El Poder Judicial de la Nación Argentina se encuentra en estado de emergencia declarada por el Consejo de la Magistratura, tanto en materia edilicia (el 80% de sus edificios, si fueran privados, estarían clausurados) como de su sistema de gestión informática (obsoleto por falta de actualización e inversión durante los últimos 12 años), pero también respecto de la falta de personal necesario para afrontar el aumento exponencial de los niveles de litigiosidad en el país.
Ello hace imprescindible una reforma integral de la Justicia, para que ésta cumpla las funciones constitucionales de control de los otros poderes del Estado y para que efectivamente sea la última garantía del ciudadano común frente a un derecho conculcado. En esto coincidimos todos, o la mayoría, de los argentinos y la comunidad organizada judicial en su conjunto.
Esta iniciativa del Gobierno Nacional, aguardada con expectativa, no responde a esa necesidad y por lo tanto el resultado (como ocurrió con todos los gobiernos desde el regreso a la democracia), lejos de aportar soluciones, agravará la crisis.
¿Por qué?
1) Porque es inconsulta e inoportuna. Inconsulta porque toda política de estado debe nacer del consenso del conjunto de la sociedad y, por lo tanto, deben ser consultados los actores sociales en primer término (los que más conocen de qué se trata). Hablamos de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, los jueces, fiscales, defensores, abogados y los trabajadores judiciales organizados. Nada de esto ocurrió en la etapa de elaboración y nuestra participación en la discusión en el Senado se hizo sin voluntad sincera de hacer las cosas bien. Las modificaciones introducidas hasta el momento son un claro “toma y daca“ para obtener los votos que se requieren mediante los gobernadores provinciales. De esta forma, se reitera una práctica perniciosa para los que aspiramos a un proyecto de nación, donde se limita a los gobernadores, no dejándolos participar en el diseño de un proyecto nacional (en este caso de justicia), ofreciéndoles alguna ventaja para su provincia aun cuando el resultado afecte al conjunto de los argentinos. No es esto lo que nos enseñó Perón. Tampoco, a pesar de las promesas que el Presidente hizo en CGT, fuimos consultados los trabajadores judiciales.
Es inoportuna porque la prioridad actual de todos los argentinos (y debería compartirla el Gobierno nacional) es cómo resolvemos la crisis de producción y empleo que ya teníamos, pero que se agravó exponencialmente desde el comienzo de la pandemia. Claro está que esto pasa en todos los países del mundo. Pero algo nos tendría que hacer reflexionar a los argentinos. Todos esos países tienen sus energías volcadas en encontrar los mecanismos para resolver resolver el drama socioeconómico además del de salud, generado por el Covid-9. Sólo la Argentina se da el lujo de discutir una reforma judicial de dudosa efectividad, que reabre la división en nuestra sociedad, cuando más que nunca necesitamos la unidad nacional para enfrentar los desafíos y estar preparados para el mundo que viene tras la pandemia. Ser el único país del mundo que discute una reforma judicial en pandemia, tendría que ser suficiente motivo para que reflexionen nuestros gobernantes.
2) Esta reforma de la justicia federal penal pone los caballos delante del carro. Porque estando en vías de implementación el nuevo Código Procesal Penal que pone en marcha el procedimiento acusatorio, lo primero que habría que hacer es diseñar en cada jurisdicción las necesidades de tribunales orales, juzgados de garantías, unidades fiscales de investigación (las fiscalías de hoy), defensorías públicas, defensorías de las víctimas, etc. De allí surgirían con claridad el número de jueces, fiscales y defensores que requiere la reforma. No hacerlo así, lleva a que muchos cambios sean innecesarios y sólo aumenten y multipliquen los problemas existentes.
Párrafo aparte es la dificultad de establecer sis de selección de subrogantes y de jueces definitivos de algunos juzgados en contradicción con las leyes vigentes (Ley de Subrogancias y Ley del Consejo de la Magistratura). Cuando, en todo caso, lo que corresponde es discutir el cambio del sistema de selección modificando las actuales leyes. En este sentido, el cambio estaría constituido por una política de Estado que difina el perfil de juez, fiscal o defensor que necesita nuestro país, para que sea el tenido en cuenta al valorar a los concursantes. De esto no se habla en esta iniciativa.
