Tras darse a conocer la firma de los diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas, el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolores López Domínguez” (CIOAC-JDLD) expresó que la emisión de estos decretos es un retroceso para el país ya que con estas medidas se van a liberar alrededor de 50 mil derechos de uso de agua, de ejidos y comunidades, que ya han caducado; y seguramente se van a privatizar.José Dolores López Barrios, recordó que las vedas de agua se emitieron para prever un problema de escasez de ese recurso en determinadas regiones. “Con los actuales decretos se otorgarán concesiones a actores privados por 50 años y estos podrán realizar transferencias de agua de una región a otra”.Por lo que informó que desde la CIOAC-JDLD hacen un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto, para que sean derogados los diez decretos que eliminan la protección sobre 300 grandes cuencas hídricas de las 757 que existen en el país. Exhortó a las demás organizaciones campesinas a sumarse a este llamado, "el Presidente de la República es el único que tiene las facultades para decretar las vedas de agua por causas de interés público". Asimismo, solicitó se revisen los derechos de uso de agua de ejidos, de pueblos rurales, urbanos y comunidades indígenas ya caducados, para que de acuerdo a cada necesidad se puedan reactivar con programas específicos, que favorezcan a la mayoría de este sector.Lolo López, subrayó que nuestro país sufre de creciente estrés hídrico, sobre todo, en las regiones del norte y del centro, por lo que dichos decretos le dan facultades a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para otorgar concesiones de uso de agua a compañías de diversos sectores, entre ellos de la minería, de fracking, de la industria de refrescos y cervezas y para la generación de energía hidroeléctrica.“Con esto se permite que la CONAGUA garantice los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petrolera y privatizadores de los sistemas urbanos de agua, a costa del derecho constitucional al que tienen los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades ejidales y rurales”, expresó.Apuntó que de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, “el 80%de las cuencas hídricas del país están sobre explotadas y este cambio legal profundizará esta situación.“Lo que permiten estos decretos es cambiar la política hidráulica, que estaba centrada en la conservación y ahora pasará a la privatización; aun cuando los decretos no hablan de privatizar el uso y aprovechamiento del agua, en los hechos se autorizará el uso futuro para la industria y los servicios.”Por último, el líder campesino aseguró que en nuestro país no existe un método para la fiscalización sobre la asignación y uso de las concesiones; sin embargo, por ahora se concesionaria aguas superficiales, cuando el 97% del agua del país es subterránea.“Con estos decretos la disposición del agua se le da a un organismo descentralizado y se le concesiones a particulares; esto en los hechos es una privatización del agua, que es un recurso nacional”, concluyó.
Pide cioac jdld a epn derogar decretos de protección a 300 cuencas hídricas
Publicado el 25 junio 2018 por Acervo Mexiquense @AcervoMXTras darse a conocer la firma de los diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas, el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolores López Domínguez” (CIOAC-JDLD) expresó que la emisión de estos decretos es un retroceso para el país ya que con estas medidas se van a liberar alrededor de 50 mil derechos de uso de agua, de ejidos y comunidades, que ya han caducado; y seguramente se van a privatizar.José Dolores López Barrios, recordó que las vedas de agua se emitieron para prever un problema de escasez de ese recurso en determinadas regiones. “Con los actuales decretos se otorgarán concesiones a actores privados por 50 años y estos podrán realizar transferencias de agua de una región a otra”.Por lo que informó que desde la CIOAC-JDLD hacen un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto, para que sean derogados los diez decretos que eliminan la protección sobre 300 grandes cuencas hídricas de las 757 que existen en el país. Exhortó a las demás organizaciones campesinas a sumarse a este llamado, "el Presidente de la República es el único que tiene las facultades para decretar las vedas de agua por causas de interés público". Asimismo, solicitó se revisen los derechos de uso de agua de ejidos, de pueblos rurales, urbanos y comunidades indígenas ya caducados, para que de acuerdo a cada necesidad se puedan reactivar con programas específicos, que favorezcan a la mayoría de este sector.Lolo López, subrayó que nuestro país sufre de creciente estrés hídrico, sobre todo, en las regiones del norte y del centro, por lo que dichos decretos le dan facultades a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para otorgar concesiones de uso de agua a compañías de diversos sectores, entre ellos de la minería, de fracking, de la industria de refrescos y cervezas y para la generación de energía hidroeléctrica.“Con esto se permite que la CONAGUA garantice los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petrolera y privatizadores de los sistemas urbanos de agua, a costa del derecho constitucional al que tienen los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades ejidales y rurales”, expresó.Apuntó que de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, “el 80%de las cuencas hídricas del país están sobre explotadas y este cambio legal profundizará esta situación.“Lo que permiten estos decretos es cambiar la política hidráulica, que estaba centrada en la conservación y ahora pasará a la privatización; aun cuando los decretos no hablan de privatizar el uso y aprovechamiento del agua, en los hechos se autorizará el uso futuro para la industria y los servicios.”Por último, el líder campesino aseguró que en nuestro país no existe un método para la fiscalización sobre la asignación y uso de las concesiones; sin embargo, por ahora se concesionaria aguas superficiales, cuando el 97% del agua del país es subterránea.“Con estos decretos la disposición del agua se le da a un organismo descentralizado y se le concesiones a particulares; esto en los hechos es una privatización del agua, que es un recurso nacional”, concluyó.