Más de 25.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, en lo que ha sido el mayor incendio de la provincia en los últimos tiempos. Rápidamente, De la Sota caracterizó al desastre como inevitable. El kirchnerismo y los intendentes de las zonas afectadas coincidieron con el gobernador. Así, quisieron encubrir la responsabilidad que les correspondía en la producción y expansión del desastre y, a la vez, justificar la completa inacción de los gobiernos.
Desde 2005 rige el impuesto al fuego, que paga toda la población y le deja al gobierno cerca de 60 millones de pesos anuales. No obstante, la prevención no existe en la provincia. En las zonas críticas no se abren caminos para contener el avance del fuego. La provincia no cuenta con brigadas forestales, las pocas que existen están conformadas por voluntarios que no reciben ningún apoyo; es decir, no hay especialistas. Los cuarteles de bomberos en las ciudades del interior se nutren de voluntarios sin la capacitación adecuada. Tanto los brigadistas como los bomberos no tienen seguro ni cobertura médica, y tienen que dejar de trabajar y perder su salario para acudir a los siniestros. Los cuarteles no cuentan con el equipamiento necesario, casi no hay autobombas especiales, y la provincia tiene apenas dos avionetas hidrantes.
Desde el comienzo de los incendios, distintos cuarteles de bomberos, vía las redes sociales, apelaron a la solidaridad de la ciudadanía, solicitando agua en botellas, medicamentos y frutas. La perfidia de De la Sota llegó al extremo cuando llamó a la población a no acercarse a los cuarteles, porque, supuestamente, se encontraban aprovisionados.
Con los incendios salió a la luz que Córdoba no tiene de dónde sacar agua para sofocarlos. La población de las sierras y de otras localidades viene reclamando desde hace mucho en contra de la deforestación impulsada por los capitalistas del agro y los especuladores inmobiliarios, que cuentan con el aval del gobierno provincial y de los intendentes. El gobierno no ha realizado las obras hídricas para resolver esta cuestión, que ahora se agrava, pero habilitó la instalación de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, para que haga uso y abuso del acuífero subterráneo más grande del país. La instalación de Monsanto está ligada a la industria del biodiesel, asociada a una mayor extensión de los monocultivos. La destrucción del bosque que producen los incendios será aprovechada por los grandes capitalistas inmobiliarios y agrarios.
Días después del desastre, tuvo lugar en Malvinas Argentinas una asamblea provincial que reunió cerca de 150 representantes de organizaciones de vecinos que vienen luchando contra la instalación del pulpo agroquímico, los desmontes y por el agua. En la misma se resolvió una movilización provincial a la Casa de Gobierno para el 9 de octubre próximo, con un pliego unificado.
Ahora, De la Sota promete “reparación”, pero ello dará lugar a un nuevo impuestazo. Córdoba se incendió porque tiene un gobierno que resguarda los intereses de los capitalistas y no los de la población trabajadora.
Desde el Partido Obrero planteamos: reparación económica integral para las familias damnificadas; aprovisionamiento de todos los cuarteles y que el gobierno provincial cubra salario y seguro de los voluntarios mientras prestan servicios; remediación del suelo y reforestación del 100 por ciento de las áreas afectadas; obras hídricas que garanticen el acceso al agua de toda la población y las reservas necesarias; por un plan de prevención provincial, bajo control de los trabajadores, bomberos y organizaciones ambientalistas; derogación de la ley de bosques provincial. Fuera Monsanto.
Jorge Navarro