Lucha de Clases
La propuesta de PODEMOS de conformar un gobierno “de progreso” respaldado por los partidos que agrupan a un electorado de izquierdas, ha puesto “patas arriba” todo el escenario y el circo montado alrededor del proceso de investidura del futuro gobierno. Que toda la situación política española esté girando alrededor de lo que haga o diga solamente el 20% de su representación parlamentaria –la que agrupa a PODEMOS,
IU y a sus fuerzas aliadas con apenas 71 diputados- nos dice mucho de las frágiles bases de apoyo social del 80% restante, y de la solidez del apoyo social que exhiben PODEMOS y sus aliados, y de su gran potencial de desarrollo.
La clase dominante está rabiosa
La clase dominante, conformada por los banqueros y grandes empresarios, está conmocionada y rabiosa. En primer lugar, porque matemáticamente la coalición de gobierno propuesta por los dirigentes de PODEMOS con el PSOE e IU, tendría todas las posibilidades de salir adelante con el apoyo de un sector de los nacionalistas vascos y catalanes, que no tendrían más opción que facilitar la investidura de tal gobierno para no quedar desacreditados en casa. Y, en segundo lugar, porque dicha propuesta ha galvanizado las esperanzas y expectativas de millones de familias trabajadoras y de jóvenes, que arden de indignación ante tanta explotación, injusticia, corrupción e impunidad de los ricachones, de los políticos de la derecha, y de sus instituciones.
La clase dominante también está rabiosa porque durante semanas presentó a PODEMOS como una organización “radical” y “antisistema” que nunca aceptaría negociar un acuerdo de gobierno con el PSOE, tratando de justificar así ante el electorado socialista la inevitabilidad de un gobierno surgido de alguna combinación parlamentaria de PP-PSOE-Ciudadanos. Ahora, la propuesta de PODEMOS está obligando a los dirigentes del PSOE a arrojar a un lado su máscara “de izquierdas”, y a balbucear, vacilar, desdecirse y replegarse, mostrando realmente que son ellos los que no tienen ningún interés en tal gobierno “progresista” con PODEMOS. No pueden escudarse siquiera en que los dirigentes de PODEMOS y sus fuerzas aliadas hagan del derecho de autodeterminación para
Catalunya una condición inexcusable para sentarse a negociar. Por supuesto, los dirigentes de PODEMOS y sus candidaturas de confluencia no renuncian a tal reivindicación democrática elemental, pero dicen que están dispuestos a escuchar y debatir una propuesta alternativa del PSOE que ofrezca una salida real y democrática a la situación en Catalunya.
La propuesta de PODEMOS y sus aliados
Lo que ha propuesto
Pablo Iglesias es bastante coherente: un “gobierno de progreso, plural y proporcional”. Ha dejado claro que si alguien debe asumir la responsabilidad por la continuidad de un gobierno de la derecha, no serán PODEMOS ni sus fuerzas aliadas. Ha planteado que, en la medida que existe una posibilidad real de instalar tal gobierno “progresista”, PODEMOS arrimará el hombro, y que tal responsabilidad no puede dejarse exclusivamente en manos del PSOE que ha demostrado muchas veces traicionar las esperanzas de cambio de las familias trabajadoras; menos aún si gobernara “en solitario” con sólo 90 diputados. Por lo tanto, la única garantía de cambio real sería la participación directa de PODEMOS y sus aliados en tal gobierno.
Tomándole la palabra a la parte del programa del PSOE que habla de la defensa del estado del bienestar, y que Pedro Sánchez repitió demagógicamente y a la desesperada durante toda su campaña electoral, Pablo Iglesias ha hecho énfasis en las reformas progresistas en las que coinciden los programas de Podemos, PSOE e IU.
Estas reformas contemplarían desde medidas de emergencia social (parar todos los desahucios y los cortes de suministro de gas o electricidad a familias con necesidades; que no haya ningún parado sin subsidio; plan de alternativa habitacional para víctimas de violencia machista, etc), hasta la derogación de gran parte de la legislación reaccionaria implementada por el
PP en la pasada legislatura: ley Mordaza, contrarreforma laboral o la ley educativa LOMCE.
