El lunes 10 de febrero de 873, el diario La Correspondencia de España, daba, en exclusiva, la noticia de la próxima abdicación del rey, con lo que inmediatamente, los federales madrileños salieron a las calles para pedir la inmediata proclamación de la República. El Gobierno del Partido Radical presidido por Ruiz Zorrilla se reunió; los ministros progresistas pretendían constituir un Gobierno Provisional, que organizara una consulta popular, sobre la forma de gobierno; postura también apoyada por el Partido Constitucional del general Serrano, junto a los ministros demócratas, encabezados por Cristino Martos y apoyados por el presidente del Congreso de los Diputados, Nicolás María Rivero, lo que conduciría a la proclamación de la República. Al día siguiente, los republicanos amenazaron al Congreso con que, si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde, iniciarían una insurrección. A esa hora se reanudó la sesión, con una multitud que rodeaba el Congreso de los Diputados, dando gritos en favor de la República. Los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes de Congreso y Senado, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I. Seguidamente, y ante la momentánea ausencia del presidente del Gobierno Ruiz Zorrilla, que llegaría más tarde, Martos anunció la devolución a las Cortes de los poderes del Gobierno, con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado. Varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, como Asamblea Nacional, aprobaran la República y eligieran un Ejecutivo.
A las nueve de la noche del 11 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos a favor y 32 en contra. Tras un receso de tres horas, volvieron a reunirse las Cámaras nombrando presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras, quien se pondría al frente de un Gobierno de radicales y republicanos federales, integrado por tres republicanos: Emilio Castelar en Estado, Francisco Pi y Margall en Gobernación y Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia, y cinco radicales: José Echegaray en Hacienda, Manuel Becerra y Bermúdez en Fomento, Francisco Salmerón en Ultramar, el general Fernando Fernández de Córdoba en Guerra y el almirante José María Beránger en Marina. Cristino Martos fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Al conocerse la decisión, los ayuntamientos con mayoría republicana y radical también proclamaron la República. Hubo manifestaciones pidiendo la liberación de los presos republicanos encarcelados. En algunos lugares se produjeron incidentes violentos.
Los republicanos federales, grupo dominante en las elecciones de agosto de 1872, aspiraban a una transformación radical del Estado español. Pretendían una federación de estados autodeterminados que, a grandes rasgos, se correspondían con las regiones españolas ya establecidas. Se pretendía que, cada uno de estos estados federales tuviera sus propios poderes. Los republicanos unitarios, por el contrario, que eran minoría entre los republicanos. Abogaban por la unidad del Estado español, que el establecimiento de la república se limitaría a transformar la jefatura del estado y a garantizar una serie de derechos y libertades. Su visión del estado era más burguesa que la de los republicanos federales.
La República se pudo proclamar gracias a los radicales de Zorrilla, los cuales se encontraban en una encrucijada: puesto que, la abdicación de Amadeo de Saboya había generado un vacío de poder, volver a seleccionar un monarca de entre las casas europeas era inviable y el retorno de los borbones habría supuesto dar por muerta la Revolución septembrina. Ello les empujó a sumar sus votos a los de los republicanos, con quienes acordaron participar conjuntamente en un gobierno de concentración. La Asamblea Nacional proclamó a Estanislao Figueras, del partido progresista, como presidente del Poder Ejecutivo de la República. El cual contó en su gabinete con líderes republicanos de peso. Por otra parte, el pacto apenas duró unas semanas. Los radicales pretendían que el paso al republicanismo fuese lo menos transformador posible, aspiraban a una república conservadora. Estas disidencias generaron fricciones. Figueras anunció que defendería en Cortes un estado federal, lo que disparó las alarmas radicales, que llegaron a tramar un golpe de estado. El golpe fue abortado el 23 de febrero, y en marzo se disolvieron las Cortes. En mayo se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes unicamerales. Los republicanos, en este caso, obtuvieron 343 escaños frente a los 31 del resto de minorías parlamentarias. La abstención llegó al 60% del censo.
Las Cortes proclamaron el 8 de junio de forma oficial, la República Federal. Dos días después, Figueras dimitió. El federalismo apostó por la acción directa, aunque eran conscientes de la imposibilidad de establecer la República mediante vía electoral, ya que consideraban que solo podría llegar a través de una revolución popular. El federalismo concebía la instauración de la República como algo más que un cambio en la jefatura del Estado. No era solo un relevo político, debía consistir en una serie de transformaciones económicas y sociales que no podían esperar. Sin embargo, la Primera República Española no llegó ni por vía insurreccional ni por la electoral. La República vino por las circunstancias, viéndose obligados a construirla de arriba abajo.
El gobierno de Figueras sufrió la presión de los intransigentes desde sus comienzos: horas después de la proclamación de la República, en Montilla, se organizó un motín con el asesinato de varios notables locales y la ocupación de tierras. En marzo, en Cataluña, los intransigentes exigieron la licencia de las tropas allí destinadas, ya que se las acusaba de trabajar para los alfonsinos. Por lo que proclamaron el estado catalán dentro de la Federal. Los soldados se insubordinaron; el gobierno negoció con los responsables políticos, aunque no pudo restablecer la disciplina. Figueras, incapaz de soportar la tensión dimitió el 10 de junio.
