nulo progreso de la economía del país, razón por la cual muchos sudaneses esperaban que las mejoras llegaran durante 2018. Sin embargo, la situación no mejoró y de hecho empeoró con la retirada de subsidios a varios de los productos más básicos —recomendación hecha por el FMI— y una inflación galopante. Ante esta situación, a finales de 2018 se rebelaría la ciudad de Atbara, situada al noroeste de Sudán y que ya había sido foco de protestas en el pasado. Las protestas fueron duramente reprimidas por el Gobierno central, lo que llevó a la muerte de dos estudiantes y acabó por transformarse en la chispa que encendió al resto del país.
Las movilizaciones se extendieron rápidamente por todo el territorio, principalmente en las mayores ciudades del país. Las “protestas del pan” se convirtieron rápidamente en la mayor amenaza al poder de Al Bashir desde su golpe de Estado, ya que su objetivo era mucho más ambicioso que restaurar los subsidios públicos al pan: querían derrocar a Al Bashir de una vez y para siempre. Estas manifestaciones han estado lideradas principalmente por asociaciones de la sociedad civil, entre las que destaca la Asociación de Profesionales Sudaneses. En el plano político, 22 partidos se han sumado a las protestas contra el Gobierno firmando una Declaración por la Libertad y el Cambio.
Viendo la magnitud de las protestas, un día después del estallido Al Bashir declaró el estado de emergencia, impuso toques de queda a la mayoría de las ciudades y procedió a detener y encarcelar a centenares de protestantes. Prácticamente en todas las ciudades se producían enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas armadas, producto de los cuales morirían 43 personas solo en los primeros cuatro días de protesta. Sin embargo, la represión no frenó el ímpetu de las protestas. La declaración del 22 de febrero en la que se disolvía el Gobierno y se establecía el estado de emergencia durante un año fue como echar gasolina al fuego: esa misma tarde se concentraban decenas de miles de personas en las principales ciudades sudanesas para exigir la dimisión de Al Bashir.
Las mujeres han tenido un papel muy importante en las movilizaciones, participando en las convocatorias e incluso con un papel dirigente, algo que puede sorprender en un país aún regulado por la sharía. En general, todos los segmentos de la sociedad sudanesa se han mostrado bastante unidos en su lucha contra Al Bashir, lo cual ha sido una de las claves para resistir cinco meses hasta lograr su objetivo. El día llegó el 11 de abril de 2019, cuando un comunicado del Ejército anunció la dimisión del presidente Al Bashir y la suspensión de la Constitución. A la vez, el Ejército anunció la formación de una junta militar que gobernará el país durante los siguientes dos años, algo que no estaba en los planes de los manifestantes. El escenario recuerda a otros países de la región que experimentaron una situación similar durante las primaveras árabes, como la llegada al poder de Al Sisi —buen aliado de Al Bashir— en Egipto o la reciente crisis de Buteflika en Argelia. No hay que olvidar que el Ejército ha sido el pilar fundamental en el que se sustentó el régimen de Al Bashir, razón por la cual son muchos los sudaneses que desconfían de sus intenciones supuestamente populares.
No está nada claro quién ocuparía el lugar de Al Bashir o del Ejército, porque pocas cosas unen a la oposición más allá de su rechazo al expresidente. Su predecesor, Al Mahdi —depuesto por Al Bashir en 1989 y autoexiliado en el extranjero—, regresó al país el primer día de las protestas con el objetivo de convertirse en su referente, pero algunos sectores de la población —especialmente los jóvenes— lo relacionan con los antiguos problemas del país y prefieren optar por un liderazgo renovado. También habrá que estar atentos al futuro de Al Bashir, sobre el que pesa la orden de detención internacional del Tribunal de La Haya. Si el futuro Gobierno decide extraditarlo, seguramente buscará asilo en alguno de los pocos aliados internacionales que le quedan, como Catar o Arabia Saudí, aunque el Ejército ya ha descartado que eso ocurra bajo su mandato. Lo único claro es que, por primera vez en 30 años, Sudán tendrá un nuevo Gobierno. Esperemos que sea uno al servicio de los sudaneses.
Pasado oscuro, futuro incierto: el Sudán de Al Bashir fue publicado en El Orden Mundial - EOM.