Aunque lo pueda parecer, no es cierto que el Gobierno y el PP se encuentren en estado de postración catatónica ante la crisis catalana, como paralizados políticamente ante las piruetas de un saltimbanqui llamado Carles Puigdemont. También hacen cosas como convocar una convención nacional, presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos y poner en marcha una campaña de recogida de firmas para evitar que la mayoría del Congreso siga adelante con la derogación de la prisión permanente revisable. Se trata de una contradicción en los términos que, cuando era el mandamás parlamentario, introdujo el PP en al Código Penal a pesar del amplio rechazo social y jurídico que cosechó. En ese objetivo viene a coincidir con Ciudadanos, cada día más indistinguible del PP en una serie de propuestas que adelantan a Rajoy por la derecha a toda velocidad. Se suman los populares a la campaña de recogida de firmas de los padres de Diana Quer apoyada por los familiares de otros casos especialmente relevantes por el eco social y mediático que los ha rodeado. Vaya por delante el respeto hacia los sentimientos de los familiares de todas las víctimas de muerte violenta, en la mayoría de los casos silenciosos y alejados de los inmisericordes focos mediáticos y las redes sociales. Con todo, es imprescindible poner de relieve que la legislación penal de un estado de derecho no se puede sustentar en los sentimientos o en un latente deseo de venganza por parte de los ofendidos y de quienes apelando más al corazón que a la razón se solidarizan con ellos. Son otras las consideraciones las que deben primar, como por ejemplo la reeducación y la reinserción social del preso. Eso es exactamente lo que recoge la Constitución Española en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.
¿Qué hará el Gobierno si a pesar del endurecimiento de las penas siguen produciéndose casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo? ¿Ha disminuido el número de homicidios y asesinatos en Estados Unidos por aplicarse en muchos estados la pena de muerte? ¿Cuál sería el siguiente paso para satisfacer el humano pero poco racional deseo de venganza? ¿Prisión perpetua sin florituras revisables? ¿La pena de muerte? ¿La ley del Talión? ¿Hasta dónde habría que llegar para acabar con ese tipo de hechos? El PP y el Gobierno harían un gran beneficio a la sociedad española si se implicaran con medios humanos y económicos en la lucha contra la violencia machista y en la educación en el respeto y la igualdad desde la escuela. En definitiva, si contribuyera a hacer realidad aquella frase de Concepción Arenal que sigue teniendo hoy toda su vigencia: “Abran escuelas y se cerrarán cárceles”.