El ministro Miguel Arias Cañete ha cometido una grave torpeza que empezarán a pagar a finales de este mes de mayo los pescadores españoles, al quedarse sin muchos barcos y caladeros.
Cañete se vanaglorió públicamente de algo estrictamente prohibido: presionar a la Comisión Europea en defensa de los intereses españoles, en este caso de sus pescadores. Todos los países lo hacen, pero en secreto y sin vanaglorias.
El caso nació esta primavera con unas cartas de la vicepresidenta y comisaria española Loyola de Palacio, al comisario de agricultura y pesca, el danés Franz Fischler. De Palacio le pedía que reconsiderara el nuevo plan de la UE para reducir la pesca y las flotas pesqueras, que afecta gravemente a pescadores y consumidores españoles.
Fischler accedió al retraso y se prestó a alguna reconsideración. Fue entonces cuando Arias Cañete se vanaglorió de que su Gobierno había bloqueado el plan Fischler con esta y otras presiones sobre la Comisión.
Inmediatamente llegó la denuncia de las organizaciones ecologistas WWF y Greenpeace, impulsoras del proyecto de Fischler para reducir la pesca porque, afirman, los caladeros, especialmente en el Atlántico Norte, están agotados.
Ahora, todos se tiran los papeles y las declaraciones en Bruselas, Estrasburgo y Madrid: conservadores, socialistas, verdes, los parlamentarios europeos y los comisarios entre sí.
Fischler, harto, ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa y afirma que a finales de mayo presentará su plan, puro y duro como era inicialmente.