El cargo lo asumió Pi i Margall, que estaba decidido a acelerar la institucionalización de la Federal, por lo que presentó un proyecto de Constitución en las Cortes. En dicho proyecto, la declaración de derechos era similar a la de 1869, aunque disponía la separación entre Iglesia y Estado, sin que ninguna administración subvencionara a ninguna religión. También abolía los títulos de nobleza. La novedad más destacada fue la nueva organización territorial: Andalucía alta y baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Vascongadas. Cada uno de estos estados podía elaborar su constitución y escoger sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El estado se reservaba otras competencias: las relaciones internacionales, el ejército, la moneda, las comunicaciones, el gobierno de las colonias o la sanidad. El presidente de la República, elegido por sufragio indirecto, nombraba al gobierno y debía encargarse de mantener el equilibrio entre los estados federados. Las cortes se mantenían bicamerales, pero el Senado perdía la iniciativa legislativa y se limitaba a comprobar la constitucionalidad de las leyes.
El proyecto fue presentado por la Comisión Constitucional de las Cortes el 17 de julio. Los intransigentes habían decidido acelerar el proceso de federalización, y en junio habían constituido un Comité de Salud Pública en Madrid, que se sublevó en varias ciudades. Pretendían fundar estados o cantones, prácticamente al modo confederalista, que, una vez constituidos, debían unirse en una república federal. A mediados de julio, estalló la revuelta cantonal, que se extendió por Andalucía y Levante, además de ciudades como Salamanca o Béjar, sin olvidarnos de ciudades como Cartagena, Motril, Jumilla o Loja. En la revuelta confluyeron diferentes factores, el primero, consistió en una interpretación radical del ideario federal. La revuelta prendió, más que por redistribuir el territorio, por canalizar las reivindicaciones de las clases populares. La relación entre el obrerismo y el republicanismo se hace estrecha.
Siendo que, el federalismo había llegado por vías no institucionales, Pi i Margall, federalista convencido, intentó mediar pacíficamente, negándose a recurrir a la fuerza para reducir al cantonalismo y dimitió. En su lugar entró Nicolás Salmerón, el cual recurrió a Arsenio Martínez Campos y a Manuel Pavía para sofocar la revuelta. En septiembre, la revuelta había sido dominada. El único cantón que resistió hasta enero de 1874 fue el de Cartagena. La presidencia de Nicolás Salmerón fue breve. Sus motivos para dimitir fueron similares a las de Pi i Margall. Activista convencido contra la pena de muerte, sin abolirla, las Cortes aprobaron una ley en 1873 que abría la posibilidad de que los condenados recibiesen indultos. Pero, el ejército consideraba que en medio de dos guerras y una insurrección cantonal, era necesario aplicar la pena de muerte. Presionado, para firmar dos sentencias de muerte, dimitió en septiembre de 1873.
Tras Salmerón, llegó a la presidencia Emilio Castelar. Este deseaba establecer una república conservadora, que atrajese a los monárquicos que quedaban entre los radicales. Pretendía reconstituir la unidad del país, la disciplina en el ejército y acabar con los frentes bélicos abiertos; también reactivar la economía, que se encontraba bastante perjudicada. Hasta el mes de enero, gobernó por decreto, respaldado por el ejército, puesto que, había suspendido las garantías constitucionales en pos del orden. Sin embargo, reconciliándose con unos abría una brecha con otros; así el giro conservador de su gobierno le enemistó con los federales. Castelar era un ferviente defensor del parlamentarismo, y en 1874 regresó a las Cortes, en búsqueda del apoyo a sus políticas. Pero la mayoría parlamentaria federal, le llevó a la derrota. Parecía inminente la construcción de un nuevo gobierno federal, pero el general Pavía envió un destacamento militar al Congreso y disolvió las Cortes. Sin embargo, no quiso asumir la presidencia de la república, lo que hizo fue encomendarla a una amplia coalición, que abarcase: el conservadurismo republicano de Castelar hasta los alfonsinos de Cánovas, aunque ninguno de los dos quiso colaborar. Ante esta situación, el general Serrano asumió la presidencia y estableció una dictadura republicana sostenida por el ejército. En su gobierno participaron ministros del Partido Constitucional de Sagasta y del Radical de Ruiz Zorrilla. Se suspendieron las garantías constitucionales, y se ilegalizó a los republicanos federales. Se buscaba restaurar el orden público. España se había convertido en una república asentada en una constitución monárquica, con partidos monárquicos al mando, sin apoyo republicano, sin el respaldo de los sectores conservadores, y en un parlamento que debía hacer frente a dos guerras.
Va pasando el tiempo, y mientras, Cánovas iba reafirmando apoyos para la causa alfonsina, el príncipe Alfonso alcanzó la mayoría de edad en noviembre de 1873, y en diciembre de 1874, desde la Academia Militar de Sandhurst, publicó un manifiesto que se puede considerar un completo programa político. En el se presentaba como rey liberal, dispuesto a regir una monarquía constitucional que obrase conforme a los votos, y que combinase el orden legal y la libertad política. Era una proclama doctrinaria, donde se mantiene un compromiso liberal, cuyo objetivo principal, era el de convencer a los indecisos, a aquellos que temían que la vuelta del hijo de Isabel II significase una vuelta a las dinámicas políticas del tiempo de su madre.
En 11 meses, se habían sucedido cuatro presidentes: Francisco Pi i Margall, federalista y uno de los teóricos más destacados del siglo; Estanislao Figueras, también federal, Nicolás Salmerón, federalista moderado y Emilio Castelar, republicano unitario.
Un pronunciamiento por parte del general Martínez Campos en la ciudad de Sagunto, el 29 de diciembre, abrió las puertas a la Restauración Borbónica en España, con la subida al trono de Alfonso XII. El ejército no reaccionó, puesto que, desde hacía tiempo, abundaban los alfonsinos dentro de el. Dos días después, Cánovas presidía un ministerio-regencia en nombre del ya monarca.
Ramón Martín