También, sobre el papel, hay coincidencia en llevar adelante una reforma de los impuestos progresiva, dirigida contras las rentas altas y del capital; en la defensa del sector público y contra los recortes; e impulsar el empleo de calidad.
Iglesias también dejó claro que un hipotético gobierno PODEMOS-PSOE-IU no puede aceptar que haya militantes de ninguno de esos partidos sentados en Consejos de Administración de grandes empresas, en referencia explícita al PSOE, y que deberían ser excluidos de los mismos.
También propone negociar una
reforma constitucional que sea votada en referéndum y una limpieza del aparato del Estado de toda corrupción.
En el importante aspecto de la cuestión nacional, Iglesias también ha apuntado que este hipotético Ejecutivo debería “asumir la plurinacionalidad” de España y poner en marcha una “consulta” en Catalunya. “La victoria de
En Comú Podem en Cataluña debe tener una traslación concreta en el futuro Gobierno”, ha señalado. Esta “traslación” la personificaría probablemente Xavi Domènech como ministro de Administraciones Públicas o de la “Plurinacionalidad”, en un gobierno donde PODEMOS, IU y sus fuerzas aliadas deberían tener “al menos” el mismo número de miembros que el PSOE, incluyendo la Vicepresidencia y un ministerio ocupado por IU. La lógica matemática planteada por Pablo Iglesias para justificar la composición de tal gobierno es inapelable: la suma de votos de PODEMOS, IU y sus listas de confluencia en Galicia, Catalunya y País Valenciano, es superior a los votos conseguidos por el PSOE. Por lo tanto, no se trata de asumir una posición subalterna, sino de igual a igual.
¿Una reedición del pacto andaluz PSOE-IU en la Junta de Andalucía?
Algunos compañeros han querido comparar negativamente la actual propuesta con la experiencia desgraciada de IU en el gobierno de la Junta de Andalucía con el PSOE en 2012-2015. Pero la comparación es errónea. Entonces, la dirección andaluza de IU se asumió como fuerza subalterna dentro de dicho gobierno, y aceptó la corresponsabilidad de aplicar la política de ajustes en la región que dictaba el gobierno nacional.
Realmente, es mucho más correcto comparar la actual proposición de PODEMOS con la situación existente en los “Ayuntamientos por el cambio”, donde la suma de las alianzas de PODEMOS, IU, En Podem o Mareas, llevó a las listas de la izquierda alternativa, como minorías más votadas entonces, a obligar al PSOE a auparlas a la alcaldía, pues de lo contrario hubieran sido las organizaciones de la derecha quienes se hubieran hecho con las mismas. Entonces, la dirección del PSOE aceptó a regañadientes aupar a posiciones institucionales de primer orden a Ada Colau o Manuela Carmena, para no destrozar sus posibilidades electorales en las elecciones generales, porque tal acción conectaba con el sentir de la inmensa mayoría de sus votantes.
Algunas advertencias
Es, en este sentido, que damos apoyo a la propuesta de PODEMOS. Ahora bien, también advertimos de las limitaciones a que se enfrentaría dicho gobierno hipotético. En primer lugar, habría que desconfiar desde el primer momento de una dirección socialista que mantiene fuertes vínculos con la clase dominante de este país, y de un aparato como el del PSOE que no ha reflejado en su política ni en su programa el potente giro a la izquierda que se ha producido en la sociedad española. Desde el primer momento, PODEMOS, IU y sus fuerzas aliadas, que cuentan con la incomparable ventaja de ser mucho más fuertes en la movilización social que en las instituciones parlamentarias, deben poner en movimiento tales fuerzas en la calle para doblegar cualquier intento de los dirigentes del PSOE de recular o aguar la acción del gobierno. Esta movilización social será igualmente imprescindible para hacer frente a la inevitable embestida que la clase dominante ejercerá desde sus empresas, su prensa, y sus instituciones para sabotear la labor progresista de este gobierno.
