La legisladora explicó que los terrenos autorizados por el Congreso del Estado para que fueran donados y empleados por la empresa Ford, cuando aún existía la posibilidad de que se instalara en tierras potosinas, se encontraban contemplados en diversas iniciativas que fueron suspendidas y declaradas caducas antes de que concluyera el mes de marzo por lo que el valor que les corresponde, superior a los mil millones de pesos, debe ser aclarado.
Nava Piña aseguró que los contratos que existen y que están firmados por varios funcionarios del Gobierno del Estado, son la prueba innegable de la violación a las leyes en cuestión por lo que también podrían estar involucrados el secretario general de Gobierno, el secretario de Finanzas y el Oficial Mayor.