El primer impulso que he tenido al ver la web de la transparencia (http://transparencia.gob.es/) que ha puesto en marcha el Gobierno ha sido de queja ante el desastroso panorama que se me ofrecía. Como señalaba El Mundo, "mucho ruido y pocos datos".
Pero, pasado ese primer impulso, me puse a reflexionar y llegué a la conclusión que hay que saludar el comienzo de la aplicación de la Ley de Transparencia. No debe caerse en la negación por el mero hecho de no estar todo lo que se requiere para una transparencia informativa adecuada. Hubo quien critico el Portal recién inaugurado porque no aportaba nada nuevo informativamente, que no se conociera por otros medios.
Aparcando estas lógicas primera impresiones, hay que dar la bienvenida a la apertura de la Administración Pública al ciudadano. Es, por decirlo llanamente, el hueco por donde nos dejan mirar un poco la realidad estadística de nuestra sociedad. Muchas cosas son mejorables, pero tenemos que congratularnos por una acción que , en estos tiempos de internet y de movilización de datos, era de obligado cumplimiento.
España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea sin una legislación de este tipo. Además, ningún Gobierno anterior consideró necesario facilitarlo, el ejemplo más cercano es el de Zapatero que aprobó un proyecto cuando estaba a punto de disolver el Parlamento. Es decir, incumplió, como tantos otros, el programa con el que se presentó a las elecciones. Ha sido el Ejecutivo del PP al que le corresponde el mérito de haber puesto en marcha la primera ley que trata sobre la tan traida y llevada transparencia informativa, un derecho que, no se debe olvidar, es del ciudadano que paga con sus impuestos la tarea gubernamental.
Lo que sí parece de obligado cumplimiento es alcanzar la meta de disipar el escepticismo inicial de los ciudadanos hacia ese portal que nos invita a descubrir los datos del Gobierno. Poner trabas a las lógicas solicitudes de información no es lo más adecuado. En este sentido no se ve necesario crear una identidad electrónica nueva para pedir esa información. También es necesario que agilice los procesos de registro para ejercer el derecho de acceso a la información si se quieren solicitar datos adicionales. En la actualidad, que se pueda tardar un mes en dar una respuesta, de verdad que quita las ganas de solicitar algo.
Lo importante es concienciar a políticos y ciudadanos que hay ya una ley de transparencia en marcha. Que todos debemos acatar, y que unos deben cumplir y otros reclamar. Sólo la sociedad que fiscaliza la actividad de sus políticos puede alcanzar la meritoria posición de democrática y de disponer de los medios adecuados para decirle a ese político/a que está cometiendo una infracción... Puede ser utópico esto que acabo de escribir, pero si aplican la lógica de una ley que se vaya agrandando por la utilización que hacen los ciudadanos de ella, es, sin lugar a dudas, un bien alcanzable y justo.