En cualquier caso, siguiendo los ejemplos recientes de Grecia, Venezuela o Argentina, debemos advertir también que rápidamente se pondrá de manifiesto el chantaje, la extorsión y el boicot por parte de los banqueros y grandes empresarios para humillar y doblegar a un gobierno “del cambio”. En esa situación, no quedará más opción que arrebatar a esta oligarquía del 1% -que concentra tanta riqueza como el 80% de la población española, como ha puesto de manifiesto recientemente la organización Oxfam- las palancas fundamentales de la economía. Esto permitirá planificar democrática y racionalmente los principales recursos productivos del país para comenzar a solucionar de manera efectiva y real las acuciantes necesidades sociales que padecemos la inmensa mayoría de la población: las familias trabajadoras, la juventud desempleada y estudiantil, los pensionistas y la clase media empobrecida.
El problema del PSOE
Mariano
Rajoy fue el primero en dar solemnidad a la oferta de Podemos, al encontrar una excusa perfecta para “no dar la cara”. Ante el hecho que todos sabían que su investidura iba a ser rechazada, declinó presentarla ante las “evidencias” de que otros podían conformar gobierno.
Pero Pedro Sánchez se mostró igual de habilidoso y declaró seguidamente qué exhortaría al Rey, en su segunda visita la semana que viene, para que volviese a proponer a
Mariano Rajoy para la investidura. Como se ve, no parece que Pedro Sánchez muestre demasiado fervor por hacer realidad su gobierno “del cambio”.
La hábil propuesta de la dirección de PODEMOS es una oferta “imposible de rechazar” para la gran mayoría de los votantes del PSOE. Así, aunque hay que tomar estos datos como relativos, en una encuesta publicada por el diario
El País (realizada antes de la propuesta de Pablo Iglesias) el 57% de los votantes del PSOE y el 72% de los de PODEMOS estaban a favor de un gobierno de izquierdas presidido por Pedro Sánchez. En cambio, esta oferta de gobierno de coalición parece imposible de aceptar para la gran mayoría de la dirección proburguesa del PSOE.
Antes de la propuesta de PODEMOS, el aparato del PSOE estaba dividido sobre la actitud a tomar ante la investidura de un gobierno del PP. El ala más derechista dominante, inspirada por Felipe González, defendía facilitar con su abstención la continuidad de un gobierno del PP, en minoría o con apoyo de Ciudadanos “para garantizar la estabilidad al país”, preferiblemente con un presidente del gobierno del PP distinto de Rajoy para dar una sensación de “renovación”. El ala encabezada por el secretario general, Pablo Sánchez, que expresa el sentir de un sector del aparato y el de las bases, quería evitar cualquier atisbo de comnivencia con la continuidad de un gobierno del PP por una razón doble: evitar un proceso de “pasokización” a la griega del PSOE, y dar satisfacción a sus ambiciones personales como presidente de gobierno y a su continuidad como dirigente del partido. Su objetivo era alcanzar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y, como elemento subalterno, asegurarse la abstención de PODEMOS.
Para desgracia de ambos sectores, la oferta de gobierno de PODEMOS hizo poner en el primer lugar del debate el acuerdo PODEMOS-PSOE, y ahora ambos sectores se encuentran en la triste tesitura de tener que explicar ante sus bases por qué rechazan siquiera sentarse a negociar con PODEMOS su propuesta.
La primera reacción de Sánchez fue balbuceante, y cándidamente declaró que los votantes de ambos partidos “no entenderían” que no llegasen a un acuerdo. Seguidamente, le llovieron todo tipo de críticas y tuvo que recular completamente. Así, la dirección del PSOE empezó a aclarar cuáles iban a ser sus siguientes pasos. Sánchez desveló el sábado 23 que sí había llamado al líder de Ciudadanos, con el que esperaba seguir negociando en los siguientes días, pero no a Pablo Iglesias. El PSOE sacó un comunicado denunciando los “chantajes” de Podemos, al mismo tiempo pedía al Rey que volviese a hablar con todos los partidos, y que solo si Rajoy renunciaba nuevamente a formar gobierno, entonces ellos se ofrecerían.
