Esa desconfianza en las intenciones de la Consejería de Salud genera la radicalidad de las posturas que se enfrentan al dilema de fusión sí o fusión no, sin valorar abiertamente los beneficios o perjuicios de una opción que, en principio, ni es buena ni mala en sí misma, sino que depende de la finalidad perseguida y de la compatibilidad de las estructuras que se agrupan para aprovechar sinergias y eliminar duplicidades, todo ello sin restar calidad en el servicio, ganar eficiencia y no acarrear demasiadas incomodidades a los usuarios.
Los sindicatos, las asociaciones vecinales y las de pacientes se muestran unidas en el rechazo a este macro proyecto de fusión en la sanidad pública de Andalucía por considerar que se hace a espaldas de los profesionales y de los representantes de los trabajadores, porque se lleva a cabo sin presentar ningún estudio o informe previo que lo aconseje y, fundamentalmente, porque parece impulsado simplemente por la búsqueda de un ahorro basado en recortes de plantilla (mediante amortización de puestos) y la supresión de otras partidas presupuestarias, lo cual puede influir en un deterioro de la calidad asistencial.
Las autoridades manifiestan el propósito de avanzar hacia un modelo de descentralización y organización profesional por el que se redistribuyen servicios y tareas sin que dependan ni deubicaciones heredadas (los viejos hospitales) ni de nueva construcción. En esta especie de “hospitales sin muros”, cuyas instalaciones estarían repartidas por toda la ciudad, los servicios quedarán integrados -según carta interna del gerente del Virgen del Rocío de Sevilla, Dr. Torrubia- para “conseguir el desarrollo profesional de todos los sanitarios, independientemente del lugar en el que trabajen”. Se omite que igual de independiente de su zona de residencia quedaría el paciente, que deberá desplazarse hasta donde se concentre, tras la unificación, la consulta especializada de su hospital básico de referencia. Ya no existirán áreas hospitalarias para determinados servicios.
Es comprensible que en las especiales circunstancias de dificultad en que se hallan los servicios públicos y, por extensión, todas las empresas de España, a causa de una crisis económica que no tiene visos de solución próxima, se adopten medidas para la contención de gastos y la viabilidad de las prestaciones de servicios o de la actividad productiva empresarial. En ese contexto, la fusión es una estrategia útil para afianzar cualquier proyecto empresarial con ánimo de permanencia, fortalecimiento orgánico, posicionamiento industrial y dominio frente a la competencia. Pero en las empresas públicas, en las que la atención sanitaria no debería estar sujeta a condicionantes de rentabilidad o de consecución de beneficios, por responder a la materialización de derechos reconocidos en la Constitución, una iniciativa de la envergadura como ésta de la fusión de hospitales debería contar cuando menos con el conocimiento y la adhesión de todos sus trabajadores. Incluso, antes de impulsarla, hubiera sido “decorosamente” democrático abrir un debate para pulsar la opinión de pacientes, colectivos y demás entidades sociales afectadas por una transformación tan descomunal en las prestaciones sanitarias a la población.
Las posibles bondades de esta medida quedan empañadas, y hasta anuladas, por esa falta de transparencia de que adolece la fusión y la nula participación que ha contado entre los sectores involucrados, al no haber sido invitados a la elaboración del proyecto. No son obstáculos insalvables si la voluntad es realmente la de trabajar en beneficio del ciudadano y en dotar de mayor eficiencia al sistema sanitario público andaluz. Siempre se está a tiempo para el diálogo franco y sincero. Si no, estaremos ante una nueva cacicada de las que estamos tan acostumbrados como hartos.