A Evo Morales, Presidente de Bolivia, la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en los territorios indígenas se le está convirtiendo en un problema que se agrava cada día. La actividad, una de las mayores fuentes de ingresos del Estado –sólo en 2008 significó 1.464 millones de dólares para las arcas públicas– cuenta con la oposición frontal de los nativos debido a los graves daños medioambientales que causa su explotación.
Desde el pasado día catorce, doscientos indígenas pertenecientes a cuarenta y siete comunidades mantienen cortada la carretera internacional que conecta la región del Chaco, departamento de Tarija, con Argentina, a la altura de la ciudad de Yacuiba.
Se quejan de que las explosiones de dinamita que se practican a quince metros bajo tierra para buscar hidrocarburos desvían los caudales de agua subterránea en una zona de temperaturas superiores a los treinta grados y donde las fuentes hídricas son escasas.
Ademán aseguran que las explosiones ahuyentan al cóndor del Chaco, al cerdo de monte, a los felinos y a otras especies que constituyen sus fuentes de alimentos.
El departamento de Tarija esconde el ochenta por ciento de las reservas nacionales de combustible, que se exportan a Argentina y Brasil. De las más de setecientas mil hectáreas que el Estado tiene asignadas a las petroleras, trescientas veinte mil se encuentran en territorios pertenecientes a los grupos étnicos guaraníes, con unos ochenta mil habitantes en la región.
El gobierno ha declarado prioridad nacional la búsqueda de nuevos yacimientos de gas. Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos reconoce al Consejo de Capitanes Guaraní-Tapieté –organización indígena que agrupa a los líderes naturales (capitanes) de los pueblos guaraní y tapieté– como representante en el trámite necesario de las licencias ambientales. Sin embargo, los funcionarios del Estado que se desplazan a la región intentan que las comunidades autoricen el ingreso de las petroleras ignorando a la organización indígena.
El desencuentro con el gobierno es tal que el responsable de Recursos Naturales del Consejo, Jorge Mendoza, ha llegado a afirmar que la protección del gobierno de Evo Morales a los pueblos indígenas “es pura charla, igual que el discurso de defensa de la Madre Tierra”.
Las petroleras que se benefician de las extracciones son la británica BG Bolivia Corporation, la estatal Chaco S.A., la brasileña Petrobras, la argentina Pluspetrol, y las filiales bolivianas de la española Repsol y la francesa Total.