Fue Pablo Iglesias quien tuvo que llamar el domingo pasado a Pedro Sánchez, dos días después de ofrecerle un gobierno de coalición, encontrándose con respuestas vagas por su parte.
Para reforzar la presión, Pablo Iglesias defendió posteriormente que si el PSOE rechazaba el gobierno de coalición con PODEMOS, tampoco apoyaría la investidura de Sánchez en solitario. Para mayor desgracia de Sánchez, Rivera dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo con él al declarar que Ciudadanos “nunca” votará a favor de su investidura. Por su parte, el ala derechista del PSOE se prepara para forzar en el Comité Federal del próximo sábado 30 de enero una resolución que rechace de plano cualquier acuerdo con PODEMOS. De manera, que las pretensiones de Sánchez de encabezar un próximo gobierno parecen reducirse a la nada.
La burguesía y sus agentes contra la propuesta de PODEMOS
La burguesía se ha dedicado desde el 20D a boicotear por todos los medios cualquier intento de acuerdo del PSOE con PODEMOS. Antes incluso de plantearse la propuesta de coalición de gobierno por parte de Iglesias, al principio de la semana pasada, los medios de comunicación lanzaron una nueva y burda campaña contra PODEMOS, acusándolo de recibir dinero de Irán y Venezuela, y de que su dirigente de Castilla-La Mancha había viajado a Venezuela en diciembre de 2014 en un avión del gobierno de Nicolás Maduro, junto a miembros de la CUP y del “entorno de ETA”, para participar en una oscura reunión “bolivariana” conspirativa. En realidad, se trataba de una reunión pública de la bien conocida Red de Intelectuales por
la Paz y la Humanidad, que agrupa a cientos de intelectuales y activistas progresistas y de izquierdas de todo el mundo, cuyas resoluciones son públicas y accesibles a cualquiera. De lo que se trataba era de dinamitar cualquier tipo de reunión del sector de Pedro Sánchez con PODEMOS. La clase dominante había fijado ya su hoja de ruta: debía mantenerse la continuidad de un gobierno de la derecha PP-Ciudadanos –a ser posible sin Rajoy a la cabeza- y el PSOE debía favorecer su investidura. Pedro Sánchez debía aceptarlo o apartarse del camino, como Rajoy.
Tras anunciar Pablo Iglesias, el viernes pasado, que la primera persona a la que había transmitido su propuesta fue al Rey “por respeto a la institucionalidad del Estado”,
El País, el principal vocero del capital financiero español, no dejó de arremeter rabiosamente, en su Editorial del día siguiente (23 de enero) contra este aspecto de “usar al Rey”, cargando con todas sus fuerzas contra PODEMOS:
“… Primero, un número en la sesión constitutiva del Congreso; y ahora la utilización del Rey para acentuar la sensación de debilidad de Sánchez. Ya basta de tratar de embaucar a la galería una y otra vez”.
En la misma Editorial también criticaba al timorato Pedro Sánchez. Un enfurecido
El País, llamaba implícitamente a quitarlo de en medio de la dirección del PSOE.
