Además, aún considerado delito, ignoro cómo podría materializarse una medida coercitiva de tal envergadura para identificar y “cachear” a decenas de miles de asistentes a estos estadios y evitar que no porten pitos, al tiempo que se registran los datos para notificarles la correspondiente sanción. A lo mejor, el Gobierno piensa en trasladar a los equipos que se enfrentan en encuentros en los que se producen estas pitadas la responsabilidad civil subsidiaria a la hora de castigar la conducta inapropiada de sus seguidores. A tal efecto, ya está convocada la Comisión Estatalcontra la Violencia, el Racismo, la Xenofobiay la Intoleranciaen el Deporte para que estudie el incidente y estime en cuál de ellas podría inscribirse el pitar a los símbolos de un país. Tarea compleja la de la Comisión para dilucidar si pitar es violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte.
Aparte de que también es un problema educacional, de no saber comportarse. El pitar e insultar al contrario siempre ha sido una manifestación promovida en los seguidores por unos equipos que dicen así sentir el “calor” de la afición. Pretender, ahora que se desborda a cuestiones extradeportivas, controlarlas con medidas punitivas sólo conseguirá que se conviertan en instrumentos idóneos, por la repercusión que despiertan, para cualquier protesta, tenga o no justificación. Se habrá elevado a categoría lo que debiera haber sido siempre una anécdota, ruidosa, sí, pero anécdota, se ría y ofenda quien quiera.