Se ha instaurado en el imaginario colectivo conceptos relacionados con la pobreza que me tienen especialmente preocupado, pues han sido asumidos sin paliativos por la sociedad, la clase política e incluso gran cantidad de técnicos y profesionales de esto de “lo social”.
Esa misma familia también tendrá problemas para alimentarse de modo adecuado (pobreza alimentaria, podríamos llamarla). O para hacer frente a los gastos escolares de sus hijos (¿pobreza escolar, tal vez…?). O para desplazarse por el municipio o ciudad asumiendo los gastos de transporte (¿pobreza de movilidad?). O para adquirir los productos necesarios de higiene personal (¿pobreza higiénica?) o doméstica (¿pobreza domiciliaria?).
Por supuesto, esa misma situación de pobreza les llevará a tener dificultades para el acceso a la medicación necesaria para sus enfermedades (¿pobreza farmacéutica?) o el acceso a otros tratamientos o terapias (¿pobreza rehabilitadora?, ¿pobreza terapéutica?).
Y así hasta el infinito, pues las consecuencias de la pobreza son terribles y atañen a todas las áreas de necesidades materiales básicas de las personas. Me limito a este ámbito material para no hacer muy largo mi análisis, dejamos para otra ocasión las repercusiones en otras áreas relacionales, psicológicas y sociales que son igualmente dramáticas.
¿Acaso todas estas “pobrezas” no se merecen también sus leyes y normas? Sería algo coherente con lo que estamos haciendo pues en lugar de plantearnos cómo lograr que las personas y familias superen la situación de pobreza en la que se encuentran, nos limitamos a trocear dichas situaciones y parcelarlas mediante esos calificativos o “apellidos”, de manera que la política social se dirige a paliar o trabajar con las consecuencias de la pobreza, y no con sus causas.
Pareciera que hemos asumido que la pobreza es algo estructural, consecuencia de la política económica global, y que por tanto hemos de dedicar la política social a esas medidas paliativas de los efectos de la misma. Es lo que llamo una especie de “neobeneficencia institucionalizada”, que impide y sirve de argumento para no tener que diseñar políticas sociales globales en las que pueda apoyarse la verdadera eliminación de la pobreza.
Entre ellas, y sólo a modo de apunte, un sistema de garantía de rentas y un acceso universal, gratuito y real a la vivienda (con los suministros básicos incluidos), educación y sanidad.