El Gobierno ha actualizado hoy, en el Consejo de Ministros, las pensiones para 2022, que suben un 2,5% conforme al IPC medio comprendido entre los meses de diciembre de 2020 y noviembre de 2021 según se acordó en la reforma de las pensiones aprobada con el voto en contra del Partido Popular. Las pensiones mínimas, no contributivas y el ingreso mínimo vital se incrementan un 3%. Como ajuste adicional, la nómina de los pensionistas se incrementa en un 1,6%, ya que el 0,9% que decretó el Gobierno para 2021 se quedó muy lejos de la media final del IPC. Pese a todo, un 51% de las pensiones se sitúan muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Gasto (del lat. vastare, devastar) significa: "Acción y efecto de gastar, es decir, emplear el dinero en algo". Se considera gasto público el que, por todos los conceptos, realizan las Administraciones Públicas conforme a las obligaciones contraídas en sus respectivos presupuestos. El capítulo de gasto social es la parte del gasto público destinado directamente a la redistribución de la riqueza en la sociedad: pensiones, sanidad, educación, etc. Es, por tanto, un gasto virtuoso.
En su despiadado ataque al gasto social, y en concreto al sistema público de pensiones, el neoliberalismo ha construido un galimatías discursivo con el objeto de confundir a la opinión pública. De forma que el gasto social es presentado como un dinero que se sustrae a la economía general por la vía impositiva para después convertirlo en humo no productivo. Un análisis torticero, pues gastar dinero del presupuesto público en medidas de protección social no significa tirarlo a la basura, sino invertirlo en el mantenimiento de la sociedad.
Los trabajadores empleados en servicios no comerciales producen verdaderos valores de uso tanto si trabajan en el mantenimiento de la viabilidad de las carreteras como si lo hacen prodigando cuidados a los enfermos. ¿Por qué razón si una clínica privada se considera un negocio productivo no habría de serlo un hospital público?
El gasto que el Estado realiza en materia de sanidad, educación u otros servicios públicos se destina, en primer lugar, a pagar los salarios de los profesionales que los atienden. Y con esta remuneración dichos trabajadores acuden al mercado general de bienes y servicios, cuya oferta se halla en manos de la iniciativa privada, que obtiene su correspondiente cuota de beneficio. Por otra parte, las administraciones públicas realizan gastos: algunos son simples compras a empresas privadas —como la construcción de una carretera— los otros corresponden a bienes no comerciales.
De este modo, las administraciones públicas realizan desembolsos que no son lucrativos como los de la empresa privada, sino que, atendiendo a las necesidades sociales, invierten, contratan y las impulsan. Muchas industrias obtienen pingües beneficios a cuenta del gasto efectuado por la sanidad pública. Ahí tienen a las compañías farmacéuticas, que en el curso de esta desgraciada pandemia se han forrado literalmente con las ventas supermillonarias de vacunas contra el Covid.
Lo que distingue fundamentalmente un gasto de una pérdida es precisamente la contraprestación, ya que en el caso de las pérdidas no obtenemos nada a cambio de la salida de dinero, pero sí perdemos dinero o dejamos de recibirlo, mientras que con el gasto recibimos algo a cambio. En concreto, con el gasto social, en primer lugar, se aumenta el Bienestar General de la población. En segundo lugar, se dinamiza la economía a través del flujo circular de la renta.
Cuando se habla de pensiones hay que dejar de referirse a ellas como un gasto. Pues los pensionistas no hacen desaparecer su dinero del conjunto de la economía del país arrojándolo por un sumidero entrópico. Eso, en todo caso, es lo que hacen los evasores de impuestos, ya sean particulares o grandes corporaciones. Por el contrario, en el caso de los jubilados, el dinero de sus pagas es devuelto al sistema económico circular en forma de consumo inmediato: comenzando por la alimentación y mantenimiento del hogar y terminando, en los casos que pueden permitírselo, en actividades de ocio.
Y si no, pregunten a los profesionales de la hostelería, siempre deseosos de recibir la visita de los jubilados a sus establecimientos. Pregunten también al oligopolio de suministradores de gas y electricidad que pasa puntualmente los recibos de la energía a todos los hogares, aunque en las viviendas de jubilados más humildes sufran la pobreza energética.
Tristes voceros del neoliberalismo: dejad de contar cuentos macabros. Las pensiones no son un gasto sino una forma eficaz de redistribución de la riqueza nacional. Una redistribución solidaria, puesto que durante los momentos más crudos de la última crisis originada por la delincuencia financiera, a menudo, la pensión del abuelo era el único ingreso que había en muchos hogares. A la vez que una redistribución imperfecta desde el momento en que en la caja de reparto sólo entran las aportaciones de los trabajadores, que en el caso del gran precariado juvenil tienen poco que aportar con sus sueldos de miseria.
Por otro lado, no hay que olvidar que la mayor parte de los pensionistas españoles percibe unas pensiones demasiado bajas. Un 51% de las pensiones tienen una cuantía muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Fuente: 65 y más
Estos pensionistas gastan su paga íntegramente en comprar alimentos y un modesto consumo energético destinado a cocinarlos y caldear la vivienda durante la época de frío invernal. O sea, retornando su dinero a las cajas de la industria alimentaria y energética. Un tipo de pobreza característico de las sociedades occidentales es la pobreza energética, consistente en la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura a un precio justo.
Incrementar la paga de los pensionistas más humildes, no sólo es un imperativo moral. También es un signo de astucia económica, pues incrementa el consumo de estos pensionistas dinamizando la economía general del país. La cicatería de espíritu lleva a olvidar el principio económico de la utilidad marginal. Ésta crece más rápidamente en el caso del individuo pobre, puesto que, para él, una unidad monetaria adicional significa mucho más de lo que supone para un rico. Hablando coloquialmente esto puede expresarse diciendo que "un euro en el bolsillo de un rico compra menos que un euro en el bolsillo de un pobre". Para un rico, un euro añadido a su renta habitual apenas tiene poder adquisitivo, pues no da para comprar un Vega Sicilia o un Château Lafite Rothschild. Mientras que, para una persona en situación de necesidad, un euro más significa poder comprar una barra adicional de pan. Con cuya adquisición inyectar de nuevo ese euro en el sistema económico.
Con la actualización anunciada hoy por el Gobierno, la pensión mínima de jubilación para una persona con 65 años, sin cónyuge a cargo, será de 721 euros mensuales. Muy lejos del Salario Mínimo Interprofesional, al que, en justicia, deberían equipararse estas prestaciones. Esperemos que no por la vía de bajar el SMI, como ha prometido Pablo Casado, ese desastre político que lo es incluso para su propio partido, al que ha convertido en un apéndice de la extrema derecha.