Hace pocos días se anunciaba que el valenciano Pascual Sala había sido elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional, y lo primero que llamaba la atención era la alegría los medios informativos de izquierdas y el disgusto de los de derechas.
Una nueva desgracia para los sometidos a la Constitución española, y no por la ideología del triunfador, sino porque los doce componentes de ese Tribunal, y en especial el presidente, son mayoritariamente nombrados por su fidelidad a los partidos dominantes, ahora también bajo influencia nacionalista, más que por su valía, equilibrio o saber.
Lo previsible es que Pascual Sala (75 años), con voto de calidad que vale por dos, apoye a los socialistas –aborto, término de “matrimonio” para los enlaces gay, etcétera--, igual que cuando ejercía como juez.
Sería similar desgracia que hubiera ganado un conservador, que apuntalaría posturas de la derecha. Pero, de momento, es lo que hay: triunfa el habitual sectarismo progresista-progresí.
Una elección que mostró la dramática situación constitucional: dado que el Tribunal tiene actualmente mayoría izquierdista, sólo otro progresista podía competir por la presidencia, Manuel Aragón.
Pero era inelegible: hace poco rechazó partes fundamentales del Estatuto de Cataluña progresí maquinado por Zapatero.
Aragón se alió inesperadamente con los conservadores para podar varios artículos del Estatuto que transformaban esa Comunidad en un país casi independiente.
Rompió la doctrina de la unanimidad progresista al negar el término de “nación catalana”, colocado con aspiraciones secesionistas en el preámbulo del Estatuto, y se convirtió en un enemigo de los suyos.
Dicen quienes conocen la actuación jurisdiccional de Sala que siempre fue un hombre justo, menos en casos de interés partidario –corrupción, GAL--, en los que quizás actuó como Beltrán Duguesclín: Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor.
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SALAS, que no Sala. Vuelvo a atracarlo robándole tres alusiones a la actualidad:
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