Ávalos, con 11 años en la corporación, sostiene que todo derivó de su labor de “hacer bien el trabajo” al exponer a cuatro compañeros que habrían manipulado una camioneta con reporte de robo. Meses antes del crimen, el 21 de septiembre de 2020, recibió un mensaje amenazante contra su familia y considera que la advertencia se materializó con la ejecución de sus hijos, Carlos Ociel y Daniela Vionet, así como las graves lesiones que sufrió Yajaira Yoselin.
“El mensaje fue directo: ‘Si no entiendes, te vamos a matar a tu hija… y si no, a la otra, y si no, a tu hijo’. Mis hijos no tenían nada que ver con la delincuencia; estaban en casa, estudiando, pero se ensañaron con ellos. Yo supe que era represalia por denunciar la corrupción en la delegación”, declaró la agente.
La policía indica que en 2020 reportó a sus superiores el hallazgo de ese vehículo robado en la zona de La Pila, que presuntamente era custodiado por compañeros de la policía investigadora. Afirma que hubo omisiones por parte de jefes de alto rango, y señala que la estela de amenazas incluyó advertencias explícitas sobre posibles ataques a su familia.
Tras el doble homicidio, la investigación permitió la detención de cuatro agentes ministeriales y cinco civiles supuestamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, Ávalos considera que “el cartel de la ministerial” sigue operando y que existen más funcionarios implicados, algunos de los cuales continúan activos, e incluso protegidos por altos mandos. Menciona, por ejemplo, que uno de ellos funge como escolta de un funcionario en el Gobierno estatal.
“Mi hijo tenía seis balazos, mi hija siete. Era evidente que no fue casualidad. Aun así, la investigación no avanza como debiera. Hay testigos que han sido ejecutados, amenazas a familiares y los implicados han promovido amparos o gozan de protección. Solo quiero justicia”, añade.
Ávalos reveló que parte del proceso legal se ha empantanado por un posible exceso judicial que concede calidad de imputado a un testigo clave, poniendo en riesgo la vinculación a proceso de los detenidos. La familia ha recurrido a instancias federales e incluso al Tribunal Colegiado para revertir esta decisión.
Clamor de justicia
La oficial subraya que su hija sobreviviente también fue víctima de un feminicidio en grado de tentativa, ya que la amenaza contra las mujeres de la familia estaba probada por mensajes previos. Sin embargo, la carpeta se tipificó como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, lo que a su juicio reduce la posibilidad de castigo ejemplar para los responsables.
“Mi lucha no es solo por la reinstalación o la protección personal. Exijo que el homicidio de mis hijos no quede impune y que detengan a todos los involucrados. Pido a las autoridades que abran los ojos: el ‘cártel de la ministerial’ existe, opera bajo protección institucional y ha asesinado a inocentes”, concluyó.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Ávalos acerca de la presunta protección o complicidad dentro de la corporación. La policía afectada confía en que las autoridades estatales y federales intervengan para frenar las presuntas redes de corrupción que, asegura, continúan activas.