Tras las diligencias judiciales practicadas consistentes en una docena de testifícales, diversos informes técnicos y periciales, junto a un impecable informe forense:
"Este informe constata, según fuentes del caso, que la funcionaria fue objeto de 404 días consecutivos de agresión psíquica".
La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Benidorm, ha advertido la existencia de indicios racionales de criminalidad en la actuación de la imputada, por lo que ha dictado Auto de Apertura de Juicio Oral (Auto frente al cual no se ha presentado recurso) contra la Isabel Martínez ex-concejala del PSOE por el presunto delito de acoso laboral del Art. 173.1 del Código Penal, cuya pena prevista es de seis meses a dos años, a la coordinadora de ese negociado municipal.
En su resolución, firmada el pasado día 12 de julio, la magistrada da un plazo de diez días a las partes para que soliciten el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral. Ninguna de las partes ha presentado, en plazo, recurso contra el auto de la magistrada.
La acusación particular ya ha presentado su escrito solicitando la apertura de juicio oral, que únicamente está ahora pendiente de que el ministerio público haga los propio.
Antecedentes
El proceso a la exconcejal arrancó en abril de 2011, cuando la funcionaria, afiliada al SPPLB, presentó una querella criminal por, según la denunciante, el acoso laboral de exedil contra ella.
La funcionaria afectada, Coordinadora de Servicios Sociales, fue trasladada a otras dependencias por orden del Concejal de RR.HH, D. Juan Ramón Martínez, siendo desalojada del despacho que ocupaba en la Concejalía y trasladada a otro Centro Social donde se encontró con un despacho que no reunía los elementos y herramientas necesarias para posibilitar el correcto y completo desempeño de sus funciones y tareas profesionales (teléfono, ordenador... etc) y, además, se le había habilitado especialmente para ella una mesita y cuatro sillas infantiles para pasar su jornada laboral. Ante la Denuncia del Sindicato Profesional, las explicaciones que se dieron desde el Equipo de Gobierno ante los medios de comunicación fueron las siguientes:
“Desde el Ayuntamiento, la portavoz del equipo de gobierno, Natalia Guijarro, negó ayer todas las acusaciones indicando que el traslado fue solicitado por ella misma(N. Guijarro) y no por Martínez. La razón fue que durante un año la funcionaria «ha amenazado a los trabajadores y se ha negado a hacer su trabajo»”.
“Según Guijarro, la coordinadora incluso se negó a firmar las memorias de los proyectos del Plan E que afectan a esta área. Además apuntó que «hemos preferido cambiarla de destino antes de abrirle un expediente»”.
A tenor de lo acontecido, el SPPLB ha mostrado su gran satisfacción ya que lo que sucedió en las dependencias de la Concejalía de Bienestar Social y, más concretamente en el despacho de la funcionaria Coordinadora del Área, afiliada en ese momento y Representante electa del Sindicato Profesional en la actualidad:
“Supuso una actuación impropia de un gobierno democrático, irrumpiendo en un despacho, acusando a la trabajadora de destruir documentos oficiales, además de las desafortunadas e inapropiadas declaraciones que la Sra. Guijarro, como portavoz del Equipo de Gobierno, realizó ante los medios de comunicación, vertiendo acusaciones muy graves contra la funcionaria de Servicios Sociales, que esperamos que ahora, demuestre ante los tribunales”.
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