A principios del siglo pasado y tras las guerras de Cuba y Marruecos, el Gobierno de España había perdido prestigio. Hubo una serie de gobiernos que fracasaron en su cometido y, durante el gobierno liberal de Manuel García Prieto, hubo un golpe de estado por parte del General Primo de Rivera en 1923, el cual fue aplaudido por el rey Alfonso XIII, abuelo del actual monarca Juan Carlos I. La implantación de la Dictadura de Primo de Rivera es inseparable de la crisis del liberalismo (1917-1923), que se había mostrado incapaz de regular las demandas crecientes de participación política procedentes de una sociedad cada vez más moderna y de masas. Como en muchos países europeos del momento, la respuesta a estas demandas fue autoritaria: asunción de un poder personal, limitación del acceso a la política y, al tiempo, reorganización de la sociedad según el modelo corporativista que propugnaba la intervención del Estado en la solución de los conflictos de orden laboral, mediante la creación de corporaciones profesionales que agruparan a trabajadores y empresarios. El proceso seguido para implantar la Dictadura fue relativamente sencillo: pronunciamiento, acceso al poder y acción política desde el Gobierno. Así se combinaron en el régimen el pretorialismo militar, las ansias de regeneración y la crisis del liberalismo político.
Primo de Rivera
Pero la caída de la Dictadura de Primo de Rivera iría seguida de cerca del fin de la Monarquía. El breve periodo que va desde enero de 1930 a abril de 1931 es una especie de prolongación del sexenio de la crisis española de 1917 de la que entonces salieron reforzados tanto el papel del rey como el del ejército en la vida pública, si bien en 1930 la necesidad sentida del cambio constitucional se orienta esta vez en el sentido republicano. Políticos republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se ponen de acuerdo en una estrategia y objetivos comunes, el llamado Pacto de San Sebastián, para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la II República Española.
En el otro lado, el rey Alfonso XIII había perdido el apoyo de los sectores acomodados y de las clases medias y, además, los partidos Conservador y Liberal estaban desorganizados. Ante la necesidad de convocar elecciones, se creyó prudente comenzar por las municipales. El 12 de abril de 1931 el resultado electoral dio un claro triunfo en las grandes ciudades a la coalición Socialistas y Republicanos. En las ciudades el voto republicano superó de manera aplastante al voto monárquico, ya que en éstas los ciudadanos podían votar de forma más libre. Sin embargo, en las pequeñas poblaciones, aún controladas por caciques y terratenientes, los campesinos eran presionados por éstos para que votasen a la opción monárquica. Aun así, el voto de los partidos republicanos, en el global, fue superior a la opción monárquica.
Alfonso XIII
El rey Alfonso XIII tras conocer la victoria de los partidos republicanos abandona el país. No lo hizo, como se ha escrito en la mayoría de los libros de Historia por amor a España y para salvar a España de una guerra civil: la realidad fue que el rey tuvo miedo de correr la misma suerte que el zar Nicolás II. El rey huyó despavorido dejando atrás incluso a su mujer, quien tomó otro camino ya que el rey partió de Cartagena en un barco rumbo a Marsella y el resto de la familia marchó en tren a Francia.
Fue así como el 14 de abril de 1931 se proclama la II República Española. Dicha proclamación tuvo lugar primero en la ciudad de Eibar, luego en Valencia y Barcelona, así hasta que finalmente tuvo lugar en Madrid. El pueblo lo celebró a lo grande, ya que veía el fin de tantos años de sufrimiento y miseria. Una vez establecido el Gobierno de la II República, una ley de 26 de noviembre de 1931 aprobada en las Cortes, acusaría al rey Alfonso XIII de alta traición. Como dijo el ilustre Valle-Inclán: “los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey, sino por ladrón”. El monarca fue degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos los cuales no podría ostentar ni dentro ni fuera de España. Además, no podría reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores. De la misma forma, se incautaron todos sus bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encontraban en territorio nacional.
