En España todavía existe un número significativo de trabajadores sin el debido contrato de trabajo que manda la Ley, siendo los más afectados como siempre las empleadas del servicio doméstico, los de la construcción y la agricultura.
Los datos están recogidos en las últimas memorias del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), en la que se afirma que el 54,4% del colectivo inmigrante están empleados en la economía sumergida, frente al 27,39% de 2006.
El CITE asegura que esta situación no sólo ha afectado a los sin papeles, sino también a las personas que se encuentran legalmente en España y cuentan con autorización para trabajar en este país.
De acuerdo a este informe, la irregularidad afecta más a los hombres que a las mujeres, debido a que muchos pierden su residencia por trabajo por motivos administrativos o por la falta de cotización a la Seguridad Social.
Dentro de las nacionalidades más perjudicadas, están los bolivianos, seguidos de los marroquíes y los senegaleses, siendo los marroquíes los más afectados por el paro, y aunque los inmigrantes procedentes de Bolivia tienen mayor irregularidad administrativa, les afecta menos el desempleo.
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