Para saber si en España hay o no hay democracia basta un ejemplo: hasta hace pocas semanas no se ha aprobado un ley que obligue a los partidos políticos publicar sus cuentas, una opacidad en grado mayúsculo que está frontalmente reñida con una democracia que, entre otras muchas cosas, exige claridad y transparencia. Pero existe una prueba igualmente contundente, más reciente: la negativa a dimitir de Durán y Lleida, a pesar de que había prometido hacerlo si su partido resultaba implicado directamente en corrupción, como ha ocurrido al demostrarse que robó fondos europeos destinados a la formación.
La democracia española es una gran patraña, un disfraz repugnante que oculta enormes vicios y déficits, todos ellos contrarios a la democracia. En España no hay separación e independencia de poderes, ni una ley igual para todos, asumida por los ciudadanos, ni procesos electorales libres, en los que los ciudadanos elijan como representantes a quienes deseen, ya que son los partidos políticos los que elaboran esas listas cerradas y bloqueadas que el ciudadano solo puede aceptar o rechazar en bloque, por citar únicamente tres exigencias fundamentales del sistema democrático ausentes en el sistema español.
Pero tampoco existe en España la garantía de una prensa libre e independiente, capaz de conseguir que los poderes sean fiscalizados, ni una sociedad civil fuerte e independiente, que actúe como contrapeso del poder político, ni existen controles, cautelas y contrapesos para controlar al poder, ni los partidos políticos están sometidos a control ciudadano alguno, ni los ciudadanos participan en los procesos de toma de decisiones, ni la voluntad popular es respetada por los políticos, ni los representantes se relacionan con los representados, ni los diputados y senadores, representantes de la soberanía popular, pueden hablar con libertad en las cámaras, ni votar en conciencia y un largo etcétera que convierte a la mal llamada "democracia española" en una estafa de gran calado, diseñada para gloria y provecho exclusivo de las clases dominantes, que operan en el sistema con arrogancia, impunidad y atiborradas de privilegios y ventajas.
Los ciudadanos muy rara vez son convocados a referendum, a pesar de que los gobiernos toman decisiones que chocan frontalmente con la voluntad popular y con los criterios de la inmensa mayoría. En este momento, existen en España por lo menos tres anhelos de inmenso alcance y profundidad que el gobierno y los grandes partidos ignoran y esconden porque no les conviene atenderlos, lo que demuestra el inmenso déficit democrático vigente. El primero de esos deseos es que se castigue a los políticos corruptos que han robado, en especial a los políticos y sindicalistas que han saqueado las cajas de ahorro y a los miles de cargos y ex cargos públicos que no pueden explicar su vertiginoso enriquecimiento. El segundo es que se reduzca drásticamente el tamaño del Estado y que sean expulsados de sus cargos al menos 300.000 de los casi 500.000 políticos que cobran sueldos del Estado, sin aportar nada al bien común, más políticos cobrando que los que existen en Alemania, Francia e Inglaterra juntos, todo un abuso que los partidos y gobiernos mantienen vigente porque así practican el rentable clientelismo y pueden favorecer, colocar a amigos, familiares y militantes, violando el concepto de igualdad de oportunidades, garantizado por la Constitución. El tercero es que se inicie con firmeza un rápido camino hacia el establecimiento en España de una verdadera democracia, donde la Justicia y los demás poderes del Estado sean independientes, donde se castigue a los delincuentes, se acabe la sucia impunidad de los políticos y se establezcan las bases para disfrutar de un Estado decente y al servicio del bien común, no al servicio de las cada día más odiadas "castas" políticas.
La gran estafa de hacer pasar por democracia lo que no es sino una sucia oligocracia es toda una conspiración contra el pueblo en la que participan las tres profesiones más desprestigiadas y odiadas del país: políticos, periodistas y jueces. Los políticos y periodistas, conscientes de que esa democracia no existe y que está cargada de abusos, corrupciones, carencias básicas y arbitrariedades, hablan de ella como si existiera y disfrutan de los frutos de la violación del sistema, mientras que los jueces ignoran su deber de castigar a los que están estafando al pueblo diariamente, prostituyendo el sistema que rige nuestra convivencia y desarrollo y robando dinero público y privado.