¿Prestigio? ¿Qué prestigio?

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC) María Emilia Casas, se ha lamentado de lo que califica como “intolerable campaña de desprestigio” lanzada contra el TC por “sectores políticos y mediáticos”. No es la primera vez que se lanzan estas advertencias desde ámbitos parecidos. También la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se quejó de ataques a la independencia del Tribunal Supremo.
Como siempre, lanzan la piedra pero no le ponen nombre a los presuntos agresores, a los desprestigiadores.
Pero ¿quién puede desprestigiar a una institución que carece de prestigio? El TC acabó su mandato hace años y sus miembros siguen allí porque los políticos no se ponen de acuerdo para relevarlos, la presidenta también debería de estar ya fuera del puesto. Pero allí siguen, aprovechándose de la incapacidad de los políticos por buscarles sustitutos. Si están preocupados por el prestigio del Alto Tribunal la mejor medida que pueden adoptar es marchase, dimitir, abandonar un cargo para el que ya no están legitimados. De ese modo obligarían al parlamento a apresurarse sustituirlos.
¿Cómo no va a estar desprestigiado un Tribunal cuyos miembros están adscritos a filiaciones políticas? ¿Cómo no va a estar su prestigio por los suelos si se eternizan durante años en dictar sentencias? ¿Si no se reúnen los viernes porque su fin de semana tiene un día más que el del resto de los españoles?
Pero el problema no es solo del Tribunal Constitucional, es de todo el sistema judicial español, que está trufado de franquistas ideológicos, de jueces que se dejan llevar más por sus filias y por sus fobias que por criterios legales. Eso sí, se unen para ir a los toros y situarse en un lugar de privilegio, como es el callejón.
¿Qué prestigio le va a quedar al Tribunal Supremo después de la actuación del juez Luciano Varela contra Baltasar Garzón? Curiosamente es el propio Varela el que decide sobre la recusación que le ha presentado Garzón. Surrealista.
¿Cómo va a comprender la ciudadanía que los herederos de los verdugos del franquismo persigan a los familiares de las víctimas?
Esto no lo entiende nadie, ni dentro ni fuera de España.
Pero el problema no es solo de la Justicia. Es de todo el sistema.
Mientras esto sucede, el poder Ejecutivo dormita. Confunde el talante con el talento y la elegancia con la modorra institucional. Sin mencionar su incapacidad para luchar contra el paro, el gabinete de Zapatero contempla indiferente cómo la derecha le injuria a él y a la policía, cómo algunas Comunidades Autónomas se sublevan y llaman a la rebelión o, como ayuntamientos atentan contra el patrimonio histórico de los españoles sin mover un dedo, o como la Iglesia le combate con fiereza mientras se lleva el dinero de las arcas públicas.
El Legislativo tampoco necesita ayuda para hundirse en el desprestigio ante los ciudadanos. Es incapaz de dar una respuesta digna a asuntos como la inasistencia de sus miembros a los trabajos parlamentarios, ni de afrontar reformas constitucionales que corrijan los tres meses de vacaciones anuales de que disponen (enero, julio y agosto) o la injusticia que supone el sistema electoral, que fomenta el bipartidismo con una ley D’Hont aberrante. Eso sí, buenos sueldos y mejores pensiones.
Tampoco se libra la corona, esa reliquia medieval que solo sirve para rellenar las páginas del papel couché.
¿Y los partidos? Solo están interesados en sus respectivas cuotas de poder para pillar su trozo de tarta que nos sacan directamente de nuestros higadillos, en comisiones y contratos inflados para llevarse la riqueza a la que todos contribuimos. Ni los escándalos más gruesos en los que son pillados sirven para que sus afectos reacciones. ¿Nos roban? Sí, pero son de los nuestros. Además, ya está esa Justicia de la que hablaba más arriba para dilatar eternamente los procesos, cuando no para archivarlos sin más (la connivencia entre poderes lo dejamos para otro día).
No voy a entrar en la miseria moral en que se mueven nuestros bancos y nuestros empresarios, propensos al pillaje, la codicia y el enriquecimiento fácil, ni en el papel de los medios de comunicación, en especial las televisiones (incluida la pública) empeñadas en degradar la inteligencia de los ciudadanos.
En resumen, un esperpéntico cuadro nacional en el que a uno se le suelta la risa floja cuando alguien considera que el clamor de los ciudadanos indignados, en el ejercicio de su derecho de libertad de expresión, menoscaba el prestigio de las instituciones.
¡Pero si la perdieron hace tiempo!