Tras las elecciones generales del 20-D, los resultados obtenidos plantean una difícil formación de gobierno estable, tanto a derecha como a izquierda las sumas posibles no dan claras mayorías, menos aún considerando las proclamadas líneas rojas por parte de Podemos, la primera de las cuales ha sido la aceptación de convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña -y quizás en otros lugares-. La condición irrenunciable de convocatoria de referéndum ha sido proclamada por Podemos en su primera comparecencia pública tras conocerse los resultados electorales. Poco después, en la segunda comparecencia dicen que nada más abrirse el Parlamento hará una propuesta de ley social.
Lo planteado por los líderes de Podemos es un problema, para el resto de partidos que ven grandes impedimentos para llegar a pactos, lo cual conducirá a asentar un gobierno inestable del PP y/o a convocar nuevas elecciones; también es un problema para sus votantes y para su militancia, muchos de los cuales no entienden, ni probablemente comparten, que se pongan los intereses nacionalistas por delante de las necesidades sociales generales; y es un problema para el conjunto de los españoles que ven relegada la posibilidad de un gran pacto por el empleo, necesidad perentoria, que para ser positivo requerirá de acuerdos entre todos los partidos y fuerzas sociales.
Que la propuesta de referéndum como primera línea roja era una problemón, ya lo sabían los líderes de Podemos, como lo sabe cualquiera, así que habrá que interpretar que ha sido impuesta por algunas alianzas que conforman la Coalición –Podemos, por ahora, es mas coalición de diferentes grupos y alianzas que un partido-. La segunda propuesta de presentar una ley social es un brindis al Sol, parece más un intento para contentar a las bases sociales que un proyecto concreto con ganas de debatirlo entre grupos parlamentarios, ya que será difícilmente negociable sin antes llegar a pactos que permitan abrir la legislatura parlamentaria, la cual podría no abrirse, y tener que convocar nuevas elecciones por imposibilidad de pactar. Con la propuesta irrenunciable de referéndum han construido un muro para negociar el resto de necesidades. En su estrategia pretenden arrinconar al debilitado PSOE y forzar la convocatoria de nuevas elecciones que creen muy favorables para ellos ante la perspectiva de enfrentar dos grandes bloques, ellos y PP. Ya veremos.
La convocatoria de un referéndum secesionista tiene otros aspectos importantes de fondo, por ejemplo ¿qué tipo de referéndum,cuando…? habría de ser negociado, lo cual implicará dedicar bastantes energías y tiempo, elaborar un proyecto de nueva Constitución necesitado de amplias mayorías, por tanto abrir las Cortes, negociar y disolverlas con la propuesta incorporada, etc. etc. largo tiempo hasta llegar a una fórmula comúnmente aceptada, única válida nacional e internacionalmente. ¿Y mientras tanto qué hacemos con la crisis y la nueva normalidad? Ello obviando el hecho de que la declaración de independencia ya ha sido formulada tras las elecciones catalanas, los independentistas dicen que referéndums y negociaciones con los españoles forman parte de un pasado ya abandonado. En todo caso muchos españoles sabemos y aceptamos que supuesto que salvemos la gravedad de la situación actual, a medio plazo habrá que plantear un referéndum en Cataluña, tras un proceso previo de debates y acuerdos parlamentarios y sociales.
Pero hoy no aceptamos que su formulación sea una posible solución al problema concreto planteado ya por el Parlament de Catalunya, que es la declaración unilateral de independencia pronunciada por la Sra. Presidenta tras las elecciones catalanas del pasado 27/09. Las elecciones autonómicas, fueron convocadas por primera vez por los partidos independentistas como un plebiscito por la independencia. Sus resultados arrojaron un número de votos poco inferior al 50% a favor de dichos partidos independentistas y un número de votos ligeramente superior al 50% a los partidos contrarios a la autodeterminación, cuyo resultado llevó a la CUP a declarar públicamente que el plebiscito se ha perdido. No obstante, los votos traducidos en escaños, obviando el carácter plebiscitario de la consulta, arrojaron una mayor representación parlamentaria de candidatos independentistas, merced a lo cual se produjo la declaración de independencia.
La declaración de independencia realizada por la Presidenta del Parlament, está apoyada por los representantes de 1.628.714 de votantes a JuntxSí, mas los representantes de 337.794 votantes de la CUP, en total sumarían 1.966.508 de votos ciudadanos sobre un censo electoral de 5.510.853 de catalanes con derecho a voto. Los votos que arropan la declaración de independencia representan un 35.68% del cuerpo electoral catalán. Este es el problema hoy, a esto es a lo que se debería responder, aceptar, o no, como criterio constitucional que la secesión de un territorio sea posible con un 36% de votantes. El debate sobre el derecho a decidir sigue abierto en la sociedad española, aquí una contribución.