¿Por qué Puerto Rico no es una colonia de Estados Unidos?

Puerto Rico no se considera una colonia estadounidense pero tampoco es un estado de la federación. Por el contrario, es un “estado libre asociado”, un estatus intermedio.

Puerto Rico es uno de los dos estados libres asociados de Estados Unidos, junto con las Islas Marianas del Norte, un archipiélago del Pacífico. Este estatus da a Puerto Rico cierta independencia sobre sus asuntos internos pero no potestad sobre sus relaciones exteriores. Puerto Rico mantiene ese régimen desde 1952, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Constitución de Puerto Rico, que antes había sido redactada en la isla y aprobada en un referéndum local. 

La isla fue una colonia española hasta la guerra hispanoestadounidense de 1898, cuando pasó a control estadounidense. Desde entonces, Estados Unidos ha ido cediendo control a Puerto Rico. En 1900, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Foaker, que establecía un Gobierno en la isla formado por una Asamblea electa por los puertorriqueños y un gobernador nombrado por el presidente estadounidense. Posteriormente, la Ley Jones de 1917 otorgó la nacionalidad estadounidense a los puertorriqueños y declaró a Puerto Rico territorio “organizado pero no incorporado”. Ambas leyes consideraban que, en cualquier caso, las leyes federales estadounidenses se aplicaban en la isla. Los puertorriqueños pudieron elegir a sus propios gobernadores a partir de 1947 gracias a la Ley de Gobernadores Elegidos.

Más tarde, Estados Unidos permitió en 1950 que una Asamblea Constituyente puertorriqueña redactase una Constitución relativa a asuntos locales. Esta fue aprobada en referéndum en Puerto Rico en 1952 y ratificada después por el Congreso estadounidense. Desde entonces, la isla tiene el estatus de estado libre asociado. Esta forma de organización otorga a Puerto Rico un representante con voz y sin voto en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso estadounidense. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos si residen en la isla. Tampoco están obligados a pagar impuestos federales sobre la renta, pero no se benefician de las mismas ayudas que los ciudadanos de los estados federales. 

Dado que los puertorriqueños ratificaron su estatus en las urnas, la ONU dejó de considerar a Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, retirándolo de la lista de territorios no autónomos. Tras la aprobación de la Constitución se han celebrado otros cinco referéndums sobre el estatus de la isla, aunque ninguno vinculante. Las consultas son solicitadas por el gobernador de Puerto Rico y debe aprobarlas el Departamento de Justicia estadounidense. En ellas se decide entre tres opciones: mantener el estatus actual, la independencia total de Estados Unidos o la estatalidad: pasar a ser un estado de la federación, al mismo nivel que Virgina o Arizona.

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El primer referéndum, celebrado en 1967, ratificó el apoyo de Puerto Rico a seguir siendo un estado libre asociado con el 60%. Sin embargo, la estadidad fue ganando apoyos en las consultas de 1993 y 1998 hasta ser la opción mayoritaria en 2012. Volvió a serlo en la última consulta, en 2017, recibiendo un apoyo del 97%, aunque el hecho de que solo participase el 22% de la población puso en duda la legitimidad de este resultado. Por el contrario, la opción de la independencia siempre ha obtenido menos del 6% del apoyo.

A pesar de que una parte importante de los puertorriqueños parece estar a favor de un cambio en su relación con Estados Unidos, es el Congreso estadounidense el que tiene la potestad de llevar a cabo este cambio. En los últimos años, el Gobierno puertorriqueño ha presentado varias medidas ante la Cámara de Representantes estadounidense tanto para realizar una consulta vinculante sobre la estadidad como para incorporar a Puerto Rico a la federación como un estado más. Sin embargo, las cinco consultas que el Gobierno estadounidense ha permitido celebrar en la isla nunca han sido vinculantes ni han supuesto ningún cambio. 

En agosto de 2020, un juez federal de Massachusetts declaró inconstitucional que los puertorriqueños no puedan acceder a las mismas ayudas que el resto de estadounidenses, concretamente a los programas de ingreso suplementario, nutrición suplementaria y subsidio por bajos ingresos. Aunque el Gobierno estadounidense financia otras ayudas en Puerto Rico, estas son mucho menores que las de los estados de la unión. Este fallo judicial puede suponer un paso más hacia una relación más equitativa entre Puerto Rico y el resto del país, independientemente de si la isla llega alguna vez a ser un estado o no.

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