Todos sabemos (aunque se nos olvida a menudo) que el agua es un bien escaso y muy valioso, pero también hemos oído miles de veces que se pierde una gran cantidad simplemente distribuyéndola de un lugar a otro (filtraciones, evaporación, roturas…). Pero bueno, hoy no voy a hablar de agua, ni de riego, sino de pensiones. Pero de pensiones que se cobran después de haber muerto.
¿Faltan controles en el pago de las pensiones?
¿Se están pagando pensiones a fallecidos? ¿Quién dice la verdad sobre este asunto?
Todo apunta a que el mantenimiento de las pensiones (como el del agua) es cada vez más precario e ineficaz, pero paradójicamente también nos hemos dado cuenta en los últimos años de que Hacienda (ya sé que las pensiones no son cosa directa de ellos) cada vez dispone de más datos nuestros, de lo que consumimos en luz, de si estamos de alquiler, si hacemos algo por internet, nuestras cuentas bancarias, movimientos de efectivo… Todo, para buscar cómo esquilmarnos un poquito más cada día. Pues bien, precisamente con tanto control, tanto dato circulando y analizándose, con tanto ordenador de última generación para tenernos vigilados, ¿cómo es posible que se sigan pagando pensiones a gente que ya ha fallecido?
Parece ser que durante el año 2014, la Seguridad Social ha estado pagando casi treinta mil pensiones de más. Más de veinticinco millones de euros al mes evaporados. Y en 2015 la cosa no parecía solucionada porque aún había cerca de 28.000 muertos vivientes.
¿Se puede ser más ineficaz? ¿Me quieren hacer creer que un dato tan simple como el fallecimiento de una persona no se puede «cruzar» con los datos de la Seguridad Social al instante en pleno siglo XXI?
Es tan ridículo como que el Instituto Nacional de Estadística que tiene un control sobre estos fallecimientos, envía mensualmente a la Seguridad Social los datos de las defunciones, pero afirman que no tienen desarrollado un protocolo de actuación para su correcta grabación.
Claro que la Seguridad Social desmiente la noticia y afirma que si en algún momento se abona un importe indebidamente, se procede a su reclamación.
El Tribunal de Cuentas afirma lo contrario…
¿Quién dice la verdad?
Ramón Cerdá