El desalojo fue ejecutado por la Policía Estatal en compañía de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta acción se realizó por mandado judicial por parte de un juez de Control, el cual determinó que dicho plantón vulneraba los derechos humanos de los comerciantes y habitantes de la zona.
Con esta acción se busca dar cumplimiento a la determinación judicial de garantizar el derecho al libre tránsito de las personas.
En el lugar del plantón se encontraban tres personas pertenecientes al SITTGE, a quien se le notificó la orden judicial de retirar el plantón, a lo que las personas atendieron sin resistencia.
Las estructuras que eran usadas para dicho plantón también fueron retiradas por la Policía Estatal, todo en presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado.