La oposición no existe, en este que se supone debería ser un contrapeso, está completamente controlada por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona y se viven tiempos de un sometimiento casi absoluto del poder legislativo. Para eso cuenta con su operador José Luis Fernández y que mantiene bajo su poder la Junta de Coordinación Política, donde se manejan los principales acuerdos para repartirse el dinero y apoyos públicos.
En agosto de este año la mayoría de diputados aprobaron el dictamen para no sancionar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por haber violado la veda electoral durante el proceso de Revocación de Mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tal como también pasó en la pasada legislatura donde tampoco el congreso pudo sancionar al ex alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez (padre del actual mandatario estatal).
No existe una sola voz dentro del congreso que denuncie la corrupción y los sucios acuerdos que ahí se hacen.
Alejandro García, ex vocero del partido verde estuvo como oficial mayor nueve meses y fue obligado a dejar el cargo, luego de descubrirse millonarios pagos por laudos laborales, que extrañamente siempre perdía el congreso.
La diputada plurinominal Gabriela Martínez de inmediato mostró su intolerancia, cuando se descubrió que varios de sus asesores en lugar de asistir a trabajar a eventos oficiales, con pruebas se detectó que realmente realizaban trabajos para su esposo el ex diputado local y ex candidato al gobierno estatal José Luis Romero pero han sido pagados con dinero público.
Siguiendo los consejos y el estilo de Romero Calzada, soltó en cólera y realizó una denuncia penal por supuesta «difamación» a esta organización y luego, su agresivo esposo en un video amenazó al vocero de Ciudadanos Observando. Ninguna de sus intinmidaciones lograron su objetivo y solo demostró el tipo de legislador que es Gabriela Martínez, que se mantiene enfrentada con periodistas y empleados del congreso por su conocida prepotencia.
Los actuales diputados locales engañaron a la gente, prometiendo que se bajarían un diez por ciento su insultante sueldo que era de 104 mil 500 pesos, pero de forma mañosa y a propuesta de José Luis Fernández se revivió un bono de gasolina, el cual reparte 333 litros entre varios diputados, apesar en sus percepciones mensuales que son de 94 mil pesos netos, ya existe un bono por 8 mil pesos para gasolina. Es decir se disminuyen un 10% pero por otra parte se aprueban repartir 94 mil pesos mensuales en vales de gasolina.
El priista de toda la vida Mauricio Ramírez Konishi dio la nota en diciembre del 2021, tras 26 años de militancia renunció al PRI y se fue a Movimiento Ciudadano.
La organización Congreso Calificado realizó en este primer año cuatro evaluaciones, donde la mayoría de legisladores ha estado reprobando y demostrando su poca productividad. Y por si algo faltara, se descubrió que la diputada de Movimiento Ciudadano Emma Saldaña se fusiló hasta con puntos y comas, la Ley de Cultura de Paz de Jalisco y la presentó como propia aquí en San Luis Potosí.
Y la cereza en el pastel de está cuestionada legistura, fue descubrir que alguien al interior, presuntamente falsificó la firma de la ex diputada local Sonia Mendoza, esto con el con el fin de proteger a un ex asesor del ex diputado de Morena Edson Quintanar que recibía pagos por 63 mil pesos sin contar con un contrato avalado por la presidenta de la mesa directiva que en ese momento era Sonia Mendoza.
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