Lo mismo sucede en cualquier programa, servicio o proyecto que se propone en la UE que trabaja incuestionablemente por situar a la orientación como un servicio a la lo largo de la carrera, como un servicio permanente.
Existen dos razones de peso para situar a la orientación laboral en este punto de partida en este eje central. A algunos esto nos parece de sentido común, pero es necesario dar estas razones.
La primera es que no es posible diseñar medidas para un público que no conocemos. Primero será preciso conocer las características de las personas a las que nos dirigimos para poder diseñar acciones útiles, eficientes y eficaces.
La segunda es que la orientación cumple una función de información, apoyo y guía imprescindible para conocer las opciones de desarrollo profesional en el actual mercado de trabajo y permite casar oferta y demanda (de formación, por ejemplo) más allá de criterios objetivos que no siempre resultan eficaces.
El caso es que lo que parece tan obvio, no siempre lo es. Los servicios de empleo están llenos de personas con un perfil administrativo y de gestión mientras los puesto de profesionales para atender, acoger, conocer y apoyar a las personas son claramente insuficientes.
Hace muy poco hemos tenido un ejemplo claro del resultado de esta situación. La Garantía Juvenil se pone en marcha en el verano de 2014. En diciembre tenía inscritas a 20.500 personas cuando el propio proyecto presentado señala que son (o eran) unas 860.000 personas menores de 25 años las que no trabajan ni reciben formación en España.
Las explicaciones a esta situación hablan de cómo se avanzó en la inscripción cuando se introdujo la información por SMS, seis meses después del inicio del programa. Pero los sms u otras opciones de información no pueden sustituir el trabajo de los profesionales de orientación, el trabajo de apoyo y ajuste.
La realidad es que en los tres primeros meses del año se convocaron acciones de Garantía Juvenil pero sin conocer bien a quien se dirigían. Ya en marzo había unas de 32.500 personas anotadas, pero no entrevistadas.
Y este es el problema. Que situamos la orientación laboral en el eje y en el principio de todo, pero solo en la teoría. En la práctica sigue sin hacerse. El programa más importantes que ponemos en marcha en España no es capaz de conocer a sus clientes ocho meses después.
La administración pública que pone esto en marcha no cuenta con estructura suficiente. Precisa contratar personal específicamente y esto no solo retrasa la ejecución, también le resta muchísima eficacia.
No se trata, por tanto, de contar con personal de orientación en cada programa o medida, si no de construir unos Servicios Públicos de Empleo donde la orientación, los profesionales de este trabajo, sean la vía de entrada para las personas y sean también los que generan la información necesaria para poner en marcha nuevas acciones y medidas.
O mejor, contar de una vez por todas con un Sistema Integrado de Orientación a lo largo de la vida, tal y como recoge en su último trabajo como coordinador y autor el profesor Benito Echeverría. Se trata de un monográfico sobre orientación laboral imprescindible para conocer cuáles pueden ser los aportes de los servicios de orientación. En uno de sus capítulos se recuerda la Ley de Economía Sostenible, donde se afirmaba que el Gobierno promovería la creación de un sistema integrado de orientación y formación profesional, algo que se quedó ahí, en la letra de la ley y que este año ha aparecido de nuevo en el Real Decreto Ley 4/2015 para la reforma urgente del Sistema Nacional de Formación.
Ojalá en algún momento se pase de lo escrito a la puesta en marcha. Contar con un Sistema Integrado de Orientación como marco no solo permitiría releer y rediseñar todas las políticas de empleo, las formativas y las educativas, también permitiría hacerlas mucho más eficaces.