Esta semana se han hecho públicas las operaciones que el PSPV alicantino ha llevado a cabo en la red para jalear a su candidato para el Ayuntamiento, Gabriel Echávarri, a la vez que descalificaba a representantes de otras formaciones políticas e, incluso, a la oposición interna que no ha dejado de crecer en los últimos años.
Afortunadamente, la militancia ha reaccionado mayoritariamente rechazando estas prácticas. A buen seguro, no es más que la cristalización del hartazgo que pesa sobre los integrantes de una fuerza política cuyas élites nunca han sabido, o querido, liderar la lucha política contra la corrupción que asola este municipio desde hace tanto tiempo. Más bien al contrario, el PSPV arrastra una dilatada tradición de cobertura política al PP alicantino, como demuestra el apoyo con el que contó el siempre polémico y actualmente paralizado por la justicia Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el momento de su aprobación.
Enrique Ortiz se hizo con la adjudicación del Plan Rabassa (que incluía la proyección de 12.000 viviendas) en 2005 con los votos del PSPV alicantino en un contexto en el que el Partido Popular, que entonces gobernaba de la mano de Díaz Alpieri, gozaba de una mayoría absoluta que hacía innecesario cualquier tipo de apoyo en el pleno. Quizá ayuda a entender la maniobra el hecho de que por aquel entonces las relaciones entre los socialistas y el empresario iban más allá de lo estrictamente político. A modo de ejemplo, basta recordar las llamadas entre Ángel Franco y el señor Ortiz, o la puerta giratoria de la que se han servido el exalcalde Ángel Luna o los portavoces Blas Bernal y Alejandro Bas para terminar trabajando para Enrique Ortiz.
Años después, en 2013, y ya con el PGOU inoperativo en los tribunales, Esquerra Unida en el Ayuntamiento propuso que se reiniciara el proyecto desde cero dadas las sospechas que se sobre el mismo se ciernen procedentes de la instrucción del Caso Brugal. La dirección del PSPV dio instrucciones para que se votara por la abstención en esta moción, pero algunos concejales decidieron desobedecer pese a que se pretendía evitar una foto presuntamente incómoda –al menos, más que aquella que retrata el apoyo político al PP–: el PSPV votando con EU en el pleno. El resultado de aquel incidente fue la división definitiva del partido, que a día de hoy aun aparece fracturado en el pleno, reservándose la bancada inferior para una de las facciones y la superior para la otra. De otro lado, Elena Martín perdió el sueldo por encabezar el sector díscolo, en lo que fue la enésima muestra del caciquismo que ordena y manda de la mano de Gabriel Echávarri, a la postre hijo político de Ángel Franco, con el cual más tarde intento marcar distancias cuando los poco decorosos vínculos antes mencionados entre éste y Enrique Ortiz salieron a la luz.
Un episodio similar pudo vivirse en Les Corts cuando Esquerra Unida y Compromís reclamaron el mismo año que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente devuelva al Ayuntamiento PGOU o, al menos, lo suspenda cautelarmente mientras se desarrollan las investigaciones judiciales. El PPCV votó en contra, y el PSPV se abstuvo nuevamente, a pesar de reconocer que, más allá de la corrupción del Plan, éste fue creado en una época de crecimiento económico y especulación urbanística que dista mucho de la que hoy vivimos, por lo que no responde a las demandas reales actuales. Pese a todo, decidieron seguir adelante alegando que la ciudad había permanecido 15 años sin ningún tipo de ordenación. EUPV, en voz de Esther López Barceló, reprochó a la bancada socialista que dejase a los ciudadanos alicantinos en un segundo término detrás de los intereses partidistas.
El balance arroja casi una década de asenso, cuando no de colaboración activa, con la corrupción alicantina, que sólo ha sido posible en virtud del apoyo cómplice que la Ejecutiva local ha disfrutado por parte del PSPV autonómico dirigido por Ximo Puig, que a su vez integra el equipo de dirección de Pedro Sánchez. Lejos de ser una filigrana dialéctica oportunista, el esquema jerárquico ilustra la normalización en la que se ha instalado la actual situación del socialismo alicantino. Y es que, hasta el momento, pocos –o ningún– dirigente ha osado afear la conducta de los responsables políticos en La Terreta. Ciertamente, la misma militancia que hoy protesta enérgicamente contra el deterioro del PSPV municipal –cabe suponer que también rechaza contra ciertas prácticas aquí citadas y públicamente conocidas, aunque la tibieza ha sido la norma en este sentido–, hace apenas unos meses mantenía posiciones bien distintas.
Por todo ello, parece evidente que el cambio político en esta ciudad jamás puede llegar de la mano del PSPV, que permanece inoperante y contaminado, más si cabe con las últimas incorporaciones al partido procedentes del entorno político de Sonia Castedo. Lógicamente, tampoco cabe confiar en el PPCV, en mi opinión, a pesar de sus intentos por renovar su imagen a nivel autonómico y, recientemente, local. Pero tampoco deberíamos depositar nuestra esperanza en una cualquier otra institución política partidista y alejada de la realidad. Urge que la ciudadanía de este municipio tome la iniciativa y destierre del poder institucional a las oligarquías que hasta ahora han controlado a todos los niveles la gestión.
Precisamente para ello Alicante asiste en estos meses a la puesta en marcha de Guanyem (o Ganemos Alicante), una plataforma que pretende ser el hogar de todos los alicantinos preocupados por su ciudad con independencia de su procedencia política o partidista. Algunos medios la señalan como la marca blanca de EU, el partido político que ha liderado en los últimos tiempos la oposición y las reivindicaciones ciudadanas. Esto no puede ser interpretado de forma negativa. Más al contrario, el hecho de que una formación política consolidada abra “su” proceso de concurrencia a las elecciones a la ciudadanía de a pie y ponga al servicio de ésta todo el trabajo realizado, su riqueza humana y su infraestructura a pesar del riesgo, merece nuestro respeto y, sobre todo, nuestro apoyo.