Medidas para “guardar el decoro” que no alcanzan a ocultar lo evidente: las redes de trata se expandieron de manera descomunal, en el país, durante la última década, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo” –cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino de las mujeres secuestradas- y, fundamentalmente, porque estas redes actúan con la impunidad que les otorga contar con funcionarios políticos, integrantes de las fuerzas represivas, empresarios y jueces entre los propios proxenetas o los clientes “vip”.
Si no fuera por la participación o la colaboración de políticos y policías, ¿cómo puede explicarse que más del 70% de los casos de secuestros y desapariciones por redes de trata son mujeres que están esclavizadas en whiskerías, cabarets y otros locales nocturnos habilitados por los municipios? En algunas provincias, como en Tucumán, el escandaloso fallo que dejó en libertad a los secuestradores de Marita Verón mostró que las redes de trata no son pequeñas organizaciones marginales, sino parte constituyente de un verdadero régimen político mafioso que incluye a la “corpo judicial”, pero también a la policía, políticos y empresarios que comparten negocios y encubrimientos mutuos, alcanzando –en este caso- hasta el mismísimo gobernador Alperovich.
Actualmente, como lo denuncian distintas organizaciones por los derechos de la mujer, más de 600 mujeres y niñas permanecen desaparecidas, secuestradas por estas redes. Un 50% de las víctimas son argentinas; la mayoría proveniente de las provincias del norte del país y muchas de ellas son enviadas a Chile, Brasil, México y España, sin dejar rastros. Pero Argentina –y Santa Cruz es una de las provincias que encabeza este oprobioso ránking- también es un país de destino para paraguayas, dominicanas, chilenas, bolivianas, brasileñas y peruanas que son engañadas con promesas laborales y finalmente, son privadas de su libertad, se les retienen los documentos, son violentadas, abusadas y obligadas a ejercer la prostitución. Según la coordinadora de una investigación realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la policía tiene una participación directa en estas redes y su presencia es, también, “un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos, la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros, era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes”.