Niceto Alcalá-Zamora
Una vez proclamada la II República el 14 de abril de 1931, se formó un Gobierno Provisional compuesto por conservadores y progresistas, el cual tuvo la difícil tarea de iniciar un proceso constituyente que garantizase los derechos y libertades que el pueblo había exigido con su voto para un sistema republicano. El primer Presidente de la II República fue Niceto Alcalá-Zamora. Finalmente, en junio de 1931 tuvieron lugar las elecciones a las Cortes Constituyentes en un ambiente de relativa tranquilidad. Las urnas dieron una clara mayoría a la coalición republicano-socialista. La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1931 reflejó las ideas de la mayoría.
Manuel Azaña
Fueron varios los Gobiernos que se sucedieron a partir de 1931 ya que había una inestabilidad política muy fuerte por varios factores. Aún estaba presente la crisis mundial procedente del crack de 1929 y también las diferencias entre progresistas y conservadores a ello contribuyeron. De 1931 a 1933 la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país. Desde 1933 a 1935, período llamado por las izquierdas “bienio negro”, gobernó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el parlamento por la derecha católica de la CEDA, liderada por José María Gil-Robles, que pretendió “rectificar” las reformas de Manual Azaña. Durante este bienio se produjo la insurrección socialista conocida como Revolución de Octubre de 1934, que en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social, y que finalmente fue sofocada por el gobierno con la intervención del ejército.
Alejandro Lerroux
La “Revolución de Octubre” hizo aumentar en la derecha su temor a que en un próximo intento la “revolución bolchevique”, como ellos la llamaban, acabara triunfando. Esto acentuó su presión sobre su socio de gobierno, el Partido Radical, lo que no dejó de producir crecientes tensiones entre el centro-derecha republicano y la derecha católica de la CEDA, jaleada desde fuera por la derecha monárquica y por los fascistas. Y, en última instancia, la “Revolución de Octubre” convenció a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el “giro autoritario” que el régimen necesitaba. La derrota de la “Revolución de Octubre” había mostrado el camino: bastaba con provocar continuas crisis de gobierno para avanzar posiciones.
José María Gil Robles
La crisis más grave que provocó la CEDA se produjo a principios de abril de 1935, cuando los tres ministros de su partido se negaron a aprobar la conmutación de la pena de muerte de dos de los dirigentes socialistas de la “Revolución de Asturias”. Lerroux buscó una salida formando un gobierno que dejara fuera a la CEDA, pero el gobierno que formó no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar, lo que le obligó finalmente a aceptar las exigencias de la derecha: la CEDA pasaría de tres a cinco ministros, uno de ellos su propio líder, José María Gil Robles, que exigió para sí mismo el Ministerio de la Guerra. Así, en el nuevo gobierno de Lerroux, formado el 6 de mayo de 1935, la mayoría ya no la tenían los republicanos de centro-derecha, sino la derecha no republicana (la CEDA y el Partido Agrario).
Ante estos hechos, Manuel Azaña, líder de los republicanos de izquierda, propuso la vuelta a una alianza republicano-socialista y de esta forma se creó una coalición de izquierdas formada por el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Republicana. Esta coalición, llamada Frente Popular, se propuso llevar a cabo políticas sociales que beneficiasen a la clase trabajadora la cual necesitaba urgentemente medidas proteccionistas. La burguesía, en general, la Iglesia Católica y la aristocracia sabían que si el Frente Popular gobernaba ellos saldrían muy perjudicados.
Por otra parte, uno de los acuerdos pactados entre los cuatro partidos que formaban el nuevo gobierno de Lerroux (CEDA, Partido Agrario, Partido Republicano Liberal Demócrata y Partido Republicano Radical) formado en mayo de 1935 fue presentar un proyecto de “revisión” de la Constitución, que era el punto más importante del programa de la CEDA. A comienzos de julio de 1935 llegaron a un principio de acuerdo y Lerroux presentó en las Cortes un anteproyecto que proponía el cambio o la supresión de 41 artículos, pero los debates se eternizaron porque el anteproyecto no satisfacía plenamente a ningún partido.
