Equiparar el gobierno de un Estado al orden familiar o empresarial, hace a los políticos más humanos pero también más innecesarios: si la cosa es tan simple, cualquiera puede llegar a ser Presidente, cualquiera puede manejar la calculadora de las cuentas públicas. Un país es, al final de toda discusión, una gigantesca empresa, una familia numerosísima y conflictiva; todo es muy de andar por casa y así podemos opinar con mayor libertad, podemos sostener teorías salvajes, podemos acusar con la ligereza del experto. La ecuación es simple y llevan un año repitiéndola: hemos gastado más de lo que ingresábamos; una familia no puede vivir por encima de sus posibilidades; una empresa no puede mantener sus cuentas si debe más de lo que ingresa.
Contra la simpleza del argumento apabullante, la realidad: un país no es una empresa, ni un hogar, ni siquiera un país es el conjunto de ciudadanos que viven en él. Un país es una entidad compleja que escapa a sus propios límites, nadie sabe con exactitud qué es un país, y así tenemos países dentro de países, nacionalidades contenidas unas dentro de otras, como muñecas rusas. Conducir la mirada del votante a la simpleza es el primer paso para ofrecer soluciones simples. Por ejemplo privatizar lo público; por ejemplo, decir que la gestión privada es más barata que la gestión pública. Si es así, podríamos empezar por privatizar la gestión máxima, el órgano de Gobierno: la Presidencia. Desde pelear o correr pedimos la privatización de las dos cámaras: Congreso y Senado. También pedimos la privatización de la casa Real, nos gustaría que el monarca fuera un vulgar empleado, que el Presidente del gobierno fuera un vulgar empleado (sometido como todos a las bondades de la nueva reforma laboral). Pedimos la privatización inmediata del Estado, para ahorrar costes.
A Felipe González le debemos la creación de empresas de trabajo temporal que se dedicaban a buscarnos trabajos en pizzerías y tiendas; aquella primera reforma de los lejanos años noventa, levantaron el edificio de lo que hoy conocemos por “externalizar servicios”, o sea: abaratar costes para que todo salga más barato. Desde entonces las empresas privadas no han hecho otra cosa que contratar mediante un tercero aquello que antes hacía un empleado de la casa. Dicen que esto es más barato…
La misma lógica que se utiliza en una multinacional, en la que el departamento informático, el departamento de recursos humanos o el departamento de calidad no son más que un servicio prestado, se aplica o se intenta aplicar a la administración pública. La sanidad es el ejemplo más candente y está dejándonos, huelga tras huelga, con cara de idiotas en las salas de espera de los hospitales y los centros de salud local. Que el Gobierno de Madrid se preocupe por dejar bien claro que no tendremos que pagar por ir al médico resulta aterrador: no abundaré en anteriores anuncios similares, o sí: no subiremos el iva.
La Sanidad debería ser un bien común exento de las leyes del mercado. Nadie tendría que pagar por recibir asistencia sanitaria, en ningún punto del Planeta, por muy caro y muy insostenible que resulte el invento. Un Estado no es una empresa y no puede medir sus resultados porque debería carecer de objetivos. Bajo la amenaza constante del déficit, de la deuda externa, de la diferencia con el bono alemán, se aplican medidas que en la empresa privada parece que dan buenos resultados para mantener salarios y postergar la ruina del asalariado gracias al enriquecimiento de la cúpula directiva. ¿Busca el Gobierno perpetuar este mismo principio desde sus escaños?
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