Por vez primera, un partido político español (el catalán Unió) admite haber robado

Unió Democrática de Cataluña (UDC, el partido de Durán y Lleida, aliado de Convergencia y gobernante en la Generalitat) ha admitido que se quedó con fondos europeos destinados a la formación y los utilizó para financiarse. Es el primer partido que admite en España lo que los ciudadanos sospechan que han hecho casi todos los grandes partidos representados en los parlamentos. Se trata de un gran acontecimiento que permite vislumbrar algún resquicio de justicia, pero que demuestra tres profundas y desconsoladoras verdades: la primera es que se confirma que los partidos están inmersos en una profunda corrupción; la segunda es que la Justicia beneficia a la casta política porque el acuerdo alcanzado, consistente en devolver el dinero robado, libera a los políticos inculpados de la cárcel, algo que nunca suele ocurrir cuando los culpables son simples ciudadanos sin carné de partido; y la tercera es que la prensa catalana está más sometida al poder político y alejada de la verdad y de la democracia que cualquier otra prensa de Europa, a juzgar por la forma en que trata hoy esa información, que no aparece ni en las portadas ni en las páginas de opinión, sino perdidas en el interior, quizás con la intención de que los catalanes no descubran que viven en una inmensa pocilga política.

El denominado el caso Pallerols se cerró ayer con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los seis acusados, entre excargos del partido democristiano y de la Generalitat en la época de Jordi Pujol. El pacto implica una importante rebaja de las penas de prisión, pero también supone un hito en la historia judicial española: por primera vez, una formación política reconoce que se lucró de forma irregular con fondos públicos.

El desvío de fondos del caso Pallerols comenzó en 1994 y duró cinco años. Las investigaciones se iniciaron en 1999. Desde entonces, han pasado 14 años, un tiempo excesivo que ha influido de forma decisiva en la resolución del caso. El desproporcionado retraso en los juzgados ha baneficiado también a los privilegiados políticos.

Y como conclusión, la gran interrogante que España debe resolver: ¿Merecen giobernar unos partidos políticos cuyos dirigentes son ya culpables reconocidos de robo?

Parece que no y que España necesita renovar con urgencia una clase política deleznable, de las peores del planeta.