Joaquín Chapaprieta
Estas desavenencias sobre el alcance de la reforma de la Constitución y la cuestión de la devolución a la Generalidad de Cataluña de algunas de las competencias que habían sido suspendidas con motivo de la “Revolución de Octubre” abrió una crisis en el gobierno. Lerroux fue sustituido en la presidencia del ejecutivo por un hombre de confianza del Presidente Alcalá-Zamora, el financiero liberal Joaquín Chapaprieta, que mantuvo la alianza radical-cedista, con Lerroux y Gil Robles en el gobierno. Pero este gobierno, formado el 25 de septiembre, se vio afectado por el estallido del “escándalo del estraperlo”, que provocó la salida del gabinete de Lerroux y del resto de ministros radicales, y más tarde por el “asunto Nombela” que constituyó el golpe definitivo para el Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría.
Manuel Portela Valladares
El hundimiento de los radicales convenció a Gil Robles de que había llegado el momento de poner en marcha su estrategia para alcanzar el poder y, con el pretexto de su desacuerdo con el proyecto de reforma fiscal, retiró su apoyo al gobierno de Chapaprieta, exigiendo para sí mismo la presidencia del Gobierno. Pero el Presidente de la República, Alcalá-Zamora, se negó a dar el poder a una fuerza “accidentalista” que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza. Manuel Portela Valladares, el 15 de diciembre, formó un gabinete republicano de centro-derecha excluyendo a la CEDA, pero pronto se comprobó que esta opción no contaba con el suficiente respaldo en las Cortes y al final, Alcalá-Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero y convocó elecciones generales para el 16 de febrero de 1936. El Frente Popular de Manuel Azaña obtuvo más del 60% de los votos, obteniendo una mayoría absoluta clara.
La población española había expresado democráticamente su deseo de tener un gobierno de izquierdas y esperaba que se respetase esa decisión. Pero la derecha ya estaba preparada para llevar a cabo un golpe de estado y así lo hizo. Fueron años de conspiraciones, intentos de sublevación, asesinatos y de provocar terror. Incluso, pudieron infiltrar en el Gobierno a personajes que luego fueron clave en el golpe de estado que se llevó a cabo poco tiempo después. Así, en 1935 fue nombrado Jefe del Estado Mayor un militar procedente de la guerra de Marruecos de nombre Francisco Franco, y que desde dentro del Gobierno pudo campar a sus anchas para preparar la conspiración golpista.
Mientras tanto, Alfonso XIII, desde el exilio, buscaba apoyo en Italia pidiéndole al mismo Mussolini que le ayudase a reinstaurar la Monarquía en España y éste aportó dinero y armamento para poder combatir contra el Gobierno democrático de la República. A dicha conspiración se había sumado también la ultraderecha española encuadrada en un partido que años antes había fundado José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador que había dado el golpe de estado durante el reinado de Alfonso XIII. Dicho partido se llamaba Falange. En Alemania e Italia los fascistas gobernaban y esta conspiración en España tuvo el apoyo de ambos países.
El 18 de julio de 1936 se llevó a cabo el golpe de estado liderado por Francisco Franco, el cual tuvo éxito en algunas provincias y fracasó en otras. Ante el poder militar que obtuvieron los golpistas con la ayuda económica y en armamento por parte de la aristocracia española más la ayuda desde el extranjero se originó una guerra civil que duró hasta 1939, derrotando al régimen republicano e imponiendo una dictadura fascista durante 40 años.
Hay datos que hablan de cientos de miles de muertos durante la guerra. Algunos de ellos personajes ilustres de la cultura española, como Federico García Lorca o Miguel Hernández, que fueron asesinados por la ultraderecha española porque apoyaban al Gobierno democrático de la República. Una vez terminada la guerra, muchos republicanos se exiliaron en Francia y después en otros países, como por ejemplo Méjico, donde el Presidente Lázaro Cárdenas dio asilo y nacionalidad a todas aquellas personas que lo pidieron. Franco tomó el control del país imponiendo una dictadura fascista la cual, siendo intolerante y represiva, siguió fusilando a muchos republicanos una vez acabada la guerra. Estos crímenes se llevaban a cabo de forma indiscriminada y aún siguen enterrados en fosas comunes aquellas víctimas del régimen fascista.
Durante la guerra, el hijo de Alfonso XIII y padre del actual monarca, Juan de Borbón, quiso unirse al ejército golpista para derrotar a la República y restaurar la Monarquía de nuevo en España, pero Franco se negó a que lo hiciese porque tenía planes dictatoriales y no lo consideró oportuno. Ya ejerciendo Franco de Jefe del Estado como dictador constituyó a España como Reino, pero quedando él como Jefe del Estado y, el 7 de abril de 1947, aprobó la Ley de Sucesión con la cual quedaba al mando y solo él nombraría a su sucesor.
Juan de Borbón
Fue así como el 25 de agosto de 1948 Franco se reunió con Juan de Borbón para comunicarle su decisión de nombrar sucesor en la Jefatura del Estado al hijo de éste, a Juan Carlos. Franco requirió que Juan Carlos, que había nacido en Roma, se trasladase a España para formarlo bajo las bases del régimen fascista. Juan Carlos se trasladó a España y comenzó su formación, tanto militar como política, bajo la supervisión de Franco. Juró en varias ocasiones su lealtad al Movimiento Nacional dirigido por Franco e incluso en alguna entrevista de televisión declaró que sentía una profunda admiración por el entonces dictador, incluso mencionándolo como el salvador de la Patria. Poco más se sabe de los movimientos que llevó a cabo Juan Carlos durante la Dictadura de Franco, ya que el régimen manipulaba la información a su antojo.
El 20 de noviembre de 1975 Franco moría en el Hospital de La Paz de Madrid y Juan Carlos, al día siguiente, tomaba posesión de la Jefatura del Estado como Rey de España. Había mucha incertidumbre sobre lo que sería el reinado de Juan Carlos I, ya que muchos no apostaban por él. Ni la ultraderecha, que buscaba otro golpe de estado ni la izquierda, que tenía una oportunidad de oro para reinstaurar la República derrocada ilegalmente.
Juan Carlos tenía bien claro esto, y fue así como previo pacto con empresarios, países extranjeros como Estados Unidos, Alemania y otros llevó a cabo el inicio de un proceso transitorio para pasar de la dictadura a la democracia, pero manteniendo su reinado. Nunca dio oportunidad a los españoles para que decidiesen si querían un régimen monárquico o una república. Para ello tuvo que pactar con los líderes de los partidos políticos que permanecían en la clandestinidad y les ofreció legalizarlos, participar en grandes pactos empresariales y ofrecerles herramientas para tener poder económico. Pero, a cambio, debían reconocer a la Monarquía como legítima y no meterse en los asuntos reales. Partidos como el mismo PSOE y el Partido Comunista, que eran de tradición republicana, aceptaron las reglas de juego que les ofreció el monarca y a la Monarquía como régimen político. Así fue como se desvaneció la oportunidad, a finales de los años 70, de reinstaurar un régimen republicano que fue derrocado por la fuerza. La aprobación que hicieron estos partidos políticos fue considerada como una auténtica traición a la lucha por la libertad. La decisión de sus líderes, que bien pudo haber sido comprada de muchas maneras, sobre todo económicamente, hundió las posibilidades de recuperar la justicia para todos los ciudadanos, pues durante la guerra se cometieron miles de crímenes que la Ley de Amnistía, no obstante dejar libres a todos los presos políticos que había en las cárceles, perdonó, consiguiendo que dichos crímenes no fueran investigados ni juzgados.