Como Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), nos inclinamos por un perfil de juez con probada honestidad y profundo conocimiento del derecho, especialmente, en cuanto a derechos humanos, económicos y sociales contemplados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos que establece el principio de progresividad de los derechos; y respecto de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pero además con la sensibilidad necesaria para arbitrar con equidad las gravísimas desigualdades que imperan en nuestra sociedad y una probadaindependencia de criterio. Elementos claves para que nuestro Poder Judicial sea garante de los derechos fundamentales de todos los argentinos.
3) En lo que respecta al traspaso de la justicia penal ordinaria al ámbito de la CABA es -además de inconstitucional- un peligroso paso hacia la reinstauración del centralismo porteño. Solo pensar que el 90% de las empresas argentinas tienen su domicilio legal en la CABA, debería ser suficiente para vislumbrar que contribuir a la concentración de poder en la Ciudad, sería un duro golpe al federalismo. Algo que los constituyentes del año 1994 previeron al determinar en el mismísimo art. 129 de la CN que “una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras las Ciudad de Bs As sea capital de la Nación”. Tal fue la llamada “Ley Cafiero“, que establece con claridad que la competencia ordinaria seguirá en manos de la Justicia Nacional. Pretender modificar s”otto voce” esta ley clave en la armonía de las tensiones históricas de nuestro país, es poco menos que una claudicación al federalismo que tanto cuesta sostener.
4) Respecto a las modificaciones de la justicia federal del interior, vale lo dicho en el punto 2), que no parte de las necesidades que plantea el nuevo Código Procesal, en proceso de implementación. Si bien coincidimos en que está bien dividir la competencia penal de las civiles, previsionales y contencioso administrativo donde no lo están; en cuanto al número y prioridad de tribunales se debe partir de definir un mapa judicial que marque las necesidades reales en cada región y provincia, y corregir las asimetrías existentes al presente. Cuando la improvisación es lo que manda y el reparto surge de un “toma y daca”, lo bueno queda desbordado por lo malo.
5) Se habla mucho pero no se resuelve una necesidad imperiosa de nuestro sistema judicial nacional en lo penal: la creación de una Policía Judicial que dote a este poder fundamental del Estado de una fuerza propia, asistente de los magistrados para combatir el delito con las mejores técnicas de investigación y la garantía que no podrán ser condicionadas, como lo son hoy las fuerzas de seguridad que dependen de otros poderes. La UEJN, a través del Centro de Investigación y Proyectos en materia de Justicia y Políticas de Estado (CIPJE), tiene elaborado un proyecto en este sentido, partiendo de la experiencia de la DAJUDECO, que ha desarrollado equipos técnicos periciales de excelencia.
6) Es imprescindible modificar las alícuotas de la Ley de Autarquía Financiera. Mucho ha crecido el Poder Judicial desde la sanción de aquélla en 1991, y ya no se adapta a nuestra realidad y necesidades actuales. Menos aun, en el contexto de Emergencia Judicial y con las creaciones que se intentan, más las que sobrevendrán a las mismas en cuanto a personal no previsto, edificios y equipamiento.
La Justicia en una democracia es algo demasiado importante como para jugar e improvisar. Ojalá prime el sentido patriótico en nuestros gobernantes y entiendan que es imprescindible la elaboración de un Plan Estratégico para la Justicia argentina, donde contemplemos todos los aspectos para que, en 3 o 4 años, podamos contar con la Justicia que merecen y necesitan los argentinos. Una Justicia pensada por lo menos para los próximos 20 años.
(*) Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Secretario de Derechos Humanos de la CGT
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Fuente Noticias Argentina
La entrada ¿Por qué no hacer las cosas bien? se publicó primero en La Crítica.