Según una información del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la denuncia se interpuso el 21 de diciembre por los delitos de abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la constitución de la república.
En la sede del Ministerio Publico y mientras presentaba el escrito, Claudia Mendoza, dirigente del colectivo, dijo que "ese día fuimos salvajemente golpeadas", al tiempo que detalló que la denuncia es un acto de justicia.
El escrito señala a Porfirio Lobo Sosa, presidente de la República de Honduras, al general René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, y todos aquellos funcionarios y militares que participaron en ese acto.
El 13 de diciembre, más de 50 periodistas y comunicadores sociales fueron reprimidos con toletes y bombas lacrimógenas por elementos de la Guardia de Honor Presidencial cuando llegaron hasta la Casa Presidencial con el propósito de leer un pronunciamiento donde se condenaba el estado actual de impunidad sobre los casos de periodistas asesinados en el país, así como la violación constante a la libertad de expresión.
Al día siguiente del suceso, el presidente del "gobierno humanista y cristiano", Porfirio Lobo Sosa, justificó las acciones de la guardia presidencial, manifestando: "aquí somos demasiados permisivos, mas bien, en otros lugares no dejan ni que a dos cuadras se acerque nadie a la casa de gobierno o más distancia es natural . . . Así que lo siento mucho, lo lamento por los amigos periodistas, pero aquí en Honduras nadie tiene inmunidad. El que venga aquí en paz, en paz lo vamos a recibir, el que venga violento, pues tenemos que controlarlos, porque los violentos hay que controlarlos, pero siempre con el respeto que se pueda".
Por su parte, el general René Osorio aseguró que los militares fueron "muy benevolentes" al propinar golpes y lanzar gases lacrimógenos durante la represión hacia las comunicadoras sociales.
El colectivo de periodistas Por la Vida y la Libertad aseguró que, debido a la magnitud de las declaraciones de ambos personajes, solicitarán en los próximos días medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las periodistas demandantes son:
1. Sandra Marybel Sánchez Escoto
2. Claudia Dinora Mendoza Padilla
3. Eleana Borjas Coello
4. Petrona Elizabeth Sierra Rodas
5. Yolanda Divina Alvarenga Isaula
6. Olga Iris Mencia Barcenas
7. Miriam Grizel Elvir Mejía
8. Fabiola Clementina Budde Castro
9. Claudia Dineyra Elvir Mejía
10. Wendy Corolina Fúnez Godoy
11. Thirzia Karina Gáleas Nuñez
12. Miriam Amaya Medina
13. Signy Paollete Pérez Fiallos
14. Gilda Silvestrucci Rivera
15. Alba Azucena López Vallecillo
Fuente: IFEX/Periodistas en Español