Para llevar a cabo todos estos cambios era necesario redactar una Constitución que el pueblo aprobase y así poder tener sustento legal para mantener a la Monarquía en el poder. Los ciudadanos españoles, cansados de tantos años de dictadura y viendo como los partidos políticos de los cuales eran simpatizantes daban la aprobación a dicha Constitución, participaron en la votación que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1978 y la aprobaron por mayoría. Dicha Constitución deja claro que el sistema político en España es la Monarquía Parlamentaria y que el rey Juan Carlos I es el Jefe del Estado y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También dice que la figura del rey es inviolable ante la Justicia, o sea, que tiene impunidad para hacer lo que le plazca y no ser juzgado.
El ambiente político en España era de crispación ya que la ultraderecha, que no estaba de acuerdo con la legalización de los partidos políticos de izquierda y consideraba al Rey como un traidor al Movimiento franquista, provocaba altercados en las calles e incluso llegó a asaltar un bufete de abogados en Madrid asesinando a varios abogados laboralistas que trabajaban en él. La popularidad del monarca fue decayendo y había voces que pedían su destitución. Unos, amenazando con dar un golpe de estado fascista y otros, por otro lado, hablando de reinstaurar la República. Así fue como el 23 de febrero de 1981 hubo un golpe de estado. Varios guardias civiles entraron en el Congreso de los Diputados armados y retuvieron a todos los congresistas dentro del edificio. El ejército se mantuvo a la espera de las órdenes de su jefe supremo, o sea, del Rey. Sin embargo, éste guardaba silencio misteriosamente hasta que, pasadas muchas horas, intervino en televisión para decir que había pedido reestablecer el orden militar. Todos consideraron al Rey como un héroe, ya que pensaron que había parado el intento de establecer otra dictadura y así, su popularidad aumentó. Pero años más tarde personas muy cercanas al Rey declararon que éste estuvo detrás del golpe de estado para conseguir hacer subir su popularidad.
Cada vez más historiadores, investigadores y testigos directos están desvelando que fueron el propio rey Juan Carlos, su ayudante Alfonso Armada (secretario general de la Casa Real) y el dirigente socialista Enrique Múgica (PSOE) quienes urdieron un “gobierno de concentración” para derrocar al entonces Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. El coronel Martínez Inglés incluye en su libro “La transición vigilada” retirado del mercado, las únicas declaraciones del general golpista Milans del Bosch sobre esos acontecimientos: “El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar un proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada”. Asimismo, el periodista Jesús Cacho también investigó este asunto en el libro “El negocio de la libertad” y concluye que el rey participó en el golpe del 23-F mencionando un informe escrito y firmado de puño y letra por el general Armada que lo confirma.
Otros tres testigos más, los coroneles Diego Camacho y Alberto Perote, junto con el propio jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, despedido por el rey porque no admitía las continuas tropelías del monarca y se las recriminaba, han dejado testimoniado lo que saben. El coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le obedecía. El coronel Alberto Perote, también del CESID, que vivió en directo todo el asunto, dijo al ser preguntado por qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido: “Armada habría salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.
Fueron pasando los años y hubo gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular ambos haciendo políticas neoliberales privatizando empresas públicas y, a cambio, metiendo a miembros de sus partidos en ellas. Sin embargo, ningún Gobierno se atrevió a investigar los crímenes cometidos durante la Dictadura. Finalmente, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero dio paso a una Ley de Memoria Histórica donde permitía a los familiares de los asesinados por el franquismo localizar a sus desaparecidos y trasladar sus restos a lugares dignos. Pero esta Ley no permite investigar sobre los que cometieron los crímenes y estos asesinos hoy aún siguen impunes.