J.C. ingresó a la edad de 17 años en el centro de protección terapéutico de menores Hotel Galapagar de Madrid. Dos años más tarde, con 19, denunció al centro por malos tratos recibidos como duchas frías, golpes en la cabeza y ser atado a la cama durante toda una noche. Por desgracia, no es el único caso de malos tratos a menores detectado en este tipo de centros.
A principios de año, Amnistía Internacional denunció a través del informe “Si vuelvo, ¡me mato!”graves violaciones a los derechos de niños y niñas que no han cometido otro delito que estar bajo la tutela del Estado porque sus familias no pueden atenderles.
Se han detectado casos de privación de libertad sin orden judicial, malos tratos, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados y amordazados. Además son privados de su derecho a la salud al ser sometidos a tratamientos médicos sin diagnostico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, y a veces medicados forzosamente con fines sancionadores.
Amnistía Internacional ha denunciado la falta de legislación estatal ajustada a la normativa internacional que garantice los derechos de estos menores, ya que no existen datos actualizados sobre el número de menores, y las inspecciones en los mismos no cumplen, en ocasiones, la periodicidad mínima que establece la ley.
La administración central suele quejarse de sus limitaciones ante competencias delegadas a las Comunidades Autónomas, lo que colisiona claramente con lo establecido en la Constitución española, que establece como competencia exclusiva del Estado garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos.
La protección jurídica de los derechos humanos de los menores, en particular de aquellos “con trastornos de conducta o en situación de dificultad social”, está en peligro porque no existen normas mínimas comunes compatibles con el interés superior de los menores y que puedan ser exigibles en todo el territorio español.
Las autoridades estatales y autonómicas muestran más preocupadas por su propia imagen que por una revisión seria de la normativa, políticas y acciones institucionales aplicadas. En sus intervenciones y declaraciones públicas, algunas autoridades autonómicas han llegado a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social.
Fuente | Amnistía Internacional.