El nuevo ciclo político que se presta comenzar zanja la excepcionalidad de estos últimos cuatro años tan revueltos, en los que un presidente del gobierno en funciones ha estado seis meses sin ser investido por el Congreso; otro ha ocupado el cargo sin ser diputado y sin mediar elecciones; un partido político ha sido condenado por corrupción por primera vez en democracia; una autonomía ha sido suspendida de sus competencias y ha estado dirigida desde el poder central; políticos presos han resultado elegidos en las últimas elecciones para de nuevo ser inhabilitados de sus cargos como diputados y senadores mientras sean juzgados en el Tribunal Supremo; un novísimo partido constitucionalista veta al más antiguo partido político democrático de la actualidad; y la misma fuerza de ultra derecha que emergió en Andalucía se configura como clave para gobiernos de la derecha en algunas autonomías y alcaldías del resto de España.
Ahora, los ciudadanos confían en que la normalidad cunda entre diputados y concejales para que se ocupen de resolver los problemas que afectan a la población y trabajen por el bien común y la convivencia pacífica entre los españoles, con lealtad a las instituciones y respeto a la Constitución y las leyes. Esperan que desempeñen sus cargos públicos para conseguir unos pueblos y ciudades cuyo urbanismo responda a las necesidades de sus habitantes y no a las de la especulación inmobiliaria, que faciliten las condiciones para la creación de empleo estable y de calidad, que defiendan el medioambiente y la sostenibilidad de nuestro hábitat y que impulsen medidas para erradicar los vicios que arraigan la desigualdad y la injusticia social.
Los que votan reconocen que ahora viene lo difícil, que accedemos, con un poco de suerte, a una rutina, en un escenario fragmentado, que obliga a pactos y acuerdos alcanzados con altura de miras y voluntad de entrega a la causa del bien común. Que ahora vienen cuatro años por delante en los que demostrar que el verdadero interés que mueve a nuestros políticos es el interés general y no el particular ni el rédito electoral. Y de asumir la política, en el día a día, como un medio para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y no un fin para la ambición personal.