“…No es mucho mejor la situación de Pedro Sánchez, a quien ayer Pablo Iglesias tendió una trampa en forma de Gobierno de coalición de la que haría bien en salirse cuanto antes o seguir la senda de Rajoy…. Pedro Sánchez no solo debería reconsiderarlo seriamente, sino que ayer mismo debería de haber salido enérgicamente a defender el buen nombre de su partido y de sus votantes en lugar de agradecer temerosamente una oferta que no es más que burdo caramelo envenenado…”
En un caso que recuerda estentóreamente a la Grecia del verano pasado, las presiones tampoco han tardado en llegar desde la Unión Europea. Así, el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, declaró hace unos días: “Me gustaría que España consiguiera un gobierno estable tan pronto como sea posible”. El presidente del Eurogrupo, que agrupa a los ministros de economía de la UE, Dijsselbloem, explicó la razón: “España tendrá que presentar un ajuste adicional”. El capital europeo ya ha dicho que el presupuesto de España está por encima de lo estimado y reclama 10.000 millones de euros de recortes adicionales. El problema para la burguesía europea no es sólo de “economía”. Es político. Un gobierno de izquierdas antiausteridad en España sería un mal ejemplo que podría reforzar a los partidos y movimientos de izquierda antiausteridad en todo el continente. Sin embargo, la formación del gobierno que la clase dominante necesita está resultando muy difícil.
Por último, la burguesía española ha sacado a la palestra a los “agentes sociales”. El presidente del BBVA, Francisco González –ése que gana 15.500 euros al día– habló de que debe mantenerse un gobierno con las mismas políticas que el anterior, y que la inestabilidad está haciendo que se detenga la inversión. Declaraciones similares ha hecho Joan Rossell, presidente de la patronal CEOE.
Lo más lamentable y esperpéntico –aunque nadie debería sorprenderse- es la actitud de los dirigentes de UGT y CCOO que, una vez más, han salido de su agujero en apoyo a la “estabilidad del país”, es decir, en apoyo al régimen, cada vez que éste los necesita. Así, según
El País: “Los agentes sociales han decidido crear un grupo de trabajo para elaborar las propuestas para un Gobierno que garantice la estabilidad. Los líderes de la patronal CEOE, Juan Rosell, y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han reunido este martes para analizar el actual mapa político y poner en común los puntos en los que creen que se pueden alcanzar acuerdos de gobernabilidad para la formación del próximo Ejecutivo.” (
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453827336_285745.html)
¿Qué puntos en común podrían alcanzarse entre empresarios y trabajadores cuando el presidente del
BBVA declara que tal gobierno estable debe garantizar la continuidad de “las buenas políticas” del gobierno de Rajoy?
Es sólo una cuestión de tiempo que la clase obrera, cuando se ponga nuevamente en movimiento de una manera masiva y contundente, barra las viejas direcciones burocráticas y acomodadas, y revitalice las estructuras sindicales hasta el más alto nivel, con dirigentes que reflejen el sentir y los intereses de la clase.
Los planes de la clase dominante están claros: quiere forzar la constitución de un gobierno PP-Ciudadanos con el apoyo o la abstención del PSOE, que permanecería en la oposición para impedir que PODEMOS y sus aliados aparezcan como la única oposición real, aunque éste sea ya el caso. Lógicamente, para que tal gobierno tenga un mínimo de autoridad y Ciudadanos pueda justificar su apoyo para no quedar desacreditado, necesitan la dimisión de Rajoy y que sea sustituido por otro dirigente menos “quemado”. Una variante de esta investidura podría ser que se alcanzara un acuerdo para investir a Rajoy con la abstención de Ciudadanos y PSOE, y que la salida de Rajoy tenga lugar pocos meses después, para proporcionarle una retirada honrosa, coincidiendo con la entrada en el gobierno de Ciudadanos.
También Rajoy y Sánchez podrían prestarse a ver derrotadas sus respectivas investiduras, al término de las cuales se alcanzara un acuerdo como el descrito, con las dimisiones respectivas de ambos dirigentes.
Sea cual sea la vía que se acuerde al final para la investidura del nuevo gobierno, lo que sí tiene claro la clase dominante es evitar a toda costa una repetición de las elecciones que, muy probablemente, podrían ver el
sorpasso de PODEMOS y sus aliados sobre el PSOE, más probablemente aún si IU se incorpora a las confluencias de PODEMOS y aliados con su millón sólido de votos conseguido el 20D.
