Un tribunal de Bakú ha condenado al periodista azerbaiyano Eynulla Fatullayev a dos años y medio de prisión por posesión de drogas. Amnistía Internacional cree que los cargos contra él han sido fabricados y ha condenado la sentencia, a la que considera un ultimo intento de silenciar sus informes críticos con el Gobierno.
Andrea Huber, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional ha declarado que “las autoridades de Azerbaiyán han demostrado que están dispuestas a llegar a cualquier extremo para mantener en silencio a las voces críticas”.
El tribunal además ordenó que la condena empezase a contar desde el día en que se dictó, obviando los días que Fatullayev pasó en el dentro de detención de investigación en espera de juicio.
Su abogado, Isakhan Ashurov, declaró a Amnistía Internacional que eso significa que la pena real es de tres años y siete días y supera la pena máxima posible en el marco del artículo del Código Penal por el que Fatullayev fue condenado.
También denunció que el proceso había sido injusto, con violaciones en cada etapa del mismo, incluyendo testimonios contradictorios de los testigos de cargo y plagado de irregularidades en el procedimiento mediante el que se realizó la búsqueda por los guardias de la prisión en la que supuestamente se encontraron las drogas en posesión de su defendido. Además se basó en un análisis de sangre realizado en un laboratorio controlado por el Estado.
En su informe sobre derechos humanos en Azarbaiyán del 29 de junio, Thomas Hammarberg, Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, dictaminó que “la libertad de expresión es restringida en el Azerbaiyán y que son necesarias grandes mejoras” y exigió que aquellas personas que son encarceladas a causa de sus diferentes puntos de vista, como Eynulla Fatullayev, “deben ser liberados inmediatamente”.
Fatullayev ya fue condenado a ocho años y medio de prisión por cargos de terrorismo, difamación, incitación al odio racial y evasión de impuestos. La condena fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró que aquel juicio celebrado en 2007 violó su derecho a la libre expresión, lo trató injustamente y que “no había ninguna justificación para la imposición de una pena de prisión”.