Sin dudas, el resultado del Comité Federal del PSOE del sábado 30 de enero arrojará bastante luz en dar concreción a la perspectiva del proceso de investidura del nuevo gobierno descrito anteriormente.
Entre tanto, la clase dominante no puede ocultar su furia contra los aparatos de PP y PSOE que no atienden con la diligencia debida su mandato, al mostrarse más preocupados por mantener los intereses y ambiciones personales de sus integrantes que atender de manera hábil los intereses de conjunto de la burguesía. Particular indignación les provoca que el Rey esté apareciendo como un pelele, expuesto al desaire de los políticos a izquierda y derecha, con el efecto de rebajar su autoridad moral ante la población, haciendo perder efectividad a la monarquía como punto aglutinante de la estabilidad del régimen capitalista español.
Combinar la lucha parlamentaria con la movilización social. Por una marcha a Madrid por un “gobierno de progreso” y un programa de emergencia social
Si bien hay que felicitar a la dirección de PODEMOS por la hábil utilización del parlamento para debilitar a sus rivales y darle resonancia a sus propuestas políticas, cometerían un grave error si lo fiaran todo a lo que Marx denominó el “cretinismo parlamentario”.
Si de verdad quieren que su propuesta de “gobierno de progreso” sea tomada en serio por las masas trabajadoras, sus familias, la juventud, los pensionistas y demás sectores populares castigados por la crisis y los ajustes, deberían estar llamando ya en todo el país a la movilización popular a favor de ese gobierno, con una apelación explícita a los dirigentes de UGT y CCOO a que se les unan. Eso pondría una presión irresistible sobre la dirección del PSOE.
Junto a eso, hay que proseguir con la combinación de la lucha parlamentaria y la movilización en la calle. Fue muy positiva la presentación de la iniciativa legislativa social 25, que incluye parte del programa electoral de PODEMOS contra los recortes, la subida del salario mínimo, las medidas de emergencia para las familias sin recursos, contra los desahucios y demás. Pero eso debería ir acompañado de actos públicos masivos en los barrios y pueblos, a fin de darle la máxima publicidad.
La única manera de romper el punto muerto en beneficio de las familias trabajadoras es a través de la lucha fuera del parlamento. Una convocatoria conjunta de una movilización nacional por las “Marchas de la Dignidad”, las Mareas (campañas contra los recortes y la austeridad), Podemos,
Izquierda Unida y otros, tendría una respuesta poderosa. La lucha podría organizarse en torno a una plataforma sencilla de cuatro o cinco puntos: derogación de la contrarreforma laboral del PP, la derogación del artículo modificado 135 de la Constitución que consagra la austeridad, la derogación de la antidemocrática Ley Mordaza, detener todo los desahucios, y revertir todos los recortes en sanidad y educación. Estos puntos deberían concluir con la necesidad de “un gobierno del cambio” para llevarlos adelante. De lo que se trata es de elegir una fecha para culminar este plan de lucha con una marcha estatal a Madrid que exija la consecución de todos estos puntos. Eso demostrará al grueso de la población qué fuerzas políticas están realmente convencidas e interesadas en solucionar los problemas sociales existentes.
Como hemos explicado otras veces, si la clase dominante consigue instalar un gobierno a favor de sus intereses en las próximas semanas, será igualmente un gobierno débil y perderá muy pronto su base social. Toda la situación prepara un avance decisivo hacia la izquierda.
Pero la conclusión que también debe sacarse es la siguiente: no hay alternativa a la austeridad sin romper con el capitalismo, como explicamos antes. Es necesario someter al control popular las palancas fundamentales de la economía a fin de planificar los recursos productivos para tal fin. De lo que se trata es de nacionalizar los bancos, grandes empresas y monopolios –comenzando por las empresas del IBEX 35- y los grandes latifundios, bajo el control de los trabajadores. Con un programa claro y concreto de transformación social, y la organización y movilización de millones en las calles y centros de trabajo, ¡sí se puede!